Este jueves debería ser el día en que Kenia despertara bajo una nueva Constitución que colocara a este país de Africa oriental en la senda del buen gobierno y el desarrollo. Pero una vez más, el gobierno incumplió su promesa.
El presidente Mwai Kibaki, que asumió el poder en diciembre de 2002 de manos de Daniel Arap Moi, había prometido hacer aprobar una nueva Constitución al cumplirse 100 días de su gobierno. Sin embargo, disputas políticas entre diferentes facciones de la gobernante Coalición Nacional del Arco Iris (NARC) llevaron a tres postergaciones del plazo.
En un discurso ante la televisión nacional el lunes 28, el presidente dijo que el plazo del 30 de junio fue fijado de buena fe, pero es obvio que pese a los esfuerzos realizados, no será posible tener una nueva Constitución para esa fecha.
Una conferencia nacional con el mandato de revisar la Constitución de Kenia fue lanzada en abril de 2003. Más de 600 delegados del parlamento, grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales se reunieron en los meses siguientes para redactar un proyecto, que dieron a conocer en septiembre de ese año.
El proyecto constitucional contiene cláusulas que, según activistas, ayudarán a combatir la corrupción.
Estipula controles institucionales que imponen mayor responsabilidad pública a los organismos gubernamentales, dijo a IPS Ababu Namwamba, principal asesor de la Cámara de Justicia Internacional, con sede en Nairobi, una ONG que vigila la corrupción.
Kenia figuró en el lugar 123 de 133 países en el Indice de Percepción de Corrupción 2003 de la organización Transparencia Internacional, con sede en Berlín. Entre los 10 países considerados más corruptos que Kenia figuran Angola, Nigeria y Haití.
El proyecto constitucional contiene una cláusula para transferir parte de los poderes presidenciales a manos de un primer ministro (un cargo nuevo), y esto generó profundas divisiones dentro de la NARC.
La cláusula fue introducida debido a la percepción pública de que la presidencia goza de excesivos poderes que han dado lugar a abusos y permitieron a Arap Moi permanecer en el poder 24 años.
En marzo de 2004, miembros del Partido de la Alianza Nacional de Kenia (NAK), encabezados por el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, Kiraitu Murungi, salieron intempestivamente de la conferencia constitucional en protesta por la propuesta transferencia de poder.
Pero el Partido Democrático Liberal (LDP) votó por la cláusula. Trascendió que Raila Odinga, miembro de ese partido y Ministro de Caminos y Obras Públicas, recibió la promesa del puesto de primer ministro a cambio de su respaldo a Kibaki en la elección de 2002.
Posteriormente, el proyecto constitucional fue entregado al parlamento para su discusión, pero ésta no se ha materializado.
En lo que muchos consideraron un intento de mantener los poderes presidenciales, Murungi presentó dos proyectos este año para dar al parlamento el derecho a enmendar el proyecto constitucional, pero ambos fueron retirados posteriormente.
Actualmente, los legisladores pueden aceptar o rechazar el proyecto, pero no modificarlo, aunque se habla de un nuevo proyecto que permitiría un arreglo entre las distintas partes.
El incumplimiento del nuevo plazo generó duras críticas. Kibaki y su gobierno han hecho muy poco por la aprobación de la nueva Constitución, lamentó Wahu Kaara, copresidente de Bombas Katiba Watch, un grupo de delegados de la conferencia constitucional que impulsan la aprobación del proyecto.
Kibaki no ofrece un liderazgo a este país. Ha dejado que sus ministros lo aconsejen mal a él y a todo el país, dijo Kaara a IPS.
Bomas Katiba Watch organizará una manifestación pública este sábado, en que hablarán partidarios del LDP. El NAK realizará otro acto a tiro de piedra, lo que ha generado temores de enfrentamientos. (
