Adolfo Vázquez renunció este miércoles a su puesto en la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en pleno proceso de juicio político en su contra, y se convirtió así en el cuarto magistrado en abandonar este alto tribunal desde que asumió el presidente Néstor Kirchner hace apenas 15 meses.
Tras una semana agitada en la que criticó a sus pares de la Corte, denunció haber sido víctima de un atentado y pidió sin éxito asilo político en Uruguay, Vázquez, que iba a ser acusado formalmente este mismo miércoles en el Senado con 15 cargos en su contra, renunció ante el presidente argumentando razones personales.
El titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Ricardo Falú, lamentó que Vázquez haya renunciado en lugar de afrontar el proceso que se le sigue por haber deshonrado el alto tribunal que integró, y atribuyó esa decisión a su preferencia por una buena jubilación.
Es que los magistrados que renuncian tienen derecho a tramitar su jubilación, que ronda hoy los 14.000 pesos mensuales (más de 4.500 dólares).
El ahora ex funcionario judicial se convirtió así en el cuarto magistrado de la Corte Suprema, conformado por nueve miembros, que deja el cargo desde que asumió Kirchner, y lo hace en medio de las acusaciones por mal desempeño de sus funciones como juez de última instancia de un tribunal muy desprestigiado en los 90.
La Corte tenía tradicionalmente cinco miembros y fue ampliada a nueve en 1991 por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
De esa manera, Menem promovió la llegada al tribunal de una mayoría afín a su gobierno en un proceso muy criticado por políticos, legisladores, organizaciones cívicas y juristas.
Los ahora ex jueces se jactaban de sus vínculos profesionales y de amistad con Menem y otros miembros de su gobierno. Uno de ellos, el ex presidente de la Corte, Julio Nazareno, era socio en el estudio de abogados del ex mandatario y de su hermano, el todavía senador Eduardo Menem.
Ese grupo de magistrados acusados de múltiples fallos que apoyaron la gestión de Menem y que en algunos casos garantizaron la impunidad de funcionarios involucrados en casos de corrupción, fue blanco de las acusaciones del gobierno de Kirchner y del Congreso legislativo, que pidió su juicio político.
El ex presidente interino Eduardo Duhalde lo intentó en 2002, pero miembros del parlamento pretendieron acusar a todos lo miembros de la Corte en conjunto, lo cual llevó a que la iniciativa no prosperara.
Con Kirchner, una encuesta de la consultora Zuleta Puceiro indicó que nueve de cada 10 argentinos consultados querían cambios en la Corte, y el Congreso comenzó entonces una tarea de acusación en particular de cada uno de los miembros más cuestionados.
Ante esa ofensiva, el primero en renunciar fue Nazareno, quien también lo hizo antes de ser enjuiciado en 2003.
Ahora la Oficina Anticorrupción investiga si Nazareno se enriqueció de manera ilícita durante su gestión, al tiempo que se busca derogar una norma interna creada a instancias de él— para que los magistrados no estén obligados a hacer públicas sus declaraciones de bienes.
Unos meses después y en víspera de su enjuiciamiento dimitió el hoy fallecido Guillermo López,. El único acusado que afrontó el proceso en su contra fue Eduardo Moliné O'Connor, destituido en diciembre del año último por el Congreso.
Kirchner cubrió esas vacantes mediante un novedoso proceso propuesto por organizaciones cívicas que consistió en proponer candidatos y someterlos a impugnaciones de los ciudadanos y a una auditoría pública ante el parlamento, a fin de conocer y debatir sus antecedentes.
De ese modo llegaron al cargo el penalista Eugenio Zaffaroni, la experta en derecho civil Elena Highton y también fue designada Carmen Argibay, quien deberá integrarse al tribunal una vez que termine su labor en Ginebra en el Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de Guerra de la ex Yugoslavia.
El Congreso había iniciado ahora el proceso contra Vázquez, quien lanzó fuertes acusaciones contra el gobierno. El 24 de este mes sostuvo ante la prensa que Kirchner propiciaba la formación de un tribunal subordinado a su poder y usaba al presidente de la Corte, Enrique Petracchi, como operador.
Al día siguiente, el magistrado denunció un atentado a balazos contra el automóvil en el que viajaba junto a su custodia y su secretaria personal. El vehículo tenía dos impactos de bala de fusil disparado a pocos metros y la justicia investiga diversas hipótesis.
Pocas horas después de ese ataque, atribuido por Vázquez a sus críticas contra el gobierno y contra el titular del alto tribunal, el ahora ex magistrado viajó a Uruguay y se reunió con el presidente Jorge Batlle para solicitarle asilo en condición de perseguido político.
Batlle le negó ese beneficio creado para proteger a quienes deben abandonar el país en situaciones de violación al estado de derecho.
Ahora la Cámara de Diputados podría abocarse al proceso contra Anonio Boggiano, otro de los magistrados cuestionados por los mismos fallos sesgados que se utilizaron para acusar a sus es colegas. En tanto, el gobierno deberá proponer candidatos para el nuevo cargo vacante. (
