Los sucesivos vuelcos político-judiciales en el caso de la red de pedofilia que estalló en Chile en octubre de 2003 dejan en mal pie a medios de prensa, sospechosos de prestarse a manipulaciones de grupos de poder y de relegar la ética y el rigor periodístico a favor del sensacionalismo.
En el trasfondo de este escándalo, los periodistas son víctimas de amedrentamientos, incluso de origen judicial, mientras los medios sirven de instrumento a campañas comunicacionales en una guerra por el poder que apunta a las elecciones presidenciales de diciembre de 2005, señalaron expertos consultados por IPS.
El juez Sergio Muñoz, a cargo del caso, dispuso el 18 de este mes el procesamiento por falso testimonio de Gemita Bueno, una joven de 21 años que hasta comienzos de agosto aparecía como la principal testigo de cargo en contra del senador Jovino Novoa, presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).
Bueno, de origen humilde, declaró a fines de 2003 ante los tribunales que en 1998, cuando tenía 15 años, fue abusada sexualmente con frecuencia por Novoa, político cercano al ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990), al cual sirvió como viceministro de la Secretaría General de Gobierno entre 1979 y 1982.
El 12 y 13 de este mes, en dos entrevistas de prensa, Bueno señaló que su denuncia era totalmente falsa y que fue inducida a mentir a la justicia por el sacerdote católico José Luis Artiagoitía, quien dirige una fundación de ayuda a niñas y niños de la calle.
Es todo mentira. Todo, todo, todo, todo. Todo mentira, dijo la joven al diario La Tercera el jueves 12. Al día siguiente, el quincenario The Clinic lanzó una edición especial con una entrevista de seis páginas a Bueno, quien aseguraba en un llamativo título de portada que me pasé por la raja (engañé) a todo Chile.
Hernán Montealegre, un abogado de derechos humanos que representaba a la testigo, expresó inicialmente dudas sobre la veracidad de esta última confesión de Bueno, sugiriendo que fue pagada o que fue presionada a través de amenazas a su pequeña hija de tres años.
Pero Montealegre terminó renunciando a la defensa, mientras la UDI anunciaba acciones legales contra el sacerdote Artiagoitía, a quien el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, ordenó no concurrir a una anunciada entrevista en directo en la estatal Televisión Nacional la noche del domingo 15.
Al atardecer del martes 17, el cardenal Errázuriz visitó al acusado Novoa para dialogar con él y su esposa durante 40 minutos, en un acto de desagravio gestionado por Joaquín Lavín, líder de la UDI, alcalde de Santiago y único precandidato de la oposición derechista para las elecciones presidenciales de 2005.
La UDI sostiene que las acusaciones contra Novoa fueron parte de un montaje para impedir el triunfo de Lavín en las elecciones y anuncia demandas penales contra los diputados María Antonieta Saa, Guido Girardi y Antonio Leal, del cogobernante Partido Por la Democracia, supuestos autores intelectuales de la maniobra.
Mientras los parlamentarios oficialistas rechazan esas imputaciones, Novoa mantiene otra querella judicial contra el Canal 13 de la Universidad Católica, reclamando una indemnización de 1,5 millones de dólares por una extensa entrevista de periodistas de esa televisora a Gemita Bueno, emitida a comienzos de año.
No es la única acción ante los tribunales contra un medio o reporteros por este caso, lo cual ha creado un clima de amedrentamiento y criminalización que se ha cernido sobre el trabajo periodístico, dijo a IPS la periodista y académica Claudia Lagos, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la estatal Universidad de Chile.
Dos periodistas de Canal 13 y otros dos de Televisión Nacional fueron llevados ante los tribunales por supuestos delitos de invasión de privacidad y por resguardar su fuente, indicó Lagos.
La UDI hizo una investigación paralela sobre los editores y socios de Plan B, un semanario que difundió también las primeras denuncias de Bueno contra el senador Novoa, agregó la académica.
Lagos también consideró una presión la remoción del director del diario gubernamental La Nación, el periodista Alberto Luengo, el 11 de este mes.
Luengo fue despedido por la cobertura de La Nación del caso Spiniak y anexos, indicó Lagos, quien refrendó que los periodistas están trabajando con temor y poca claridad respecto de los límites, lo que inhibe una labor investigativa e informativa acuciosa.
Por la red de pedofilia la justicia proceso a su principal responsable, el empresario Claudio Spiniak.
Los medios se engolosinaron con la bomba política y periodística de las imputaciones de Bueno, quien aparecía como una testigo creíble, pero tampoco se puede asegurar que sus retractaciones sean la verdad definitiva, advirtió la académica.
Juan Jorge Faundes, periodista de la organización no gubernamental Forja, especializada en el combate a la corrupción, y también profesor universitario, señaló a IPS que en el trasfondo del caso Bueno-Novoa los medios se han evidenciado como instrumentos en una guerra por el poder.
En las elecciones presidenciales de 2005 la derecha se juega la posibilidad de recuperar, después de 15 años de democracia, el poder que gozó durante el régimen de Pinochet. En ese contexto, es difícil sostener la inocencia o imparcialidad de los medios (de comunicación), sobre todo considerando quiénes son sus dueños, dijo Faundes.
La prensa diaria en Chile está controlada por un virtual duopolio, integrado por la conservadora empresa El Mercurio y por el Copesa (Consorcio Periodístico SA), propietario, entre otros, del diario La Tercera, cuyos principales accionistas son afines a la UDI.
Las derivaciones del escándalo tuvieron también ingredientes de morbo, que sirvieron a los medios para subir sus ratings de audiencia o su circulación, con alta rentabilidad.
Mientras, los periodistas, con bajos sueldos y grandes exigencias de rendimiento, producen información sin posibilidades de profundizar en sus antecedentes ni preguntarse por las agendas o estrategias subterráneas, agregó el profesional.
Como consecuencia de este caso, las personas desconfían más de los políticos, de los jueces y la Iglesia y, en ese sentido, los medios han cumplido el papel positivo de contribuir al capital social, porque gracias a la desconfianza las personas dependen menos de esos actores y más de sus propios valores y convicciones, concluyó Faundes.
Lidia Baltra, ex presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas de Chile, coincidió en que Bueno presentaba las características de una testigo creíble, lo cual llevó a los medios a no profundizar en la verificación de sus dichos y a ignorar datos sobre sus trastornos de personalidad, divulgados luego por una siquiatra.
En el caso Spiniak se ha dado un problema de posturas ideológicas que han impedido una correcta actitud de imparcialidad, que no es extraño en un periodismo chileno que no es neutral ni equitativo, dijo Baltra a IPS.
Por un lado, se ha optado por apoyar la versión de la testigo más débil desde el punto de vista social en contra del personaje que representa el poder político y económico, un senador de la extrema derecha, explicó la periodista.
Desde el otro lado, se ha optado por apoyar al o a los representantes de los sectores de poder político, empresarial y del Estado, en contra de los personajes marginales que por carecer de educación son descalificados cuando amenazan su prestigio en la escala social, agregó.
El prejuicio social y político predominó en el trabajo de los medios de comunicación en este episodio. El precepto de la búsqueda de la verdad en un caso de denuncia social colisionó permanentemente con otro valor: el respeto al honor y la privacidad de las personas, concluyó Baltra.
