Lo increíble fue salir ilesa. Gloria Ramírez se retiró de la oficina y entró al automóvil, protegida por dos escoltas, y luego se desató la balacera. Sólo uno de sus protectores quedó con la mano herida, pese a los tiros incontables.
Ramírez era presidenta del sindicato de educadores del central departamento colombiano de Risaralda cuando sufrió el atentado, en 1989. Su vida de dirigente sindical había empezado el año anterior, cuando recién había tenido su primer hijo.
Ante el riesgo de vida, dejó su tierra y se fue a Bogotá, en su primer desplazamiento forzado de su hogar, siguiendo en la vida sindical y dando clases voluntarias. En 2000 se convirtió en la primera mujer en presidir la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Fue un ascenso tardío de una mujer a la presidencia de una organización fundada en 1959 y que representa una categoría profesional formada en 75 por ciento por maestras y profesoras, observó Ramírez.
Las amenazas permanentes ”me hicieron un personaje de alto riesgo”, acompañada siempre de cinco escoltas, viviendo en un ”apartamento blindado”, así también como el automóvil, con una vida anormal ”por el simple hecho de ser sindicalista”, contó a IPS Ramírez, en un intervalo del Foro Mundial de Educación, que tiene lugar en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre.
En septiembre del año pasado recibió un aviso de que ”debería dejar el país y renunciar al sindicalismo”, fijando un plazo hasta 10 de octubre para hacerlo. Pero decidió ”seguir en la lucha, en defensa del derecho al trabajo y de la Constitución”, hasta que una semana después la amenaza se hizo ”más contundente”, dirigiéndose también a su familia y a otros ”10 compañeros”.
La organización sindical creyó entonces mejor proteger su vida, enviándola a ”un exilio temporal” en Madrid, cumpliendo la misión de denunciar la violencia y las violaciones de los derechos humanos en su país, llamando a la solidaridad internacional. La acompañan sus dos hijos, de 12 y 17 años, y su esposo, también profesor.
Su esperanza es que una campaña mundial, un ”SOS” del sindicalismo internacional frente al intento de ”aniquilamiento” de los sindicatos en Colombia, produzca las condiciones para regresar a su país. La movilización culminará en una audiencia pública en Bogotá, del 15 al 18 de septiembre, buscando reunir representantes de todo el planeta para pedir a las autoridades colombianas garantías para la actividad sindical.
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo declararon que ”una de las profesiones más peligrosas es ser sindicalista en Colombia”, señaló Ramírez, una carismática señora de 47 años, que habla con entusiasmo de sus ideas y es graduada en Física y Matemática, con maestría en Desarrollo Social y Educativo.
El conflicto armado y generalizado en Colombia, con 45 millones de habitantes, produjo el fenómeno del ”refugio interno”, con una población desplazada de tres millones de personas, una cifra solo superada sólo en el Congo y en Sudán, destacó.
El movimiento sindical es uno de los blancos preferidos de la violencia y se sospecha de una campaña de aniquilamiento, que comprende desde el ”exterminio selectivo” de los dirigentes al hostigamiento de sus familiares y la ”estigmatización” de los activistas como ”privilegiados que actúan en contra del interés nacional”, explicó Ramírez.
La Central Unica de Trabajadores registra más de 3.500 dirigentes y afiliados asesinados en los últimos 10 años.
Los profesores no escapan a las ejecuciones. En 10 años fueron muertos 642 de ellos, 41 en el año pasado, y hay 2.000 desplazados de sus hogares, obligados a dejar su local de trabajo por las amenazas.
Viven ”entre dos fuegos”, definió la maestra, poniendo en un mismo lado al Ejército y las fuerzas paramilitares de derecha y del otro a la guerrilla izquierdista que se mantiene activa en Colombia desde hace más de 40 años.
”¿Qué puede hacer un maestro cuando tropas del Ejército deciden dormir en su escuela? ¿Qué decir si los paramilitares dejan allí sus armas o la guerrilla convoca una reunión de padres de la comunidad en la escuela?”, se preguntó ante IPS. Atender a una de las partes puede significar represalias de la otra, aclaró.
Por ello se puso en marcha un movimiento reclamando que las escuelas sean reconocidas como ”territorio de paz”. Es posible que las fuerzas en confrontación lo acepten si hay presión internacional y esto podría ser el inicio de un proceso de diálogo, para una solución negociada del conflicto, sueña Ramírez.
Pero no alimenta ilusiones respecto del actual gobierno colombiano de Alvaro Uribe, que lo califica de ”ultraderecha” y practicante de la ”guerra preventiva” adoptada por Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
En Colombia, cualquier ”sospechoso de ser un potencial terrorista” puede ser detenido o tener su casa allanada por el Estatuto Antiterrorista, aprobado en mayo y que ya se aplica aunque no haya sido reglamentado, denunció la sindicalista.
Las víctimas son líderes de movimientos sociales y defensores de derechos humanos. El Estado policial creó también una red de informantes, aprovechando el desempleo de 18 por ciento de los trabajadores, acotó.
En Colombia conviven los ”valores de la modernidad y otros códigos impuestos por grupos armados”, el ”debido proceso legal” lo tienen que cumplir las Fuerzas Armadas, pero no los paramilitares, creados justamente para violar las leyes, como explicara a IPS Ramón Moncada, dirigente de la organización no gubernamental Corporación Región, de Medellín, y miembro del Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación.
Con el gobierno de Uribe y su prioridad a la ”seguridad democrática”, bajo el argumento de que ”la seguridad es el primer sentimiento humano”, se acentuó el militarismo y las inversiones en la guerra, en desmedro del área social, indicó.
Eso es un ”error táctico y político”, según Moncada, porque una mayor atención a la guerra podría afirmar un gobierno que beneficia niños y jóvenes, desestimulando la guerra.
