Exactamente 50 años atrás se suicidó el entonces presidente brasileño Getulio Vargas, dejando una herencia política que aún determina muchos aspectos de la vida nacional, como la legislación laboral y sindical que ahora intentan reformar los trabajadores.
Presidente entre 1930 y 1945 y entre 1951 y 1954, Vargas es recordado en estos días como el mayor estadista del siglo pasado, que organizó la estructura estatal brasileña e impulsó la industrialización del país, con una política desarrollista y nacionalista que se mantiene como una referencia.
Una crisis política que tendía a desembocar en su derrocamiento lo llevó a pegarse un tiro en el corazón en la mañana del 24 de agosto de 1954, dejando una carta-testamento que conmovió al país, lo convirtió en un mito y neutralizó un golpe de Estado militar, que sólo se materializaría 10 años después.
Los 21 años de régimen militar que siguieron y los gobiernos democráticos instalados desde 1985 no desmantelaron su herencia laborista, aunque algunos gobernantes, como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), prometieron poner fin a la era Vargas.
La estructura sindical creada por Vargas sobrevive, como gran parte de la legislación laboral que impuso al país durante su período de gobernante dictatorial, entre 1937 y 1945, granjeándose una enorme popularidad como padre de los pobres y de los trabajadores.
Las reglas establecidas por Vargas 66 años atrás enganchan el sindicalismo al Estado y limitan su desarrollo, dijo a IPS el secretario de organización de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Artur da Silva Santos.
La CUT, la mayor central del país, lucha por una reforma sindical desde antes de ser fundada en 1983, explicó Santos.
El Impuesto Sindical, equivalente a un día de salario y cobrado anualmente a todos los trabajadores formales para luego ser distribuido entre los sindicatos, es el principal mecanismo de la dependencia con el gobierno, que restringe la organización y la movilización, alegan sindicalistas.
Ese impuesto es una fuente de financiación que permite la supervivencia de numerosos sindicatos, pero actúa en desmedro de la representatividad y la combatividad. Con los ingresos asegurados, los dirigentes no tienen motivos para atraer afiliados, explicó Santos.
También consecuencia del varguismo, los sindicatos de base no se establecen en Brasil por empresas, sino por municipios o conjuntos de municipios.
Hay sindicatos en distritos municipales de 400.000 trabajadores con apenas 5.000 afiliados, ejemplificó. Miles de otros tienen una existencia puramente formal.
El fin del Impuesto Sindical ya cuenta con el consenso de las principales centrales de trabajadores brasileñas, que proponen su sustitución por una contribución de los beneficiados en acuerdos salariales negociados por los sindicatos, aprobada en asambleas laborales.
La propuesta de las centrales prevé también la extinción de la unicidad. La ley vigente solo admite un sindicato por cada municipio o por cada conjunto de municipios y por tipo de actividad, y una única federación estadual y confederación nacional por cada rama laboral.
En los hechos, ya hay una pluralidad de federaciones actuando vinculadas a las distintas centrales de trabajadores, pero que no son reconocidas por la vieja legislación.
La unicidad solo permanecería en los sindicatos de base si así lo decide la asamblea de trabajadores, pero cumpliendo ciertas condiciones, como reglas electorales democráticas.
El objetivo es evitar el monopolio y un panorama de dirigentes que dominan sindicatos durante décadas pese a sus débiles actuaciones, situación común en la actualidad, señaló Santos.
Otros puntos de reforma en los que hay consenso son la admisión de negociaciones colectivas de ámbito nacional, por categorías profesionales, y la reducción del poder normativo de la justicia laboral, dijo a IPS Joao Carlos Gonçalves, secretario general de Fuerza Sindical (FS), segunda mayor central del país.
En Brasil los tribunales laborales intervienen demasiado, dirimiendo todos los conflictos, incluso las huelgas. Esto produce millones de procesos judiciales por año y desalienta las negociaciones, explicó.
Las centrales quieren acuerdos negociados, a veces con mediación de árbitros que pueden ser públicos o privados, pero no juicios, explicó Gonçalves.
Los sindicalistas esperan que sus propuestas sean incorporadas al proyecto de ley que el gobierno debe enviar al Congreso legislativo antes de que finalice este año, para ser votado en 2005.
Primero la reforma sindical para fortalecer a los sindicatos antes de una reforma a las leyes laborales, coincidieron los dos líderes.
La legislación laboral brasileña también es básicamente herencia de Vargas. Su modificación es compleja, pues exigirá poner en discusión muchos derechos conquistados hace décadas, como las vacaciones pagas, el decimotercer salario, la licencia por maternidad y el salario mínimo, observó Santos.
Los empresarios discrepan en sólo 10 por ciento de los puntos de la reforma sindical. Pero en la reforma de las relaciones laborales, desean flexibilizar muchos derechos de los trabajadores, mientras nosotros queremos ampliarlos y no reducirlos, explicó el dirigente de la CUT.
Vargas tuvo importancia histórica para el sindicalismo y la conquista de esos derechos. Pero los impulsó a través de una fuerte intervención estatal, con mecanismos que hoy cercenan la organización y la negociación, resumió Gonçalves.
