Bolivia, el país andino con mayor proporción de pobres, vive una efervescencia social en la que los pueblos indígenas del trópico y de la extensa altiplanicie intentan ganar espacios para un modelo de gobierno que respete sus culturas, lenguas y territorios.
Casi tres millones de ciudadanos acudieron a las urnas el domingo para expresar su opinión sobre la explotación de los hidrocarburos y, según el escrutinio aún no finalizado, una mayoría autorizó al presidente Carlos Mesa a recuperar la propiedad estatal del petróleo y sus derivados, ahora en manos de empresas transnacionales.
Pero ese plebiscito es apenas el inicio del ejercicio de la democracia directa reclamada por sectores populares en los últimos 21 años de gobiernos constitucionales.
El siguiente paso en el escenario trazado por los pueblos indígenas y las organizaciones sindicales es la instalación en 2005 de la Asamblea Constituyente que, en opinión de Mesa, dará pie a la refundación de esta república creada en agosto de 1825.
”La convocatoria a la Constituyente no debe ser excluyente y necesita aplicar criterios de reconocimiento de la diversidad cultural y el carácter pluriétnico del país”, dijo a IPS el asesor de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Javier Paredes.
Sesenta y dos por ciento de la población boliviana de 15 o más años de edad se identificó con algún pueblo originario en el último censo de población de 2001, del Instituto Nacional de Estadística (INE). Treinta y un por ciento se manifestó quechua, 25 por ciento aymara y seis por ciento de otras etnias.
Bolivia tiene nueve millones de habitantes, según la última estimación del INE, de junio de este año, de los cuales 71 por ciento son pobres y 40 por ciento indigentes.
La Cidob agrupa a 34 pueblos originarios de siete de los nueve departamentos bolivianos y es una de las organizadoras de la Segunda Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala (América), que se inicia este miércoles en Quito, Ecuador, como antesala del Primer Foro Social de las Américas.
Con el lema ”Construyendo los estados plurinacionales”, la Cumbre continuará hasta este domingo, centrada en siete ejes temáticos.
Ellos son tierra, territorios y recursos naturales, autonomía y libre determinación, diversidad y pluriculturalidad, conocimientos indígenas y propiedad intelectual, derechos de los pueblos aborígenes y organismos multilaterales, nacionalidades y pueblos originarios, movimientos sociales y Foro Social Mundial.
Escenarios similares de lucha por la tierra, los derechos culturales y educativos y el acceso a instancias de gobierno se repiten entre las comunidades indígenas de los países latinoamericanos.
Desde la región oriental de Bolivia, la Cidob concentró su atención en un pacto social para establecer un acuerdo nacional sobre la nueva república.
En medio de la convulsión social de octubre de 2003, en la zona occidental, cuando la represión a una revuelta popular contra la política gasífera del gobierno dejó 70 muertos, la Cidob pidió al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) ”el ”perfeccionamiento del sistema democrático por la vía pacífica”.
La organización indígena también reclamó el plebiscito sobre los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente.
El pedido no fue escuchado y, poco después, Sánchez de Lozada renunciaba a su cargo, dejando el poder al vicepresidente Carlos Mesa, mediante una sucesión aprobada por el Congreso legislativo.
La propuesta de los pueblos orientales está sustentada en la autonomía de los territorios, una forma de descentralización del poder a espacios menores como las provincias, los municipios y los territorios comunitarios de origen (TCO), tierras inembargables e indivisibles sobre las cuales los indígenas tienen derechos colectivos de explotación, explicó Paredes.
Esta iniciativa difiere de la postura de empresarios, dirigentes cívicos y organizaciones políticas del próspero centro-oriente, como la llamada ”Nación Camba”, que aspiran a la autonomía del gobierno central y no excluyen la amenaza secesionista de crear su propia república.
”Para la Cidob es importante mantener la unidad del país” por las posibilidades de generar competitividad e integración regionales, aclaró Paredes.
Las demandas indígenas apuntan al reconocimiento de un conjunto de normas, prácticas culturales, usos y costumbres y relaciones interculturales, dijo a IPS el investigador y pedagogo del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Juan Carlos Rojas.
En la región andina occidental es notorio el liderazgo del líder aymara Felipe Quispe, que aspira e reconstituir el Kollasuyo, antigua división administrativa en territorios que pertenecieron al imperio incaico, bajo la modalidad del gobierno comunitario del ”ayllu”.
Las formas originarias de organización territorial ”colisionan” con la estructura política del Estado, explicó Rojas.
Mientras, los espacios reclamados por los indígenas en las tierras bajas de oriente generan conflicto con empresas forestales y petroleras y con terratenientes ganaderos, y en el altiplano aparecen disputas por el uso del agua entre campesinos y compañías mineras.
Rojas recordó que las organizaciones indígenas del oriente obtuvieron carta de ciudadanía con dos largas marchas, en 1990 y en 1996, uniendo a pie los 1.000 kilómetros que separan la capital del departamento del Beni, Trinidad, y la sede de gobierno en La Paz.
Aquellas marchas quebraron la condición de ”silvícolas y bárbaros” a la que estaban confinados esos indígenas, opinó Rojas. Y desde esa movilización, el gobierno aceptó concederles espacios territoriales, conocidos como TCO.
Por este mecanismo han pasado a propiedad de las comunidades orientales seis millones de hectáreas de los 24 millones reclamados, afirmó Paredes.
Pero la demanda de tierras comunitarias se ha extendido a occidente. Los indígenas aymaras y quechuas piden la propiedad de dos millones de hectáreas para cultivos y actividades socioeconómicas.
Además, surgió un Movimiento de campesinos Sin Tierra, como prueba de que la reforma agraria adoptada en agosto de 1953 (en el marco de la revolución que nacionalizó las minas de estaño y estableció el voto universal) no resolvió la cuestión de la propiedad rural, opina Rojas.
Por otra parte, el gas natural del que Bolivia posee la segunda reserva más grande de América del Sur después de Venezuela, con 54 trillones de pies cúbicos, da pie a otras preocupaciones de los pueblos orientales.
Tras una negociación con el gobierno en 1996, los indígenas consiguieron limitar la acción de las compañías petroleras en sus tierras ancestrales. Ahora se proponen obtener regalías de dos por ciento a la explotación de gas, que quieren destinar al desarrollo de sus comunidades.
A juicio de Paredes, el próximo frente de lucha estará concentrado en la nominación de representantes a la Asamblea Constituyente. La Cidob reclamará un representante por cada grupo étnico, sin importar la cantidad de población de cada uno.
Esta será la base de la nueva batalla de la Cidob, anunciada cuando aún no termina el escrutinio del plebiscito sobre el gas, que impulsó desde su hábitat de selva y bosque.
