Japón insiste en su aspiración de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero su Constitución pacifista, que le prohíbe participar en operaciones militares, es el principal escollo.
El primer ministro Junichiro Koizumi anunció el martes que reiterará en septiembre ante la Asamblea General del foro mundial su pedido de ingresar al Consejo como miembro permanente, en pie de igualdad con China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.
Koizumi confía en que Japón puede ocupar el primer nivel en la toma de decisiones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sin tener que revisar su Constitución.
Creo que no habría problema en que haya un miembro permanente distinto a los demás, dijo a periodistas.
Pero el secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Colin Powell, abrió una polémica días atrás cuando opinó que la eficacia de Japón como miembro permanente del Consejo de Seguridad se vería afectada si su Constitución no era reformada.
El centro del problema es el artículo 9 de la carta, por el que este país de 127 millones de habitantes renuncia a cualquier participación militar en un conflicto bélico.
Entendemos la importancia del artículo 9 para el pueblo japonés y por qué está en la Constitución, Powell a un grupo de periodistas de visita en Washington.
Pero, al mismo tiempo, si Japón va a tener un papel completo en el escenario mundial y va convertirse en un miembro participante activo del Consejo de Seguridad y tener este tipo de obligaciones, entonces el artículo 9 debería ser examinado bajo una nueva luz, añadió.
La derrota del partido de Koizumi en las elecciones legislativas de julio fue interpretada por expertos como una muestra de rechazo popular a su controvertida decisión de desplegar tropas en Iraq y a su acompañamiento constante a la política exterior de Estados Unidos.
La Constitución, impuesta por Estados Unidos después de la rendición japonesa en la segunda guerra mundial (1939-1945), reduce el uso de la fuerza a la autodefensa, en manos de militares y guardacostas, y prohíbe la salida de tropas del territorio nacional.
Tokio y Washington firmaron en 1951 un acuerdo de seguridad por el cual Estados Unidos instaló bases para defender sus intereses en Asia. Ese pacto dio inicio a la estrecha alianza que aún hoy continúa.
Koizumi está cada vez más interesado en que las Fuerzas de Autodefensa participen en iniciativas de mantenimiento de paz auspiciadas por la ONU, pues sabe que Japón, segunda economía mundial, puede jugar un papel de peso en el escenario internacional.
El gran problema es cómo definir ese nuevo papel dentro del restrictivo ámbito del artículo 9 de la Constitución.
Una encuesta realizada en abril por el periódico Asahi Shimbun, uno de los de mayor circulación, concluyó que 31 por ciento de los consultados apoyaba la modificación del artículo. En 2001, el apoyo popular a la reforma era de 17 por ciento.
Actualmente, Japón tiene cerca de 600 soldados en la meridional localidad iraquí de Samawah para colaborar con la ocupación estadounidense, pero sus actividades están restringidas a tareas humanitarias.
Este es el primer despliegue de tropas que hace Japón con su propia bandera y no dentro de un contingente con pabellón de la ONU.
Otra particularidad es que el conflicto en Iraq no ha terminado. En el pasado, Japón sólo enviaba tropas para colaborar con operaciones de la ONU en el marco de un cese del fuego.
Koizumi decidió enviar el contingente en respuesta a la presión de Estados Unidos y basándose en una interpretación particular del artículo 9.
También contó con el apoyo del parlamento, que aprobó una ley especial para permitir el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa en áreas seguras de Iraq y sólo para preservar el interés nacional japonés en su histórica alianza con Washington.
Muchos criticaron a Koizumi por haber presionado a los legisladores.
El periódico Chugoku Shimbun exigió que se cambiara la letra de la Constitución para evitar diversas interpretaciones sobre el artículo 9.
Mientras, hay un creciente pedido en Japón para que se establezca un Tribunal Constitucional, que obligue a los líderes políticos a ajustarse a la carta.
Es particularmente necesaria una organización con la función de tribunal constitucional. En los últimos cuatro años, la Suprema Corte de Justicia no ha tenido el valor de hacer juicios relativos a la carta magna, dijo a IPS el director de la oficina en Tokio de la académica Fundación Friedrich-Ebert (FES), Gebhart Hilshire.
La FES, dedicada a la promoción de la democracia y la cooperación internacional, y la pacifista Fundación Asia organizaron días atrás en Tokio un taller sobre la creación de un tribunal constitucional en Japón, con la participación de expertos de Corea del Sur, Europa y Estados Unidos.
