La Organización Mundial del Comercio (OMC) se apresta a vivir desde el viernes próximo dos semanas de negociaciones intensas y decisivas para la suerte de la Ronda de Doha, con la cuestión de los subsidios agrícolas del Norte en el centro de la escena.
La clave que puede conducir al éxito o a un nuevo fracaso de la liberalización comercial promovida por la OMC, será un documento que debe presentar en esa fecha el presidente de la sesión especial de las negociaciones sobre agricultura, el neozelandés Tim Groser.
La agricultura sigue siendo el meollo de las negociaciones encomendadas por la conferencia ministerial que se realizó en noviembre de 2001 en Doha, la capital de Qatar.
Los ministros de Australia, Brasil, India, Estados Unidos y Unión Europea, que a grandes rasgos representan los intereses cruciales de la negociación agrícola, convinieron el fin de semana pasado en París que ahora todo está en manos de Tim Groser.
Las discusiones sostenidas en la capital francesa de los Cinco Partes Interesados (P-5), que giraron básicamente en torno al tema de la agricultura, concluyeron sin muestras de progresos, pero tampoco de rupturas, según resumieron sus participantes.
Por lo menos no se dio marcha atrás, aunque se reconoció que subsisten dificultades, dijo Alfredo Chiaradía, negociador de Argentina, después de escuchar los informes separados de Australia, en nombre del Grupo de Cairns que conforman 18 países opuestos a los subsidios agrícolas, y de Brasil e India, del Grupo de los 20, que luchan contra esos beneficios y otras distorsiones de los mercados en detrimento del Sur.
En esas condiciones, el proceso de Doha, programado para concluir el 31 de diciembre próximo, se mantiene con vida, aunque todavía depende de un vencimiento crítico a fines del presente mes, cuando la OMC deberá disponer de un marco que orientará la fase final de la negociación.
El documento de Groser puede determinar el futuro de la Ronda de Doha, pues los demás puntos de la negociación, servicios, productos industriales, normas y propiedad intelectual, entre otros, quedan supeditados en la práctica a lo que ocurra con la agricultura.
El director general de la OMC, el tailandés Supachai Panitchpakdi, y el presidente del consejo general de la organización, el japonés Shotaro Oshima, aguardan el balance de Groser para incorporarlo al proyecto de documento marco de la Ronda de Doha, que los 147 estados miembros que tendrán discutir en las dos semanas finales de julio.
Supachai anunció este lunes que ha desistido de viajar a Mauricio a causa de los escasos días que faltan para la emisión del borrador del documento y de que la extremadamente sensible sección de agricultura aún debe redactarse.
El jefe de la OMC tenía programado originalmente asistir desde este martes en Mauricio a la conferencia de ministros del Grupo de los 90 (G-90), que reúne a los países menos avanzados, a la Unión Africana y al Grupo de ACP (Africa, Caribe y Pacífico).
El G-90 adquirió notoriedad cuando defendió las posiciones de los países más pobres durante la fracasada conferencia ministerial de la OMC realizada en el balneario mexicano de Cancún, en septiembre pasado.
Supachai indicó que comprende la frustración de muchos de los ministros del G-90 con relación a la lentitud de las negociaciones de Doha, aunque sostuvo que ese proceso ha alcanzado progresos considerables desde el lanzamiento de la ronda.
El funcionario opinó que muchos países industriales clave han mostrado flexibilidad considerable en importantes áreas de las negociaciones y agregó que todos los miembros de la OMC deben indicar su voluntad de llegar a compromisos.
En el caso de los países del G-90, resulta crítico que ellos demuestren flexibilidad en las cuestiones críticas aún pendientes, insistió Supachai.
En contraste, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, el Instituto de Políticas para la Agricultura y el Comercio, conocido por su sigla en inglés IATP, previno a los países en desarrollo de los riesgos que puede presentar la propuesta de Groser sobre el acuerdo agrícola.
La advertencia del IATP alude a la posibilidad de que el texto de Groser acepte que Estados Unidos modifique la caracterización de los subsidios que otorga a sus agricultores, para permitir que continúen vigentes.
Luego de perder la reciente disputa con Brasil por las ayudas a los cultivadores de algodón, Washington se enfrenta a la exigencia de introducir reducciones reales en sus programas de asistencia doméstica a la producción agropecuaria, juzgados ilegales por la OMC.
Pero para evitar esas reducciones, Estados Unidos presiona agresivamente en la OMC para colocar esos programas de subsidios en la denominada caja azul.
Muchos países que no pueden competir con los subsidios de Estados Unidos han reaccionado airados ante la modificación propuesta por Washington, dijo el IATP.
Sin embargo, Groser ha acusado a de aguar la fiesta a quienes se oponen a la expansión de la caja azul, sostuvo la organización con sede en Minneapolis.
El régimen de ayuda interna de la OMC determina que las políticas que tienen mínimo o ningún efecto de distorsión comercial o de consecuencias en la producción, se colocan en la caja verde y no están sometidas a demandas de reducción.
En cambio, aquellas políticas que son consideradas como causantes de distorsión del comercio se colocan en la caja amarilla o ámbar y están sujetas a reducciones, como es el caso del apoyo a los algodoneros estadounidenses.
Empero, si los pagos a los agricultores están acompañados de programas destinados a limitar la producción, pueden ser colocados en la tercera caja, la identificada como azul, donde quedan exceptuados de las reducciones negociadas en el tema de la ayuda interna.
La expansión de la caja azul, permitiendo que se incorporen en ella las subvenciones distorsivas del comercio, puede llegar a frustrar el documento de Groser y el conjunto de la negociación de Doha, vaticinó una fuente allegada al G-20, el grupo que coordinan Brasil, India y Sudáfrica.
