Expertos en derecho y activistas humanitarios examinarán la semana venidera en Alemania las violaciones continuas que se cometen en el mundo en nombre de la llamada lucha contra el terrorismo, en una conferencia convocada por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
La CIJ, la organización no gubernamental de destacada actuación en el mundo en la promoción del imperio del derecho, ha invitado a 160 juristas de 60 países a participar del encuentro que se realizará el 27 y 28 de este mes en Berlín.
El debate tiene por objetivo reafirmar que la lucha contra el terrorismo puede y debe ser combatido sin abusos de los derechos humanos y también movilizar a la comunidad jurídica mundial para que se ocupe de un problema que todavía no ha tenido resonancia fuera del ámbito estrictamente especializado.
La inquietud de los jurisconsultos se remonta a pocos días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, sede del Departamento de Defensa en Washington.
Desde entonces, la campaña contra el terrorismo iniciada por Estados Unidos conoció un desarrollo vertiginoso, con la adopción de múltiples disposiciones en los planos internacional y nacional, observó Federico Andreu-Guzmán, asesor legal de la CIJ.
La mayoría de esas decisiones se vinculan con la definición del crimen de terrorismo, con la cooperación judicial y policial, y con la extradición. Muchas de ellas suponen lesiones graves en materia de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho de asilo, apuntó Andreu-Guzmán.
La CIJ, que tiene sede en Ginebra, previene que el derecho internacional y los derechos humanos afrontan nuevas amenazas en un clima de inseguridad y de preocupación con respecto al terrorismo.
La organización se refiere en particular a las torturas, que cobraron actualidad cuatro meses atrás cuando se divulgaron los abusos perpetrados por tropas estadounidenses contra presos iraquíes de la cárcel de Abu Ghraib y de otros centros de detención.
Algunas disposiciones de la lucha contra el terrorismo adoptadas después de 2001 violan de manera inaceptable garantías de los derechos humanos sólidamente establecidas, como la prohibición de las torturas, dijo la CIJ.
En algunos países, la guerra contra el terrorismo ha otorgado mayor legitimidad a violaciones de los derechos básicos cometidas desde larga data en nombre de la seguridad nacional, insistió.
El secretario general de la CIJ, Nicholas Howen, admite que los gobiernos deben proteger a sus ciudadanos, pero las propias disposiciones contra el terrorismo son actualmente una de las amenazas más graves de los últimos 50 años contra el imperio de la ley y los derechos humanos, dijo.
Andreu-Guzmán sostuvo que la relación seguridad-derechos humanos, presentada con mucha frecuencia y equivocadamente como contradictoria, depende de un equilibrio frágil en el que la razón humana debe prevalecer sobre la razón de Estado.
El especialista de la CIJ advirtió de que la lucha contra el terrorismo librada por fuera del derecho internacional, ignorando los derechos humanos y en detrimento de los principios del estado de derecho, además de los graves perjuicios que ocasionaría, conduciría a un resultado opuesto al perseguido.
La CIJ confía en compartir la experiencia profunda de jueces, abogados y expertos de derechos humanos que han asistido a ciclos de terrorismo y de antiterrorismo en sus propios países. Las 160 personalidad invitadas marcarán la senda a través de la confusión y establecerán límites aceptables para las medidas de la lucha contra el terrorismo, dijo Howen.
Entre los oradores de la conferencia figura la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, quien por primera vez desde que asumió sus funciones, hace siete semanas, fijará con claridad su postura sobre la preservación de esos derechos y el terrorismo, adelantó la CIJ.
Arbour aludió al tema hace un mes, en su primer encuentro con periodistas, cuando recomendó vigilancia para no provocar un retroceso en los derechos humanos.
En particular, las respuestas legítimas y vigorosas al terrorismo deben efectuarse dentro de los límites legales, prosiguió. Aún más, esa guerra no debe obscurecer otros problemas sociales acuciantes, insistió Arbour en referencia a las amenazas a la salud creadas por el virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida, y por otras enfermedades contemporáneas.
La CIJ espera que la conferencia de Berlín aconseje respuestas regionales coherentes ante el problema y también que defina estrategias colectivas para la comunidad mundial de juristas. Las decisiones serán incluidas en una declaración final sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo.
Los juristas asistentes recibirán un informe actualizado de las tendencias regionales y mundiales que presenta la lucha contra el terrorismo en relación con los derechos humanos. El panorama de Asia será descripto por la paquistaní Hina Jilani, representante especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos.
El colombiano Gustavo Gallón Giraldo, presidente de la CIJ en su país, ofrecerá una visión de los retos planteados a los derechos humanos por la violencia política en Colombia y en América Latina.
A su vez, el estadounidense William J. Butler, de la filial del CIJ en su país, describirá las dificultades que surgen de las medidas antiterroristas de la guerra que su país encabeza contra esas actividades. El funcionario del ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Georg Witschel, examinará la nueva era del terrorismo y la perspectiva de nuevas respuestas.
