Activistas y familiares de víctimas de la represión ilegal de los años 60 y 70 en México valoran de modo diferente el pedido fiscal de detención contra el ex presidente Luis Echeverría (1970-1976) y otros antiguos funcionarios acusados de la matanza de estudiantes cometida en junio de 1971.
El fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, solicitó el jueves por la noche a un juez federal una orden de aprehensión contra Echeverría, quien también se vio involucrado en la represión estudiantil de 1968, cuando era secretario de Gobernación (ministro del interior) del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Carrillo Prieto también pidió el arresto del ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, y la de los ex procuradores generales Julio Sánchez Vargas y Pedro Ojeda Paullada, entre otros funcionarios de la época a los que acusó de genocidio.
El 10 de junio de 1971, fecha conocida como la matanza del Jueves de Corpus, un grupo de paramilitares llamado Los Halcones, presuntamente creado por el gobierno, atacó una manifestación estudiantil en las afueras de la Escuela Normal, en el occidente de la capital.
De acuerdo con las autoridades, murieron 30 personas, pero fuentes independientes aseveran que los muertos fueron un centenar, y hubo decenas de heridos.
Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Comité pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como Comité Eureka, el pedido de la fiscalía no basta para creer que se inicia un proceso para castigar a los responsables de la matanza.
Es algo que durante muchos años hemos venido exigiendo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, que digan que van a hacer las consignaciones y que realmente vayan a hacer justicia, nosotros no lo creemos ahora, porque todo lo que han hecho en los últimos años al respecto ha sido un fraude, dijo a IPS Ibarra de Piedra.
La justicia detuvo y procesó a funcionarios de seguridad y militares implicados en la llamada guerra sucia de los años 70 y todos están ahora amparados y libres, agregó.
La guerra sucia de fines de los años 60 y 70 tuvo, es decir la represión ilegal de opositores, dejó al menos 500 personas desaparecidas, la mayoría estudiantes y militantes de grupos armados contrarios al gobierno, que querían provocar un cambio revolucionario.
Uno los desaparecidos fue Jesús Piedra Ibarra, hijo de la dirigente del Comité Eureka, según las autoridades muerto en un enfrentamiento contra la policía y el ejército. Pero de acuerdo con testimonios de sobrevivientes de la represión, Piedra Ibarra fue visto con vida en algunas cárceles clandestinas de la época.
Tenemos ninguna esperanza de que sucedan las cosas conforme a la justicia que demanda el pueblo de México, no nos convencen estas cosas espectaculares, propagandísticas, tenemos 30 años recibiendo engaños y burlas, dijo tajante Ibarra de Piedra.
Hasta que sepamos el paradero de nuestros hijos, entonces vamos a poder declarar de una forma que no tiene que ser de alabanza a quienes tardíamente cumplieron con su deber, agregó la activista quien también fue candidata a la presidencia del país por un partido de izquierda.
El pedido de arresto contra Echeverría y demás ex funcionarios se debió tomar mucho tiempo atrás. Esperamos que cumplan con su deber ahora, ya que eso debió haber sido perseguido de oficio. Y ahora van decir que si se consigna a Echeverría va a ser un hecho histórico. Pues yo no sé por qué tiene que ser un hecho histórico un caso de justicia, dijo.
En cambio, la activista Alejandra Ancheita, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo a IPS que el pedido de arresto es un hecho absolutamente histórico.
Es un acierto que tiene que ver con una investigación apegada a todos los documentos probatorios que se pudo allegar la Fiscalía Especial. Me parece que ha sido una de las averiguaciones previas más trabajadas, en donde se pudieron dar mayores elementos para poder consignar a los sospechosos, opinó Ancheita.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, deberían ser procesados los militares a los que se compruebe participación en los hechos de violencia del pasado, como la matanza de 1971 y la perpetrada en octubre de 1968.
Echeverría, ahora de 82 años, era ministro de Gobernación el 2 de octubre de 1968, cuando se lanzó un operativo contra estudiantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en el este de ciudad de México.
El mitin estudiantil fue el momento culminante del efervescente movimiento universitario mexicano. La manifestación fue atacada a balazos por un grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia y por disparos de militares que tenían rodeado el lugar de la protesta.
El gobierno nunca reconoció que 300 personas murieron en esa jornada, como afirman familiares, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos.
Tras 70 años de hegemonía del PRI en el poder, en 2000 asumió el gobierno el centroderechista Partido Acción Nacional (PAN).
El 27 de noviembre de 2001 el presidente Vicente Fox, del PAN, creó la Fiscalía Especial, encargada de investigar aquellos actos de represión y de llevar ante la justicia a los culpables.
En julio de 2002, Echeverría prestó testimonio ante la Fiscalía Especial ante denuncias de genocidio, homicidio, lesiones y desapariciones forzadas, interpuestas por varios connotados ex líderes estudiantiles del movimiento del año 68.
En seis horas de comparecencia, el ex mandatario se declaró inocente de todos los cargos. Sus abogados, además, argumentan que los crímenes que se le imputan han prescripto.
El abogado Juan Velásquez, uno de los defensores de Echeverría, sostuvo que en México nunca hubo genocidio.
Los paramilitares halcones fueron formados por el fallecido ex presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), quien por cierto años después de 1968 asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido el 2 de octubre, dijo.
Según Velásquez, en junio de 1971 hubo un enfrentamiento entre Los Halcones y un grupo de manifestantes.
Pero fotografías de la época muestran que los estudiantes fueron atacados por los paramilitares, primero con varas de bambú y luego con disparos de pistolas y ametralladoras.
