El camino judicial escogido por el gobierno de México para investigar, perseguir y castigar a los responsables de la llamada guerra sucia podría terminar en fracaso, según expertos que discuten si convendría reemplazar la fiscalía especial a cargo del asunto por una comisión de la verdad.
En sus tres años de trabajo, las consignaciones logradas por la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, se cuentan con los dedos, mientras los pedidos para procesar a señalados como culpables, que aún viven, de la represión desatada en los años 60, 70 e inicios de los 80, afrontan problemas legales y astutos abogados, que auguran que la fiscalía naufragará.
"Hay que tener paciencia, pues el trabajo de una fiscalía toma tiempo, pero finalmente puede ser efectiva contra la impunidad, aunque también podría no lograr su objetivo, dijo a IPS Carlos Gómez, portavoz de la delegación mexicana de Amnistía Internacional.
En cambio, Adolfo Aguilar, ex colaborador del presidente Vicente Fox y experto en temas humanitarios, cree que la fiscalía no es el modelo adecuado para México y que debería haberse creado mejor una Comisión de la Verdad, encabezada por representantes de la sociedad.
Esa Comisión fue considerada por el gobierno, pero finalmente la desechó, pues Fox pensó que "acarrearía riesgos políticos que no estaba dispuesto a correr, afirmó Aguilar.
A varias décadas de cometidos los crímenes contra los derechos humanos, que diversas investigaciones atribuyen a una política de Estado dirigida a acallar a sus opositores, las evidencias judiciales están difusas, muchos protagonistas han muerto y la prescripción legal ronda como fantasma en varios de los casos.
Según diversos estudios, en la llamada guerra sucia, emprendida por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernaron México de 1929 a 2000, se registraron 532 desapariciones forzadas de personas, que en la mayoría de los casos fueron asesinadas.
Hasta el momento, el mayor logro de la Fiscalía es la detención en febrero de Miguel Nazar, quien fuera director de la extinta Dirección Federal de Seguridad en los años 70 a 80, acusado del secuestro de una persona en 1975, cuyo paradero aún se desconoce.
En julio, esa instancia, que depende de la Procuraduría (fiscalía) General, anunció con bombos y platillos que presentaba ante los jueces un pedido para detener al ex presidente Luis Echeverría (1970-1976) y a otros 11 antiguos funcionarios por una matanza de estudiantes en junio de 1971.
Pero el juez que recibió la causa rechazó el pedido con el argumento de que prescribieron los delitos que se les imputó a los acusados.
La Fiscalía pidió entonces una revisión del pronunciamiento a jueces de segunda instancia, procedimiento que podría tomar meses.
"En materia judicial se debe tomar caso por caso y valorar prueba por prueba. En el tema de la guerra sucia y por lo que dicen los expedientes hay muchos cabos sueltos y muy difícilmente se lograrán sentencias condenatorias, explicó a IPS el abogado Carlos Mercado, un litigante penal en actividad.
Cuando Fox asumió como el primer presidente ajeno al PRI en 2000, llegó con la promesa de esclarecer lo ocurrido en la guerra sucia y buscar el castigo de sus culpables a través de una Comisión de la Verdad, integrada por representantes de la sociedad civil y que emitiría un informe completo sobre el tema, que luego podría seguir con acusaciones formales y enjuiciamientos.
La idea que promovió Fox como candidato, era que a México le urgía esclarecer el pasado sin dejar cabos sueltos, para así abrir una nueva etapa en la política.
Sin embargo, y luego de varias marchas y contra marchas, Fox decidió en noviembre de 2001 optar por una fiscalía que investigara y persiguiera a los presuntos responsables de esos crímenes.
Por su naturaleza y a diferencia de una comisión de la verdad, la fiscalía no está creada para hacer un estudio global sobre la represión del pasado, ni recomendar cambios institucionales y tampoco poner en evidencia a los culpables dentro del contexto político, social y económico de la época.
"Por mejor esfuerzo que haga la Fiscalía, sus elementos probatorios serán endebles. Estarán basados en suposiciones que, si bien la opinión pública puede considerar contundentes, desde el punto de vista judicial son insostenibles para justificar una condena, sostuvo Aguilar, ex representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Aguilar, quien colaboró con el gobierno de Fox hasta el año pasado, afirmó que, cuando el mandatario decidió crear la Fiscalía, mandó al trasto la idea inicial de que, "si bien el castigo de los culpables era parte sustantiva de la ruptura con la impunidad, también era necesario anteponer el esclarecimiento de la verdad a cualquier otro propósito.
Este especialista, que antes de ir comisionado a la ONU trabajó como asesor cercano de presidente, sostiene que la Fiscalía está entrampada en alegatos y pruebas judiciales que omiten buena parte de la verdad sobre la guerra sucia. Agrega que esa dinámica se presta para señalar que la justicia se usa con fines políticos.
"Todos los antecedentes en América Latina demuestran que esclarecer las violaciones contra los derechos humanos toma tiempo, por lo que no debería descalificarse aún a la Fiscalía, cuya gran virtud es tomar acciones acusatorias vinculantes, expresó Gómez, de Amnistía Internacional.
Esclarecer el pasado de represión con una comisión de la verdad u otro organismo similar es importante para cualquier país, pero eso no lleva necesariamente a la cárcel a los culpables, advirtió Gómez.
Para el abogado Juan Velázquez, que defiende al ex presidente Echeverría, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado está destinada al fracaso, pues las pruebas que maneja sobre hechos, que a su entender ya prescribieron, son endebles.
Los familiares de los detenidos y desaparecidos en la guerra sucia tampoco confían en la Fiscalía y sus resultados.
Rosario Ibarra, la líder de la organización no gubernamental Eureka, que reúne a esos familiares, sostiene que es un fracaso y que no aclarará los hechos de represión ni logrará llevar a la cárcel a los "verdaderos culpables.
"Yo no creo que nos lleve a ningún lado, ya van tres años de actuación y los resultados están a la vista, declaró Ibarra a IPS.
Pero Ignacio Carrillo, quien comanda la Fiscalía, entiende que, aunque su trabajo toma más tiempo que una comisión de la verdad, finalmente es más efectivo pues encauza a los responsables. A su entender, las pruebas que tiene para mandar a la cárcel a muchos de los presuntos culpables de la represión son suficientes.
Hay normas internacionales claras en materia de genocidio y pronunciamientos jurídicos locales, que indican que es posible encauzar a los culpables, afirmó.
Si la Fiscalía fracasa eso "cancelaría una elemento que por definición es imprescindible en toda transición democrática que es cómo revisas y si revisas el pasado, declaró Carrillo al semanario local Proceso.
El fiscal confía en que la justicia responda con celeridad y no deseche las acusaciones de genocidio con las que pretende sustentar sus procesos.
Cuando la Fiscalía demandó la detención de Nazar, director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, por el secuestro en 1975 del hijo de Rosario Ibarra, que integraba un grupo insurgente, el juez que conoció la causa rechazó el pedido por considerar que el delito imputado había prescrito.
Empero, los fiscales apelaron ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que en noviembre resolvió que los delitos de secuestro y desaparición de personas no prescriben. Tras el hecho, un juez menor retomó el llamado "caso Piedra" y ordenó en diciembre la detención del ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad.
En ese pronunciamiento judicial, Carrillo basa su optimismo, pues gran parte de los delitos de la época de represión que investiga, tienen que ver con detenciones y posteriores desapariciones que se mantienen hasta la fecha.
La promesa del gobierno de Fox de esclarecer lo ocurrido en el pasado de represión y guerra sucia aún está por verificarse y eso puede hacerlo la Fiscalía "y porqué no también ayudaría una comisión de la verdad o algo similar, declaró el portavoz de Amnistía Internacional en México.
