Organizaciones de la sociedad civil de Argentina se juntaron para elaborar un proyecto alternativo a la norma sobre radiodifusión en vigor, que data de la última dictadura (1976-1983) y ampara que el sector sea un negocio para pocos y no un bien público.
La llamada "Coalición por una Radiodifusión Democrática" fijó los 21 principios que debe contener la nueva norma en alusión también a los 21 años de vigencia ininterrumpida de democracia, que se cumplen en diciembre sin una norma legitimada por un parlamento para este sector.
En el borrador del proyecto, que está abierto a adhesiones, las organizaciones remarcan su derecho a difundir información y opiniones por radio y televisión, reivindican la actividad como un derecho y no un negocio, promueven el pluralismo de las expresiones, y piden prohibir la asignación arbitraria de publicidad oficial.
"Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia", dice uno de los puntos, en contra de la actual concentración de medios en pocas manos.
La iniciativa también remarca que los medios públicos deben tener un lugar, pero "no deben ser gubernamentales", y que la publicidad en los medios debe diferenciarse claramente de los contenidos de los programas, no como ocurre ahora que no hay límites entre una y otros.
Además de ponerse de acuerdo en una iniciativa común, las radios comunitarias, las cooperativas que prestan servicios de televisión o radio, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, universitarias, indígenas y diversas iglesias, lanzaron una ofensiva para empujar una nueva ley de radiodifusión.
"A casi 21 años de democracia seguimos con una ley de la dictadura que reserva los medios de comunicación para las empresas que quieran hacer negocios y no permite operar a las organizaciones sin fines de lucro, a los que entendemos la comunicación como un servicio", declaró a IPS Sergio Lucarini.
Lucarini es representante de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (Farco) que reúne a unas 60 radioemisoras "alegales", como él describe para diferenciarlas de las "ilegales" o "ilegítimas". Las radios comunitarias no tienen licencia oficial para operar, pero sí un "permiso precario y provisorio".
Con ese permiso, las radios de la sociedad civil que no persiguen fines de lucro —muchas surgidas a mediados de los años 80— dan servicio y pagan impuestos, reciben publicidad oficial y privada, pero carecen de reconocimiento legal.
Además, desde fines de la década del 90 no se dan más permisos a estas radioemisoras.
"La mayoría no somos ilegales porque tenemos permiso para operar, y tampoco somos ilegítimas porque no funcionamos con licencias otorgadas por la dictadura como muchas de las radios consideradas 'legales'", apuntó.
Para Lucarini, la falta de una norma que reconozca el derecho de dar, recibir o difundir información y opiniones a través de la radio o la televisión por parte de organizaciones de la sociedad civil que no sean empresas comerciales, responde a "la resistencia de los grandes medios de comunicación".
Esas empresas, concentradas en pocos grupos económicos, han presionado a los distintos gobiernos y también sobre el Congreso legislativo para demorar una ley nueva que incorporaría una fuerte competencia dentro de un negocio que se calcula que mueve cerca de 1.000 millones de dólares en publicidad, denunció.
Entre los principales grupos se cuenta Clarín que, además de la editorial con el diario que lleva ese nombre, posee el Canal 13 de televisión abierta, Multicanal para abonados, emisoras de televisión en el interior del país, la radio en amplitud modulada Mitre, radios de frecuencia modulada e inversiones en la televisión satelital.
La misma variedad de medios abarca el grupo Telefónica de Argentina, o el Grupo Vila, y también el conocido como TyC (Torneos y Competencias).
"Nuestros medios son pequeños y los temas de la agenda pública la imponen ellos", dice Lucarini, en alusión a esos grupos que se reparten el negocio y cuyos medios ignoran este debate sobre la necesidad de una nueva ley que intentan impulsar los medios alternativos.
"Las cooperativas pueden tener hospitales, guarderías, hoteles y hasta bancos, pero no pueden tener medios de comunicación", ironizó Lucarini. Sólo por operar sin fines de lucro esas organizaciones están excluidas del negocio tal como fue concebido por el régimen militar en la norma emitida en 1980.
En coincidencia con el representante de Farco se expresó Malena Santecchia, de la Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y Prestadoras Comunitarias de Radiodifusión (Carco), que reúne a numerosas cooperativas de servicios en las provincias, sobretodo de televisión por abonados.
En diálogo con IPS, Santecchia explicó que la mayoría de los miembros de esa cámara operan sin licencia o apelan a lo que ella llama "travestismo jurídico", por el que las cooperativas crean una sociedad anónima paralela para desde allí como parte de ella poder prestar el servicio de televisión.
De esa manera algunas cooperativas consiguieron obtener licencias hasta 2000, pero a partir de entonces el gubernamental Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) mantienen suspendida la entrega de licencias con el argumento de que preparan una nueva ley que nunca llega.
Lucarini y Santecchia afirmaron que las autoridades del Comfer, al igual que legisladores de la Comisión de Comunicaciones del parlamento, aseguran que la nueva norma está en elaboración y niegan que haya presiones de los grandes medios de comunicación para retrasarla.
A fines de agosto, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, recibió a un grupo de representantes de la Coalición y admitió que la falta de una ley de radiodifusión es "una deuda de la democracia".
El funcionario prometió que el asunto se resolverá antes de finalizar de la gestión del presidente Néstor Kirchner en 2007. "Notamos que hay una relación de fuerzas diferente y nuevos aires, pero yo hace 21 años que espero una nueva ley y hasta que no la vea publicada no confío en palabras", advirtió Lucarini.
Santecchia contó que en 2000, Carco presentó ante la justicia como "caso testigo" la solicitud de una cooperativa de servicios públicos de la localidad de Santa Rosa, en la central provincia de Córdoba, que quería prestar servicios de televisión por cable y no lo podía hacer.
En primera instancia, la justicia le reconoció ese derecho. Pero el Comfer apeló y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que a fines de 2003 admitió la "inconstitucionalidad" del artículo de la ley de Radiodifusión que establece que una cooperativa está impedida de operar un medio de comunicación.
Pero para entonces el Comfer había suspendido el reparto de licencias de televisión por abonados y de frecuencias de radio, y por lo tanto la solicitud no se hizo efectiva. "No venden licencias para proteger a los medios de la competencia", aseguró Santecchia.
Actualmente hay tres grandes empresas de servicios de televisión por abonados, pero hay además 300 cooperativas de servicios dispuestas a brindar esa prestación que no tienen licencia. La mitad lo brinda en forma irregular o mediante la previa creación de una sociedad comercial paralela.