Estados Unidos acosó a gobiernos de América Central en una reunión de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) que se desarrolla en Puerto Rico, intentando romper un consenso sobre mortalidad materna y derechos reproductivos.
?La delegación de Estados Unidos, que incluye a algunos congresistas en calidad de observadores, ha desarrollado una estrategia de acoso a países que considera pueden ser sus aliados, como Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador?, dijo a IPS desde Puerto Rico la activista Marta María Blandón, de la organización internacional IPAS en Nicaragua.
La no gubernamental IPAS, con sede en el oriental estado estadounidense de Carolina del Norte, se dedica a promover la reducción de la mortalidad y las lesiones por abortos inseguros.
En el marco del trigésimo período de sesiones de la Cepal, entre el lunes y este viernes, su Comité Especial sobre Población y Desarrollo discutió la ratificación de compromisos regionales sobre salud sexual y reproductiva, destinados a abatir la mortalidad materna y asegurar acceso equitativo a servicios de planificación familiar y anticonceptivos.
El texto fue aprobado el miércoles por el Comité y debería ratificarse este viernes por la noche, durante la Asamblea de la Cepal.
?Al mismo tiempo que (los estadounidenses) abordan constantemente a nuestras delegaciones, envían correspondencia a presidentes y cancilleres, reportando su preocupación por la posición de sus delegaciones que no ponen énfasis en la defensa de la vida, la patria potestad de los padres sobre hijos adolescentes, etcétera?, agregó Blandón en entrevista por correo electrónico.
?Hay mucho desconcierto. Después de hacer una declaración muy moderada (los representantes de Washington) pidieron a la mesa directiva de Cepal que se les permitiera negociar, pues no querían quedar fuera del consenso?, dijo Blandón.
Con todo, Estados Unidos aceptó el documento con mínimas objeciones.
Algunos activistas prefieren esperar hasta el final para cantar victoria, pues temen que Washington pueda haber cambiado de táctica por razones electorales (pues el presidente George W. Bush aspira a la reelección en noviembre), y anuncie más tarde que desconoce lo acordado.
América Latina tiene el liderazgo mundial en proporción de abortos inseguros.
Algunos países de la región tienen las leyes de aborto más restrictivas del mundo. Sólo las leyes de Barbados, Guyana y Cuba aceptan la interrupción del embarazo por una amplia gama de causas, afirma una investigación presentada por IPAS en Puerto Rico.
Noventa y cinco por ciento de los abortos de la región (unos cuatro millones por año) son ilegales, señala el estudio.
Uno de los procedimientos quirúrgicos más seguros se convierte así en muy riesgoso en América Latina: 26 abortos peligrosos por cada mil mujeres de 15 a 49 años, el índice más alto del mundo, asevera el estudio.
Mientras el promedio mundial de mortalidad materna por abortos riesgosos es 13 por ciento, en América Latina es 21 por ciento y en América del Sur 24 por ciento, según la Organización Mundial de la Salud.
La investigación ?Cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) en torno a los servicios de aborto en América Latina: La agenda inconclusa? examina la situación particular de cinco países (Bolivia, Brasil, México, Nicaragua y Uruguay).
Aunque la investigación reconoce cambios positivos, observa que la falta de voluntad política, la pobreza y el avance de las tendencias conservadoras han conspirado contra la educación sexual, el acceso a anticonceptivos y la asistencia médica previa y posterior al aborto.
?En la mayoría de países todavía las políticas públicas que afectan a toda una comunidad tienen que pasar por la bendición de la jerarquía de la Iglesia Católica?, dijo Blandón.
?No es raro que en las delegaciones oficiales a esta reunión para discutir sobre población y desarrollo hayan sido integrados miembros del Opus Dei (organización católica de derecha) y de reconocida militancia en organizaciones religiosas?, añadió.
La investigación señala algunos módicos avances legislativos.
En México, la ley de aborto fue modificada en el central estado de Morelos y en el distrito federal para ampliar las exenciones a la penalización. Ese país de más de 100 millones de habitantes tiene una mortalidad materna de 65 por cada 100.000 nacimientos, y se calcula que en él se practicaron de 1995 a 2000 3,5 millones de abortos.
En Uruguay, una ley de salud reproductiva que permitía la interrupción del embarazo a petición de la mujer fue aprobada en la Cámara de Representantes (diputados) en 2002, y rechazada por el Senado en mayo de este año. La mortalidad materna por abortos inseguros trepa a 27,7 por ciento.
En la población uruguaya, de 3,4 millones de personas, se calcula que hay 33.000 abortos por año contra 55.000 nacimientos, una proporción de cuatro interrupciones inducidas por cada 10 embarazos.
En Bolivia, uno de los países más pobres de la región y de 8,5 millones de habitantes, la mortalidad materna es enorme: 550 muertes por cada 100.000 nacimientos.
Allí el aborto sólo se autoriza en caso de violación, incesto o peligro para la salud de la mujer. Pero ninguna interrupción legal del embarazo se ha realizado, pese a que hubo varias solicitudes.
En cambio, se practican de 40.000 a 50.000 abortos ilegales e inseguros, que constituyen la tercera causa de las muertes maternas, según el Ministerio de Desarrollo Humano.
En Nicaragua, con 5,3 millones de habitantes, la mortalidad materna es 250 por 100.000, y de 1995 y 2000 se practicaron unos 191.000 abortos ilegales.
En el mismo periodo murieron 2.232 mujeres por causas vinculadas con el embarazo y el parto, 165 de ellas por abortos mal practicados.
En Brasil hay un avanzado debate social y de organizaciones médicas sobre la cuestión, y nuevas reglamentaciones y normas técnicas. Pero la mortalidad materna es 260 por cada 100.000 nacimientos, y se calcula que de 1995 a 2000 fueron efectuados 10 millones de abortos, la mitad de los partos del mismo periodo.
Los activistas exhortan a los gobiernos a retomar el plan de acción trazado en 1994 por la CIPD, en El Cairo.
Dicho plan abandonó el enfoque del control de la natalidad y la planificación familiar, y estableció otro, basado en derechos, en una visión ?integral de la salud reproductiva y en la participación de las mujeres en decisiones que afectan su salud?, afirma IPAS.
El gobierno de Bush revirtió en este terreno antecedentes más progresistas de administraciones anteriores.
Washington ?se niega a reafirmar los compromisos de la CIPD a menos que se eliminen términos clave acordados en El Cairo, reinstaló la llamada 'ley mordaza' (Global Gag Rule, en inglés) y pasó a promover una educación sexual basada en la abstinencia?, señala la investigación de IPAS.
La ?ley mordaza? prohíbe a organizaciones que reciban fondos de Estados Unidos practicar abortos, abogar por servicios de aborto y proporcionar asesoramiento o atención médica relacionada con dichos servicios, aunque tales actividades sean legales en los países donde se lleven a cabo.
El lunes, dos legisladores del opositor Partido Demócrata estadounidense presentaron en Puerto Rico una carta enviada el 15 de junio al secretario de Estado (canciller) Colin Powell y firmada por 103 congresistas.
Los representantes, ocho de ellos del gobernante Partido Republicano y uno independiente, reclamaron en la carta una ?reafirmación oficial? del consenso de El Cairo, que consideraron ?vital para los intereses estadounidenses?.
