La guerra del gobierno de Egipto contra el terrorismo avanza a expensas de las libertades civiles, al punto que, según activistas y expertos, su objetivo real es silenciar a la oposición.
El gobierno quiere aplastar a los terroristas, pero también aplasta al pueblo, afirmó el empresario Ahmed Osman, quien se rasuró la barba para no ser identificado como radical islámico ante el constante acoso policial.
Egipto, el país árabe más populoso, con 76 millones de habitantes, libra desde los años 90 una batalla contra el terrorismo ejercido por organizaciones radicales que pretenden instaurar un Estado islámico.
Al menos 1.200 personas, entre militantes radicales y policías, murieron en esos enfrentamientos.
El presidente Hosni Mubarak mantiene su política de mano dura contra los radicales, y ordena a sus fuerzas de seguridad investigar a sospechosos en todo el territorio.
Organizaciones de derechos humanos aseguran que más de 20.000 sospechosos han sido detenidos en los últimos años y que la aplicación de tortura es sistemáticas. Algunos, incluso, han sido ejecutados.
Las autoridades egipcias destacan que, gracias a su firmeza, no se ha producido ningún atentado terrorista en el país desde que los líderes islámicos radicales dispusieron un cese del fuego unilateral a comienzos de 1998.
El analista Gehad Auda, autor del libro La globalización del movimiento islámico, sostuvo que el gobierno de Mubarak hizo lo correcto en la lucha contra el extremismo, tanto dentro como fuera del país.
Egipto ha manejado el problema con éxito, reduciendo los riesgos. Sí, fue malo desde la perspectiva de los derechos humanos, pero desde el punto de vista estratégico era lo que tenía que hacer, dijo a IPS.
No obstante, advirtió que una sola receta no puede curar todas las enfermedades.
El hecho de que esta estrategia haya sido exitosa en el caso egipcio no garantiza por sí sola que funcionará, por ejemplo, en Arabia Saudita, señaló.
Pero otros analistas, como el director del Departamento de Estudios Internacionales del Bentley College, de El Cairo, cuestionan el aparente éxito del gobierno contra el terrorismo.
Si el pueblo se traga el argumento de que las tácticas triunfan, entonces le dan la oportunidad a todos, sobretodo a Estados Unidos, para que sigan diciendo que la única forma de derrotar al terrorismo es con una violación masiva de los derechos humanos, señaló.
Los gobiernos se equivocan al afirmar que la violación de las libertades civiles y de la regla de la ley es el precio a pagar para acabar con el terrorismo, añadió.
Sullivan acusó al gobierno de Mubarak de usar la amenaza terrorista para acabar con sus enemigos políticos, y afirmó que esa campaña persigue, en realidad, cumplir una velada estrategia dirigida a silenciar a grupos de oposición.
El principal objetivo de las fuerzas de seguridad egipcias es la Hermandad Musulmana, organización islámica proscripta considerada la principal fuente de oposición al gobierno.
Supuestos miembros de este grupo han sido y permanecen detenidos luego de operativos preventivos que el gobierno considera esenciales para impedir la propagación del pensamiento radical islámico.
El gobierno percibe en la Hermandad Musulmana una extensión del extremismo y una amenaza al régimen, afirmó el secretario general de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, Hafez Abu Sa'ada.
El año pasado, la policía detuvo a unos 200 miembros de la Hermandad Musulmana solo por razones políticas, añadió.
Antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Washington criticaba con frecuencia al gobierno de Mubarak por los operativos, pero ahora mantiene un significativo silencio, dicen activistas.
El gobierno no quiere dejar lugar para que operen los islámicos, afirmó Diaa Rashwan, del Centro Al Ahram de Estudios Políticos y Estratégicos.
Rashwan señaló que las fuerzas de seguridad tienen cada vez más informantes en cafés y mezquitas.
El analista no descartó la posibilidad de un ataque terrorista en Egipto, pero señaló que los líderes de las dos principales organizaciones islámicas radicales, Al Gama'a Al Islamiya y Al Jihad, están comprometidos con el cese del fuego.
Los que se oponen a la tregua, como Ayman Al Zawahiri, dirigente de Al Qaeda, salieron del país.
Los violentos abandonaron Egipto para pelear en Afganistán y en Chechenia, y los que aún permanecen dejaron de interpretar el mundo desde una visión religiosa y se inclinan por el diálogo político, dijo Rashwan.
Mientras, el presidente de la Federación Egipcia de Cámaras de Turismo, Elhamy el-Zayat, sostuvo que la población es, en parte, responsable de la actitud severa contra el radicalismo islámico.
El punto de quiebre de la mentalidad egipcia se produjo luego del atentado terrorista en la meridional ciudad de Luxor, en 1997, en el que murieron 62 personas, 58 de ellas turistas.
El sector turístico egipcio, vital para la economía, prácticamente colapsó luego del atentado.
Muchos egipcios comulgan con ciertas ideas del radicalismo islámico, pero no respaldan ninguna acción que afecte la economía.
Sabemos, a raíz del atentado de Luxor, que si no tenemos seguridad perderemos nuestros empleos y nuestra capacidad de alimentar a nuestras familias, dijo El Zayat.
El turismo generó ingresos por 4.300 millones de dólares el año pasado. Cerca de 1,2 millones de egipcios dependen directamente del sector, y otros 1,4 millones de industrias derivadas.
Sullivan señaló que, luego de Luxor, la popularidad de los grupos radicales disminuyó en forma drástica.
En la batalla por los corazones y las mentes de los egipcios, no es que el gobierno haya ganado, sino que los militantes han perdido, sostuvo. (
