Juristas, sociólogos y abogados inauguraron este jueves en Argentina un novedoso foro académico convocado por iniciativa de una agrupación de trabajadores desempleados, con el fin de analizar y divulgar entre sus militantes los derechos básicos contemplados en la Constitución.
Estudiantes de derecho, profesionales del área y funcionarios judiciales intercambian hasta este viernes ponencias y posturas en las aulas de la Universidad de Lomas de Zamora, ubicada en la localidad de ese nombre y aledaña a la capital argentina, con más de 300 miembros del movimiento de desocupados, llamados piqueteros por su modalidad de protestar con bloqueo de calles
La propuesta de este seminario partió del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), uno de los grupos de piqueteros de la zona metropolitana de Buenos Aires. De inmediato Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia, la respaldó y consiguió que se involucraran otros especialistas en derecho.
El encuentro superó las expectativas de los organizadores y convocó también a militantes de otras agrupaciones, como Barrios de Pie, Movimiento de Unidad Popular 29 de Mayo, Frente de Desocupados Unidos, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y la Corriente Clasista y Combativa.
Queríamos que el Poder Judicial se involucre en este debate, porque es el que debe garantizar que nuestros derechos básicos se cumplan, señaló a IPS el líder del MTR, Roberto Martino, al explicar la idea de este aprendizaje académico.
Martino señaló que los trabajadores desempleados organizados buscan correr el eje de la discusión que hoy está centrado en el derecho a reclamar, para llevarlo al tema de fondo de quienes protestan en las calles cortando rutas, puentes y avenidas: que es el derecho a trabajar, a la educación, a los servicios de salud, a la vivienda.
Como antecedente de esta jornada tomaron la experiencia del Movimiento Sin Tierra (MST), de Brasil, que Zaffaroni también conoce de cerca.
Los campesinos brasileños organizados tienen la experiencia de organizar talleres e inclusive ha instalado escuelas de formación de las que participan especialistas del mundo académico para enseñar sobre derechos económicos y sociales.
Las organizaciones piqueteras de Argentina crecieron de la mano del aumento de la desocupación a partir de la segunda parte de la década del 90, que llegó en 2002 a superar 20 por ciento de los activos y hoy se ubica en 14,4 por ciento, y la consecuente disparada de los indicadores de pobreza que alcanza a 47,8 por ciento de sus 37 millones de habitantes.
Si se incluyen entre los desocupados a aquellos que reciben un subsidio oficial equivalente a 50 dólares mensuales el porcentaje de la población activa sin empleo trepa incluso en la actualidad a 19,5 por ciento.
Sin embargo, desde que irrumpieron las protestas el debate se centró en la legitimidad de esta forma de llevarlas a cabo.
Distintas encuestas indican en la actualidad que el apoyo del resto de la población a los piqueteros ha decaído de modo importante en estos días, luego de que fueran visto con buenos ojos en el marco de la convulsión general generada por el colapso financiero y político de fines de 2001.
Por su parte, el gobierno se debate entre su expresada política de permitir el ejercicio sin menoscabo del derecho a la protesta o dar cabida a reclamos de otros sectores de la sociedad de dar prioridad a la libertad de circulación callejera, para lo cual debería ordenar la represión policial. Tampoco se involucra en lo que grupos piqueteros llaman discusión de fondo.
La socióloga Maristella Svampa, experta en nuevas formas de la protesta social, dijo a IPS que se estima en más de 3.000 el número de activistas del movimiento de desocupados que tienen procesos por reclamar sobre sus derechos. Uno solo, el ex trabajador de la desaparecida empresa estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Alberto Fernández, lleva adelante 76 causas.
Martino coincidió en que hay en la sociedad una tendencia a criminalizar la protesta social, porque el debate está centrado en el reclamo y no en los derechos que se están violando y que llevan a los desempleados a reclamar.
Por su parte, Claudio Pandolfi, abogado del MTR y coordinador de las jornadas, comentó a IPS que no basta que el estado garantice el derecho a reclamar, porque si no se construye un protestódromo' y se acaba el problema, ironizó.
El derecho a reclamar es secundario y está fuera de discusión, opinó. El reclamo de fondo es por los derechos económicos y sociales básicos que la Constitución contempla y que se violan permanentemente sin que nadie repare en ello, añadió.
Pandolfi sostuvo que violar derechos humanos no es sólo torturar en las comisarías. Los derechos económicos, sociales, laborales también son esenciales y, si el Estado no los garantiza, los está violando.
El encuentro estaba dirigido inicialmente sólo al movimiento de desocupados. Para exigir derechos hay que conocerlos, era el lema de las jornadas, pero la convocatoria provocó una avalancha de inscripciones también entre los estudiantes de derecho y funcionarios de la Justicia.
De estas jornadas, además del juez Zaffaroni, participan el decano de la facultad de Sociología de la estatal Universidad de Buenos Aires, Federico Schuster, la socióloga Svampa, el constitucionalista Roberto Gargarella y el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Víctor Abramovich, entre otros.
Martino anticipó que en el foro los desocupados también exponen sobre sus inquietudes y plantean como idea la opción de presentar recursos de amparo en forma masiva para que la justicia se pronuncie acerca de si el Estado cumple o no con los derechos que debe garantizar al pagar un subsidio de 150 pesos mensuales (50 dólares).
Si el Estado no nos garantiza derechos contemplados en la Constitución, los que sufrimos las violaciones de esos derechos podríamos preguntarnos si estamos obligados a someternos a las leyes y normas de ese Estado, apuntó Martino, en un anticipo de las jornadas que se prevén polémicas. (
