Organizaciones no gubernamentales argentinas advierten planes de dominación estadounidense sobre los recursos del sur de América detrás de las maniobras militares conjuntas y de la puesta en marcha de proyectos científicos vinculados con el control de armas estratégicas y de preservación ambiental.
"Con argumentos como la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo y el pretexto de realizar investigaciones científicas y ambientales, Estados Unidos lleva adelante un conjunto de acciones tendientes a reforzar su presencia militar en regiones estratégicas de América Latina, aseguró a IPS la historiadora especializada en Geopolítica, Estrategia y Defensa Nacional, Elsa Bruzzone.
La mira está puesta "en especial en aquellas zonas en las que se concentran importantes recursos naturales", precisó la también secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida).
Bruzzone advirtió que, bajo la apariencia de proyectos científicos, en algunos casos organizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se impulsa la instalación de bases y laboratorios "que después están a cargo de personal civil del Departamento de Defensa o del Departamento de Estados de los Estados Unidos".
En un seminario sobre el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) realizado en marzo en Quito, Bruzzone presentó una ponencia elaborada por el Cemida titulada "El agua potable: Nuevo recurso estratégico del siglo XXI. El caso particular del acuífero Guaraní".
En esa oportunidad, la historiadora recordó que existe un proyecto para construir "ocho bases y un laboratorio científico en Argentina, aparentemente bajo supervisión de la ONU, que formarían parte de la Red de Control del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares".
Si bien Argentina es signataria de ese acuerdo, Washington se niega a ratificarlo porque "no podría realizar más explosiones nucleares y eso limitaría su capacidad para desarrollar nuevas armas atómicas", explicó Bruzzone.
También el presidente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel recordó en ese mismo foro en Ecuador que América Latina ha vivido una situación dramática y reclamó "un abordaje racional" de las negociaciones.
"Esto no significa no negociar con Estados Unidos y con otros gobiernos, se trata de definir desde dónde y cómo vamos a negociar", porque la propuesta del ALCA, agregó Pérez Esquivel, "no viene sola, viene acompañada de la instalación de bases militares. Viene con políticas de imposición".
En esa línea, Bruzzone explicó que "las ocho bases y el laboratorio (proyectados en Argentina) serán parte de un sistema de 321 estaciones que se levantarán en 89 países con el objeto de verificar que nadie realice explosiones nucleares subterráneas, marítimas o atmosféricas, especialmente ensayos de nuevas armas".
Según la información suministrada por el Cemida, los lugares elegidos para emplazar estos centros de seguimiento en Argentina son en el sur Tolhuin y Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego), Bariloche y Paso Flores (Río Negro) y Villa Traful (Neuquén), en Coronel Fontana en la noroccidental provincia de Salta, otra en la occidental provincia de San Juan y los dos restantes en Buenos Aires.
La experta del Cemida aseguró que desde marzo de 2001 está funcionando una estación "radio nucleica", es decir que mide los niveles de aire radiactivo, en la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Las bases de Tolhuin y Villa Traful realizarían investigaciones de infrasonido y las de Ushuaia, Paso Flores y Coronel Fontana de sismología, mientras que las de Bariloche, Salta y una de la de Buenos Aires efectuarían mediciones de aire.
En lo que hace a la base de Tolhuin, la primera que había comenzado a construirse, las obras quedaron paralizada debido a la oposición de organizaciones sociales y sindicales, como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguinos, que con la ayuda de Serpaj, denunciaron internacionalmente el proyecto.
El gobernador de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti, firmó en 2001 un decreto que autorizaba la instalación de una base del Sistema Internacional de Vigilancia para la Prevención y Prohibición de Ensayos y Explosiones Nucleares.
Si bien en esa oportunidad se aseguró que la base no tendría personal, sólo equipos robotizados de medición, el decreto del gobernador habilitaba a los integrantes de la base a transitar libremente por la provincia, algo que generó desconfianza en las organizaciones sociales y los pobladores.
Según el proyecto, en la Argentina todas las bases funcionarían bajo la supervisión de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue consultado por IPS sobre este tema, pero no respondió.
Bruzzone destacó que, para Estados Unidos, este tipo de proyectos constituye "una buena forma de enmascarar su presencia militar en zonas donde se encuentran los recursos estratégicos fundamentales del siglo XXI".
Por otra parte, la especialista indicó que los ejercicios militares conjuntos, realizados con efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio argentino, "también se desarrollaron en zonas que concentran importantes recursos naturales".
En ese sentido, recordó los efectuados en la Patagonia y los vinculó con la riqueza ictícola y petrolera del sur del océano Atlántico, con los hidrocarburos y los minerales que hay cerca de la cordillera de los Andes y, "muy especialmente, por la proyección que esos territorios tienen sobre la Antártida, otra región codiciada por sus recursos, todavía no cuantificados".
Un interés similar despertaría Salta, que posee hidrocarburos, minerales y buena parte de la selva de las Yungas, una formación cuya rica biodiversidad es comparable con la de la selva misionera y sólo es superada en el hemisferio por la de la Amazonia.
La Asociación Americana de Juristas promovió, con motivo de los ejercicios militares conjuntos denominados "Cabañas 2001" que se efectuaron ese año en Salta, una acción de amparo contra la Presidencia de la Nación para que el Poder Judicial declarara nula e inconstitucional la decisión del gobierno de permitir el ingreso de militares extranjeros sin autorización del Congreso".
Un año antes se había realizado el Operativo Cabañas 2000 en Córdoba, en el que participaron 500 "boinas verdes" (fuerzas especiales) de Estados Unidos y efectivos de seis países sudamericanos, en lo que se consideró una maniobra preparatoria del Plan Colombia, de lucha contra el narcotráfico y la insurgencia en esa nación, que cuenta con financiación de Washington.
El Serpaj, Diálogo 2000 y otras organizaciones no gubernamentales también se manifestaron en contra de la realización de los ejercicios militares que, en sus hipótesis de conflicto, incluían a civiles, organizaciones no gubernamentales y posibles enemigos, según aseguraron dirigentes de esas entidades.
Si bien en 2003 no se realizaron maniobras militares conjuntas en territorio argentino, Bruzzone indicó que efectivos de este país "participan este año en ejercicios liderados por Estados Unidos en Centroamérica y también en el operativo Unitas", ejercicios anuales.
Por otra parte, el Cemida y organizaciones locales denunciaron la ofensiva lanzada sobre otra zona de gran valor estratégico, ya que se encuentra emplazada sobre el inmenso acuífero Guaraní, y donde tres confluyen los territorios de Argentina, Brasil y Paraguay, conocido como la "Triple Frontera".
El acuífero Guaraní es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta y se extiende por las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, con una superficie estimada de 1,2 millones de kilómetros cuadrados de los cuales casi 840.000 corresponden a Brasil, 228.000 a Argentina, 72.000 a Paraguay y unos 60.000 a Uruguay.
Esa reserva se conecta hacia el norte con el Pantanal brasileño que, a su vez, se vincula con la Amazonia, pero todavía no se conoce su límite hacia el oeste y se cree que hacia el sur puede llegar a la pampa argentina e, incluso, a la zona de los lagos patagónicos.
Para Bruzzone, "es probable que la masiva compra de tierras cercanas a ríos y lagos que han realizado y aún llevan a cabo particulares norteamericanos y europeos en la Patagonia, centro y sur de Argentina, no obedezca a un capricho ecológico, sino a una temprana toma de posiciones para un futuro que se aproxima peligrosamente".
En lo que hace al interés de Estados Unidos en controlar la zona de la Triple Frontera, el argumento ha sido siempre el de la seguridad, ya que considera que las comunidades de origen árabe que viven en la zona están vinculadas con grupos terroristas.
No obstante, la historiadora puso de relieve que el Informe Anual sobre Terrorismo Mundial, presentado el 30 de abril de 2003 y "elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, consignó que en la Triple Frontera no existían células ni bases terroristas e hizo mención especial al Diálogo Antiterrorista del 3 + 1, que fue firmado por Argentina, Brasil y Paraguay con Washington para controlar la región".
Pero "lo importante para Washington es haber reconocido el terreno con antelación sobre la base de un posible empleo de fuerzas militares en un futuro más o menos inmediato, si es que los gobiernos de la región cambian su conducta entreguista seguida hasta ahora", apuntó.
