Una explosiva mezcla de negligente control de normas de edificación, actuación criminal de comerciantes y pobreza de recursos del cuerpo de bomberos calcinó a más de 300 personas en un centro comercial de la capital de Paraguay.
El accidente del domingo, el más grave ocurrido en Paraguay, pudo no ocurrir o ser rápidamente controlado si se hubiera respetado la ordenanza municipal 25.097, que regula aspectos relacionados con la prevención de incendios, dijo a IPS el concejal Luis Alberto Boh, presidente de la Comisión de Planificación Física y Urbanística de la Junta Municipal de Asunción.
Boh, arquitecto y urbanista, dijo que la reglamentación de 1988 posee 214 artículos, es extensa, detallada, puntillosa y hasta en algunos puntos muy difícil de cumplir, y responsabilizó del accidente al Ejecutivo municipal.
"Todos los componentes de esta tragedia son municipales, porque el edificio se encuentra dentro del distrito capitalino, indicó Boh, de la bancada de la centroderechista corriente independiente Movimiento Asunción.
Para construcciones como el centro comercial, la ordenanza exige la aprobación de planos, la posterior inspección de la obra terminada, la fiscalización periódica de las instalaciones y, finalmente, el entrenamiento de los empleados del establecimiento para reaccionar ante situaciones extremas.
"No sería nada raro que en este caso las revisiones no se hayan realizado, pues es práctica usual de los inspectores municipales efectuar controles superficiales o incluso ignorarlos si reciben sobornos, sostuvo.
El de la corrupción es un mal endémico (en Paraguay y por eso) no hay garantías de seguridad en las construcciones (que congregan a) grandes cantidades de personas, agregó.
El concejal también denunció que las autoridades de Asunción no reaccionaron ante el desastre pues el alcalde Enrique Riera, del gobernante Partido Colorado, estaba ausente sin permiso, en un viaje fuera del país.
Según Bernardo Ismachoviez, quien tuvo a su cargo el proyecto, dirección, construcción y diseño de interiores del supermercado Ykuá Bolaños (Pozo Bolaños, en guaraní), el edificio contaba con todos los espacios y medidas de seguridad requeridos.
El edificio, inaugurado en diciembre de 2001, tenía más de 8.000 metros cuadrados de superficie y un estacionamiento cubierto para 350 vehículos. Unos 100 empleados trabajaban allí.
Fuentes judiciales estiman que entre 700 y 800 personas se encontraban dentro del supermercado, realizando compras y almorzando, cuando se desató el fuego, precedido de dos fuertes explosiones.
La primera pudo originarse en el patio de comidas o en el sector de panadería del centro comercial, por una fuga de gas. La segunda, tras propagarse las llamas, se debió a la explosión de un automóvil con motor a gas que se encontraba en el estacionamiento.
Pronto se desató el horror en el centro comercial situado en el barrio de Trinidad, de clase media baja, unos 4 kilómetros al norte del centro histórico de la ciudad.
Unos 40 testigos declararon este lunes ante la fiscalía que cuando intentaron ingresar al local para prestar auxilio a las víctimas, encontraron las puertas de acceso cerradas.
Rafael Valdez Peralta, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, confirmó el hecho a IPS y aseveró que el primer bombero que llegó a la puerta principal fue amenazado por un custodia del supermercado con un arma de fuego para que no rompiera los cristales.
Las sospechas apuntan a Juan Pío Paiva y a su hijo, Daniel, propietarios del establecimiento, quienes dieron presuntamente la orden de cerrar las puertas para impedir que clientes salieran sin pagar, cuando se accionó una alarma antirrobos.
Los empresarios están detenidos por orden de la fiscala Teresa Sosa, acusados de homicidio doloso.
Además de los problemas de controles sobre la seguridad contra incendios y la decisión de sellar las puertas cuando se propagaron las llamas, la pobreza del cuerpo de bomberos echó más leña al fuego.
La única toma de agua para apagar las llamas demoró más de una hora en accionarse.
Los únicos bomberos profesionales del país, que dependen de la Policía Nacional, trabajan en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, dijo a IPS Valdez Peralta.
Los bomberos de la Policía Nacional fueron reduciendo su capacidad de combate de incendios por motivos presupuestarios, y en nosotros (el cuerpo voluntario) fue recayendo de a poco su trabajo, indicó.
Valdez Peralta coincidió con Boh en cuanto a las faltas de seguridad en la mayoría de edificaciones del país. Los únicos que respetan las normas son las empresas multinacionales y algunas nacionales de primer nivel, certificadas con normas (de calidad) ISO, agregó.
Ante el drama, donaciones y asistencia humanitaria llegaron desde Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, entre otros países.
El gobierno creó una Comisión Nacional de Emergencias para canalizar la ayuda recibida, a cargo del Ministerio del Interior, y una Comisión Nacional de Emergencias Médicas, a cargo del Ministerio de Salud.
A mediodía de este lunes se ordenó la suspensión de los trabajos de los bomberos en el lugar del siniestro, pues desde este martes analizarán los restos peritos paraguayos, brasileños y estadounidenses.
El Ministerio del Interior informó de 318 muertos y 262 heridos, 61 de ellos en estado crítico.
El terrible accidente es uno de tantos en varios países de América Latina, usualmente vinculados a falta de controles, negligencia o imprevisión para reaccionar ante catástrofes.
El 26 de septiembre de 1999, 62 personas murieron y 348 fueron heridas en la ciudad de Celaya, en el estado central mexicano de Guanajuato, por explosiones de pólvora en una bodega clandestina de material pirotécnico.
El 30 de diciembre de 2001 murieron 300 personas, 200 fueron heridas y 40 desaparecidas en un incendio que afectó a varios edificios del centro de Lima, también por la explosión de pirotecnia clandestina.
El 17 de mayo de este año, 104 reclusos murieron atrapados en un incendio en el presidio hondureño de San Pedro Sula, al norte del país.
