El argentino Daniel Tarnopolsky tenía 18 años en 1976, cuando por orden de la dictadura militar fueron secuestrados en pocas horas su padre, su madre, sus dos hermanos y su cuñada. Ahora, con 46, acaba de lograr que un ex dictador pague de su bolsillo por esos crímenes.
Este es el único caso en Argentina en el que se demandó directamente a un represor, porque para mi cliente era muy importante que pagara uno de ellos, explicó a IPS la abogada de Tarnopolsky, Betina Stein, sobre la indemnización que acaba de desembolsar el ex almirante Emilio Massera, uno de los tres primeros comandantes del régimen militar (1976-1983).
En un litigio por daño moral y financiero iniciado en 1987, Tarnopolsky logró que la justicia ordenara al Estado y a Massera el pago de una compensación.
El Estado abonó su parte, pero el ex comandante apeló una y otra vez la medida hasta que se vio obligado a pagar el lunes, ante la amenaza judicial de remate de su apartamento, donde purga arresto domiciliario por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos.
El caso Tarnopolsky es paradigmático de la represión ilegal por la magnitud del daño, ya que cinco de los seis miembros de una familia fueron desaparecidos y muertos. Pero también por haber sido el único que se dirimió en el ámbito de la justicia civil durante 17 años, con la intención expresa de que uno de sus perpetradores pagara, al menos en dinero.
Los crímenes contra la familia Tarnopolsky fue uno de los que la justicia federal utilizó para condenar a los comandantes dictadores, en 1985.
Pero luego, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impidieron a Daniel Tarnopolsky su propósito de ver tras las rejas a todos los responsables de la desaparición de su familia. Se decidió entonces por una demanda por daños y perjuicios morales y financieros.
Según su abogada, Tarnopolsky hubiera querido que Massera abonara íntegramente la indemnización, fijada por la justicia en 1,2 millones de dólares. Pero el Estado resolvió pagar un millón en bonos (que son parte de la deuda pública impaga desde diciembre de 2001), dejando el resto a cargo del ex dictador.
Massera apeló insistentemente el fallo y en eso transcurrieron 10 años. En 1999 la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia y dictaminó que el delito de desaparición forzada no prescribe, pues se sigue cometiendo mientras la víctima no aparezca.
En 2000, un juez aceptó el pedido de Stein para declarar en quiebra a Massera, lo que equivalía a desafectarlo de todos sus bienes. Aunque es un hombre de fortuna, sólo tiene a su nombre el piso en el que vive, que iba a ser subastado el 23 de septiembre.
El monto finalmente abonado el lunes fue de poco más de 200.000 pesos, equivalentes a 67.000 dólares. Los abogados de Massera querían una quita, pero nos negamos rotundamente porque este pago es simbólico, relató la abogada. El dinero fue donado a la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan a los hijos de muertos o desaparecidos.
El pago de una indemnización no es solo un resarcimiento para la víctima, sino que es una sentencia condenatoria muy fuerte para esta gente que considera que no hay peor cosa que tener que pagar de su bolsillo, opinó Stein. Ella opina que el caso abre una nueva vía para demandar a los represores.
Al menos 11.000 personas desaparecieron durante la última dictadura militar, y organizaciones de derechos humanos estiman que fueron unas 30.000.
La ley que otorgó a los familiares de las víctimas derecho a cobrar un resarcimiento económico por la pérdida, les exigió como contrapartida el reconocimiento de la muerte, lo que desalentó a muchas familias que se niegan a admitir el fallecimiento de sus seres queridos.
Stein cree que el fallo de 1999 de la Corte Suprema sobre el caso abrió otra brecha para que esos familiares reclamen compensaciones económicas.
En una emotiva rueda de prensa junto a la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, Tarnopolsky expresó su esperanza en que el dinero se purifique a través de la acción de esa organización, y mostró fotografías de su familia para que vean que los desaparecidos son personas, no fantasmas.
Este era Hugo, mi padre, era químico industrial, explicó mostrando una fotografía en blanco y negro. Luego presentó el retrato de su madre, Blanca, psicopedagoga, y las imágenes de su hermana de 15 años, Betina, su hermano de 21 años, Sergio, y la esposa de éste, Laura De Luca, de la misma edad.
En diálogo con IPS, Tarnopolsky recordó que Massera había sido condenado en 1985 por el secuestro de su familia, entre otros casos. El indulto otorgado más tarde por el presidente Carlos Menem (1989-1999), dejó al ex almirante en libertad, pero no lo libró del juicio civil iniciado en 1987.
Para el único sobreviviente de la familia Tarnopolsky la lucha no ha terminado. El espera que la Suprema Corte de Justicia se expida sobre la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, anuladas por el Congreso legislativo en 2003.
Si el máximo tribunal avala esa anulación, la justicia podría ir por los perpetradores de los crímenes.
Daniel Tarnopolsky sobrevivió porque en la noche de los secuestros estaba durmiendo en casa de un amigo.
Su hermano Sergio estaba haciendo el servicio militar en la temida Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de detención ilegal del régimen.
En ese destino, Sergio, que militaba en la Juventud Peronista junto a su esposa Laura, debió desempeñarse como asistente del temido represor Jorge Acosta, ahora preso por la apropiación de menores.
Mi hermano vio cosas raras en la ESMA, y muchas de esas cosas las contaba en casa, recuerda Daniel. Sergio comentó un día que debió limpiar rastros de sangre y documentos de identidad en un sótano de la ESMA.
Dos días después del hallazgo del sótano, Sergio llamó por teléfono a su casa para avisar que estaba castigado y que no podría volver esa noche como estaba previsto. Más tarde secuestraron a su esposa, a sus padres, y a su hermana de 15 años que pasaba la noche en casa de su abuela.
Por relatos de sobrevivientes, Daniel supo que Acosta había ordenado el secuestro de su familia y que se jactaba de ello en la ESMA. Incluso me dijeron que estaba furioso porque yo me había podido escapar, relató Daniel, quien se exilió en Israel y ahora vive en Estados Unidos.
Sólo espero que Acosta sea sentado ante la justicia para que explique qué fue lo que hizo mi hermano para que respondiera con semejante represalia, dijo Tarnopolsky.
No conoce el destino final de sus familiares, pero presume que fueron arrojados al Río de la Plata, hacia donde mira cuando está en Argentina y siente necesidad de estar cerca de ellos. (
