El contrabando de armamento a Croacia y Ecuador, pergeñado en la primera mitad de los años 90 desde el Estado argentino, podría aclararse con la llegada al país de un traficante de armas que fue protagonista central del escándalo.
El ex presidente Carlos Menem (1989-1999), preso durante ocho meses por ese contrabando, vuelve a estar en la mira.
Eximido de ir a prisión, el coronel retirado y traficante de armas Diego Palleros llegó este lunes al país y se puso a disposición de la justicia federal, que investiga el contrabando de armamentos orquestado desde el Estado entre 1991 y 1995. El juez federal Julio Speroni lo interrogará el 30 de este mes.
Si Palleros viene decidido a decir toda la verdad y no a promocionarse, podría aportar detalles valiosos de todas las maniobras que involucraron a la administración Menem, dijo a IPS el abogado Ricardo Monner Sans, primero en denunciar el contrabando ante la justicia.
No hay manera de concebir que Menem no supiera lo que pasaba, dijo el abogado, y recordó que Palleros se fugó en 1996, cuando los tribunales amenazaron con arrestarlo. Era uno de los que más sabía del día a día de las operaciones, y se cree que su fuga fue facilitada para que no hablara, dijo Monner Sans.
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Pero el abogado no se mostró plenamente optimista respecto del esclarecimiento de este asunto. En marzo hubiera asegurado que la Cámara Federal iba a revocar el sobreseimiento de Menem, pero ahora tengo serias dudas, porque hay demoras muy significativas en la resolución del tribunal, declaró.
A su juicio, el gobierno de Néstor Kirchner estaba decidido en marzo a no obstaculizar el avance en los tribunales de varios procesos contra Menem, quien vive en Chile y tiene pedido de captura internacional por negarse a declarar en cuatro causas en las que se lo investiga por diversas irregularidades en su gestión.
Pero ahora, Kirchner está interesado lograr la presidencia del gobernante Partido Justicialista, el mismo al que pertenece Menem, su rival político. Por eso (arguye Monner Sans), los procesos judiciales contra el ex presidente se enlentecen de un modo sospechoso de influencias políticas sobre la justicia.
Palleros escapó del país en 1996, cuando la justicia hizo saber que ordenaría su detención. Desde Singapur primero y desde Sudáfrica más tarde, el traficante de armas acusó a funcionarios del gobierno de Menem de haber forzado la falsificación de los decretos oficiales que autorizaron las polémicas ventas de armas.
Los negocios con Croacia se efectuaron mientras regía un embargo internacional de la Organización de las Naciones Unidas que buscaba no echar más leña al fuego de las guerras de secesión de la ex Yugoslavia.
Los embarques a Ecuador también eran ilegales, pues Argentina jugaba por entonces un papel de mediación en la guerra de ese país con su vecino Perú por un diferendo limítrofe.
Además de Palleros, otros testigos muy calificados del contrabando murieron en un sospechoso accidente de helicóptero en 1996 en Buenos Aires.
Los generales Juan Carlos Andreoli y Rodolfo Aguilar fueron dos de los 11 pasajeros que perecieron al caer la aeronave. Andreoli era interventor de la empresa estatal Fabricaciones Militares que había contratado a Palleros para colocar armas argentinas en diversos mercados.
Aguilar, agregado militar en la embajada argentina en Perú en 1995, fue quien denunció ante sus superiores a varios militares involucrados en la venta de armas a Ecuador.
Este mismo lunes, el diario La Nación publicó una entrevista a Palleros en la que éste afirma que todos en el gobierno (de Menem) sabían a quién se vendían las armas, porque esas operaciones dependen de la máxima autoridad, que es el presidente.
El escándalo estalló en la segunda mitad de los años 90, cuando se supo que decretos falsificados firmados por Menem y varios ministros disponían operaciones de venta de 6.500 toneladas de armas a Venezuela y a Panamá, pero cuyos verdaderos destinos eran Ecuador y Croacia.
Según Palleros, las operaciones fueron por casi 50 millones de dólares. No hay registros de que esos montos hayan ingresado a las arcas del Estado, pero sí se probaron movimientos de fondos en diversas cuentas de sociedades registradas en Uruguay.
El contrabando se investigó en dos procesos. El juez federal Jorge Urso se abocó a la falsificación de decretos y la probable asociación ilícita creada para traficar ilegalmente con armas del Estado. En el marco de esa investigación, Menem y varios de sus ex colaboradores fueron procesados y detenidos en 2001.
Además de Menem, que cumplió arresto domiciliario, estuvieron detenidos su ex ministro de Defensa Antonio Erman González, el ex jefe del ejército Martín Balza (ahora embajador en Colombia) y el ex cuñado de Menem, Emir Yoma.
Pero todos quedaron libres cuando la Corte Suprema de Justicia, en un fallo controvertido que se salteó el pronunciamiento de la cámara de segunda instancia, dictaminó que no estaba probada la figura de la asociación ilícita, por lo cual se debía ordenar la inmediata libertad de los encausados.
Paralelamente, el juez Speroni había comenzado a investigar el contrabando de armamentos. En ese proceso, el magistrado detuvo a cinco ex funcionarios de Menem. Pero en 2003 dispuso el sobreseimiento del ex presidente y de algunos de sus ex ministros.
Con la llegada de Kirchner al gobierno, en mayo del año pasado, la resolución fue apelada por la Aduana y la Administración Federal de Ingresos Públicos, y ahora se aguarda que un tribunal de alzada confirme o desestime el sobreseimiento de Menem, Balza y del ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
Por otra parte, está pendiente la respuesta de Speroni a un pedido de la fiscalía para incorporar al proceso la investigación por el presunto atentado de 1995 contra la Fábrica Militar de Río Tercero en la central provincia de Córdoba, una explosión de grandes proporciones que mató a siete personas, hirió a miles y causó daños millonarios.
Esa explosión —investigada como un accidente en la etapa de instrucción judicial—permitió borrar pruebas del contrabando de armamento. Por eso, en el juicio oral, los magistrados ordenaron volver a revisar lo ocurrido como un atentado.
Monner Sans considera que la demora en incorporar este otro capítulo de la pesquisa podría responder a las mismas maniobras dilatorias para evitar el choque político entre sectores opuestos del Partido Justicialista.
En su opinión, de todas las causas penales contra Menem, la de la venta de armas es a la que más teme el ex mandatario. Si es por contrabando agravado, le corresponderían entre cuatro y 12 años de prisión, estimó el abogado. Pero no quiso anticipar un desenlace a este proceso.
