Dotar de perspectiva de género a los programas de promoción del empleo y de combate a la pobreza en América Latina es el objetivo principal de un programa que llevan a cabo conjuntamente desde hace un año dos agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
Hay más mujeres que hombres en los segmentos sociales más vulnerables a la pobreza de la región. Las mujeres son la cabeza de una importante proporción de los hogares, pero menos de la mitad de las que están en edad de trabajar lo hacen, y las pobres lo son por otras causas que los hombres, y de manera distinta.
Así lo establecen las investigaciones y estudios del programa Género, Pobreza y Empleo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que organizaron un seminario sobre el tema en Santiago a fines de julio.
Cerca de 30 por ciento de los hogares latinoamericanos tiene jefatura femenina, lo que implica que, en estos casos, ellas son sus proveedoras principales y probablemente exclusivas, explicó la socióloga Lais Abramo, especialista regional en género de la OIT.
En 25 por ciento de los hogares biparentales, ellas aportan 50 por ciento o más del ingreso familiar. Asimismo, las mujeres destinan un mayor porcentaje de sus ingresos que los hombres a la salud, educación y nutrición de los hijos, todos factores fundamentales para la ruptura del ciclo intergeneracional de reproducción de la pobreza, agregó.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la tasa de desempleo en la región se elevó de 6,9 por ciento en 1990 a 10,6 por ciento en 2003.
Según la misma fuente, el trabajo informal aumentó de 42,8 por ciento de la fuerza de trabajo en los años 80 a 46,5 por ciento en 2002, mientras la pobreza, que alcanza hoy a 44,4 por ciento de la población, afectaba en 1980 a 40 por ciento.
Abramo apuntó que para lograr igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a programas de empleo y superación de la pobreza, no basta con que éstos sean neutrales con respecto al género, porque así terminan siendo ciegos al género, es decir que no consideran las características y condiciones diferentes que viven las mujeres.
Esas características y condiciones incluyen la carga de la responsabilidad familiar, las restricciones culturales al ejercicio del trabajo remunerado, la dificultad de acceso a redes que les permitan encontrar empleo, y la falta de calificación profesional en oficios no tradicionales, explicó.
Las políticas y programas para promover la igualdad de oportunidades deben incorporar esta realidad a través de una serie de instrumentos y acciones, tales como la disponibilidad de servicios de cuidado infantil y la flexibilidad horaria en el caso de los programas de empleo asalariado temporal y de emergencia, señaló la especialista.
En el seminario se recalcó que hablar de trabajo flexible no implica que éste sea también precario, y se resaltó el papel que en ello desempeñan la seguridad social y la negociación en igualdad de condiciones.
También se mencionó como una de las trabas para el empleo femenino la existencia de un estereotipo cultural que lo ve al mismo tiempo como más caro y secundario, subsidiario o menos importante.
Alentadas por el proyecto conjunto del Pnud y la OIT, se desarrollan en la región varias iniciativas que buscan superar estos obstáculos, como Mujeres Emprendedoras en Perú, la Cooperativa Sojalín en Argentina y el programa Puente en Chile.
Este último es parte de Chile Solidario, un sistema de protección social. Las 125.000 familias que participan en él reciben apoyo familiar de profesionales que las acompañan durante 24 meses, dándoles herramientas para que construyan su propio camino de superación.
Como respaldo en esta etapa, el gobierno entrega un bono a las mujeres jefas de hogar o a la pareja del jefe de familia.
Esta iniciativa, concebida como un programa de emergencia, es criticada por algunas expertas y sindicalistas, en tanto tiende a restar gravitación a otros instrumentos de superación de la pobreza, como las políticas monetarias, el aumento de los ingresos y la reducción de la jornada laboral.
Estos programas específicos tienen sentido en el marco de políticas globales que han incorporado principios de equidad. Si no es así, los programas y proyectos específicos nos llevan a una situación de insostenibilidad a futuro, porque vamos a tener que seguir haciéndolos, dijo a IPS Ivonne Farah, experta en desarrollo y género.
Ana María Muñoz, consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, comentó a IPS que los empleos de emergencia no son más que un paliativo para la pobreza, y criticó la ausencia de otros programas gubernamentales que cubran más allá de los estratos de indigencia o extrema pobreza.
También somos pobres si no estamos capacitados, si no tenemos un buen nivel de vida, si no podemos acceder a otras cosas que las necesarias para la subsistencia, aseveró.
Chile es modelo de crecimiento económico en América Latina, pero un crecimiento económico que no ha servido para nada porque no ha ido aparejado con un desarrollo social, sostuvo la sindicalista.
El país está entre los 12 con peor distribución de ingresos del mundo, según el Informe de Desarrollo Humano del Pnud de 2003 y datos del Banco Mundial, pese a que en los últimos 10 años su economía ha crecido a un ritmo anual de cinco por ciento.
En 1990m los ingresos autónomos del 10 por ciento más pobre correspondían a 1,4 por ciento del total, y los del 1º por ciento más rico a 42,2 por ciento del total. En 2000, esas participaciones en el total de ingresos eran 1,1 por ciento y 42,3 por ciento, respectivamente.
Inés Reca, consultora del PNUD, dijo a IPS que el problema de distribución se debe a una tensión entre las políticas económicas y las sociales que no deberían alterar de ninguna manera los equilibrios macroeconómicos.
De acuerdo con la Cepal, la pobreza afecta actualmente a unos 220 millones de personas en América Latina, o sea a 44 por ciento de su población. En Chile las cifras muestran, junto con la mala distribución antedicha, una reducción de la proporción de pobres en la población, de 38,6 por ciento en 1990 a 20,6 por ciento en 2000.
Chile Solidario fue diseñado para llegar a las familias más pobres del país, dijo a IPS el encargado nacional del programa Género, Pobreza y Empleo, Juan Antonio Bórquez,.
Podemos plantear a futuro el levantamiento de un sistema de protección social para toda la población en la medida en que nosotros, como gobierno, seamos capaces de hacernos cargo de esas familias, afirmó, pero agregó que no le parecería presentable hacerlo si no somos capaces de llegar a quienes son los más necesitados.
