A paso lento, las mayores compañías de América Latina y el Caribe incorporan normas ambientales para medir y reducir la emisión de gases que producen el efecto invernadero, al retener calor en la atmósfera, pero para las empresas pequeñas y medianas, que son la gran mayoría, el tema apenas asoma en el horizonte.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) celebró que el gobierno y el empresariado de México, país responsable de 1,5 por ciento de la emisión mundial de gases invernadero, hayan adoptado en agosto un programa voluntario para medir y reducir esos gases.
Se trata del proyecto Greenhouse Gas Protocol (Protocolo de Gas Invernadero), del que ya son parte unas 150 firmas en el mundo. Financiado por agencias internacionales, ese plan ofrece a empresas de todo tipo, incluidas las medianas y pequeñas, capacitación e instrumentos para medir sus emisiones, identificar oportunidades de reducirlas y atraer tecnologías limpias.
El primer país en desarrollo que se suma al plan es México, donde hay 48.000 empresas, y 75 por ciento de ellas no cumple con las normas ambientales, según reconocen las autoridades.
Jonathan Lash, presidente del no gubernamental Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés), organización que junto con el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible financian el Greenhouse Gas Protocol, declaró que con el proyecto México se colocó en una posición de liderazgo en materia ambiental.
Lash resaltó que un país en desarrollo asuma compromisos claros, cuando Estados Unidos, el mayor emisor de gases invernadero, se niega a ratificar el Protocolo de Kyoto, diseñado para reducir la producción de esas sustancias.
El programa es una buena iniciativa, pero apenas representa el comienzo y no hay que sentarse en los laureles, opinó el coordinador para América Latina y el Caribe del programa de Industria, Tecnología y Comercio del PNUMA, Diego Masera.
Ojalá lo aprovechen sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que están marginadas de las regulaciones ambientales, y que el programa se replique en otros países del área, dijo Masera a Tierramérica.
En la región, donde 80 por ciento de las empresas corresponde a pequeñas y medianas, el cumplimiento de normas ambientales para ese sector está en pañales.
Y es que muchas de esas firmas viven en niveles de subsistencia por falta de créditos y acceso a tecnología, de modo que lo ambiental no es prioritario para ellas, manifestó Masera.
De los certificados que entrega anualmente la Organización Internacional de Estandarización (ISO, en inglés) para avalar procesos productivos adecuados y sustentables, menos de tres por ciento corresponde a América Latina y el Caribe, y de ellos la gran mayoría fue otorgada a empresas de Argentina y Brasil.
En su mayoría, las firmas que han asumido compromisos ambientales y se han sometido a controles son las más grandes y poderosas de la región.
En el mundo empresarial de México, como en el resto de América Latina, la aplicación de normas ambientales no es una prioridad, dijo a Tierramérica el presidente del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de México, Eduardo Prieto.
En su opinión, la mayoría de los empresarios aún piensa que lo ambiental representa gastos excesivos para sus negocios, cuando está demostrado que la ecoeficiencia lleva en los hechos hacia una reducción de costos, una idea que ha calado principalmente en las grandes firmas.
El experto opinó que las pequeñas y medianas empresas son pequeñas depredadoras del ambiente y que, si se las considera en conjunto, el daño que causan es más importante que el producido por las grandes industrias.
En cuanto al proyecto Greenhouse Gas Protocol, Prieto sostuvo que es una esfuerzo para revertir las tendencias que estamos viendo en materia de emisiones en el ámbito global, pero reconoció que su impacto será pequeño, pues México y el resto de América Latina son marginales en la liberación de los gases invernadero, señalados como responsables del recalentamiento del planeta.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático identifica al dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso como los principales gases que contribuyen al efecto invernadero, en porcentajes de 60, 20 y seis por ciento respectivamente.
Para afrontar ese problema se acordó en 1997 el Protocolo de Kyoto, que entraría en vigencia si Estados Unidos lo ratificara.
América Latina y el Caribe, donde 24 países han ratificado ese Protocolo, es responsable de 11 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono. Brasil y México están entre los 20 mayores emisores de ese gas en el mundo.
Esos gases existen de forma natural en el planeta, y la retención de calor en la atmósfera es beneficiosa en cierto grado, pero las actividades humanas, y principalmente el uso de combustibles fósiles, han liberado cantidades adicionales de tales sustancias, hasta impactar en el clima.
Para afrontar ese problema se acordó en 1997 el Protocolo de Kyoto, que entraría en vigencia si Estados Unidos lo ratificara.
América Latina y el Caribe, donde 24 países han ratificado ese Protocolo, es responsable de 11 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono. Brasil y México están entre los 20 mayores emisores de ese gas en el mundo.
Para Masera, es importante que los empresarios de México, con el apoyo del gobierno, apuesten a reducir sus emisiones, pues el país es el que emite más dióxido de carbono en la región.
Las emisiones netas de ese gas en México se calculan en 444,5 millones de toneladas métricas, 67 por ciento de las cuales se originan en la combustión de materiales fósiles, lo que coloca al país como líder en esa materia, indica el PNUMA en su estudio Geo América Latina y el Caribe 2003.
* Publicado originalmente el 4 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
