MIGRACIONES-ESPAÑA: Se abre frontera interior

El Consejo de Ministros de España debatirá este viernes las bases de una reglamentación para legalizar a la mayoría de los inmigrantes sin papeles, en particular a los que ingresaron a este país antes de marzo, cuando ganó las elecciones el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Cuando se comience a aplicar ese criterio se abrirá ”la puerta interior” de la sociedad española a los trabajadores inmigrantes, que tendrán plenos derechos laborales y sociales. Pero también se cerrará con tres candados ”la puerta exterior”, con más trabas y controles fronterizos.

La reglamentación de la Ley de Extranjería, aprobada bajo el gobierno del derechista José María Aznar (1996-2004) será también debatida en septiembre con organizaciones sociales, y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero intentará además un consenso con todos los partidos políticos, con la intención de ponerla en vigor en octubre.

Sin embargo, la principal fuerza de oposición, el Partido Popular (PP) de Aznar, ya anticipó que la propuesta socialista impulsará el ”efecto llamada”, o sea atraerá a más extranjeros a España en búsqueda de trabajo y seguridad social.

Angeles Muñoz, portavoz del PP en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del parlamento, afirmó que la propuesta provocará un caos y, ”con total seguridad”, un incremento del ingreso irregular de inmigrantes, en un proceso que ”se le escapará de las manos al gobierno”.

La diputada aseguró que una vez regularizados, los inmigrantes que laboran en el país ”pedirán vivienda, protección social y querrán traer a sus familiares”, lo que en su opinión supondrá un duro impacto económico, ya que ese gasto no está previsto en los presupuestos del Estado.

Para lograr la regularización, con permiso de trabajo y residencia, los empleadores de inmigrantes sin papeles deberán darlos de alta en la Seguridad Social, lo que automáticamente les otorgará el perdón por haber utilizado mano de obra sin contrato de trabajo.

Además, aquellos extranjeros que puedan demostrar que están trabajando, aunque sus empleadores les nieguen el contrato, podrán denunciarlos y lograr su regularización.

Una consideración especial tendrán aquellos españoles con empleadas o empleados extranjeros laborando en sus hogares, ya que con sólo abonar el equivalente a cien dólares mensuales a la Seguridad Social legalizarán sus contratos, según anticiparon la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí y otros dirigentes socialistas.

El secretario general del grupo parlamentario socialista, Diego López Garrido, señaló a IPS que la inmigración irregular y la falta de soluciones al problema durante el gobierno del PP, hicieron crecer la economía informal y la explotación de los trabajadores extranjeros.

López Garrido agregó que esos inmigrantes trabajan en España porque la economía los necesita, una situación ante la que no se puede cerrar los ojos, que desordena el mercado de trabajo y amplía el ”efecto llamada”, pues se transmite la idea de que se puede permanecer en este país indefinidamente en situación irregular.

Una percepción del peso de los trabajadores extranjeros en la economía hispana se puede extraer del acuerdo de un grupo de Cajas de Ahorro para disputar a los bancos el negocio de las remesas de dinero que hacen los inmigrantes hacia sus países de origen.

Un estudio de la Confederación Española de Cajas de Ahorro dado a conocer esta semana señala que en España residen dos millones y medio de extranjeros, en su mayoría latinoamericanos, que perciben sueldos bajos, pero envían igualmente dinero a sus familias.

Los ecuatorianos ocupan el primer lugar, con 26 por ciento del total de las remesas enviadas, seguidos de los colombianos con 25. En tercer lugar están los rumanos y marroquíes con 4,3 por ciento cada uno, seguidos de dominicanos, ucranianos, brasileños y peruanos.

Extranjeros de otras nacionalidades despachan 32,04 por ciento restante del total de las remesas.

Además del rechazo del PP, la propuesta socialista no es compartida por los nacionalistas catalanes, algunos de éstos coaligados con el PSOE en el gobierno de Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas de este país..

De continuar la llegada de extranjeros se produciría un mestizaje que significaría ”el final de Cataluña”, pronosticó Jordi Pujol, quien presidió durante 25 años (hasta fines de 2003) el gobierno autónomo catalán.

Ante las numerosas críticas que provocó Pujol, salió en su defensa Joan Puigcercós, secretario general de Izquierda Republicana de Cataluña, la formación política coaligada con el PSOE en el gobierno de esa comunidad.

Pujol no dijo ”ninguna barbaridad”, pues ”el proceso de globalización y mestizaje cultural” supone ”una pérdida de identidad para Cataluña”, arguyó Puigcercós.

Los sindicatos y organizaciones no gubernamentales apoyan la iniciativa gubernamental, aunque señalan que precisarán su posición y aportaciones cuando participen en la mesa social, en septiembre.

Kamal Rahmouni, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) calificó de ”muy positiva” la propuesta, añadiendo que se deberán estudiar otras vías para la regularización, además de las anticipadas.

Una vez legalizados los trabajadores inmigrantes, el gobierno se propone aumentar la vigilancia de las fronteras e impulsar acuerdos y ayudas para favorecer el desarrollo de los países de origen de los flujos migratorios lo que, según expertos, abatiría la corriente hacia España..

A favor de esta idea se pronunció el comisario europeo de Justicia, el italiano Rocco Buttiglione, quien consideró el fenómeno migratorio una ”bomba de relojería”. Por eso, sugirió que se ofrezca asistencia a las naciones de origen de los inmigrantes, para que éstos tengan trabajos dignos en sus países y no emigren a la Unión Europea.

El dirigente Felipe Alcaraz, de la coalición Izquierda Unida, tercera fuerza electoral basada en el Partido Comunista, estimó que este plan del PSOE es un ”buen inicio”.

Ojalá ”no se quede en meras palabras y finalmente se rompa con la filosofía represiva de la Ley de Extranjería”, pues lo que debe hacerse es regularizar a todos los inmigrantes ”sin más vueltas”, sentenció.

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