Con la designación de una nueva cúpula policial y el reemplazo del ministro de Justicia, el gobierno de Argentina intentó este lunes recuperar la iniciativa en el área más criticada de su gestión, como es la seguridad pública afectada por el aumento de delitos y la protesta callejera de piqueteros.
La inseguridad ciudadana es un problema que está a la cabeza de las preocupaciones de los argentinos consultados en la encuesta de la consultora Equis, por encima incluso del desempleo, que aún afecta a 19,5 por ciento de los activos.
Por eso no extraña que la primera crisis de gabinete del gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner haya detonado en la cartera que atiende esta área.
"La estrategia de seguridad del gobierno había fracasado ya en el aspecto del combate a la criminalidad, y en el manejo de las protestas callejeras que aportan a la sensación de inseguridad ciudadana", aseguró a IPS el politólogo Sergio Berensztein, de la privada Universidad Torcuato Di Tella.
Berensztein se refirió así al índice de delincuencia común, pero también a los cortes de rutas, calles y puentes a cargo de parte del movimiento de desempleados, llamados piqueteros precisamente por adoptar esa modalidad de protesta. Aunque, sin dudas, llamaron más la atención los grupos que ocuparon sedes de oficinas públicas, de empresas, comercios, casinos, hospitales, comisarías o cabinas de peaje de ruta.
El experto consideró que, con los cambios de funcionarios decididos el pasado fin de semana, "el gobierno intenta cerrar un asunto que erosionaba la confianza en su gestión. Una encuesta que realizó la Universidad Torcuato Di Tella muestra que en julio el índice de confianza en el gobierno de Kirchner fue el más bajo de su gestión desde que comenzó hace 14 meses.
En una escala de 0 a 5, la consulta registró que Kirchner se mantuvo en buena parte de lo que va de su gestión en torno al puesto tres, pero en junio cayó al escalón 2,49 pese a que su popularidad sigue alta. En cambio, su antecesor, Eduardo Duhalde (2002-2003), apenas había llegado a 0,32 y 1,36.
Fue el mes pasado cuando se precipitaron los hechos que signaron en las últimas horas la salida de la jefatura de la Policía Federal de Eduardo Prados y la renuncia forzada de Gustavo Béliz al cargo de ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Béliz, quien también ocupó el mismo puesto al comienzo del gobierno de Carlos Menem (1989-99) y se fue por considerar que era "un nido de víboras, dejó de pertenecer justamente en aquella época al gobernante Partido Justicialista (peronista) y, por tanto, era uno de los escasos miembros extrapartidarios del gobierno.
Se había destacado por un discurso a favor de la transparencia. Su primer gran gesto político fue en octubre último, cuando pidió la inmediata renuncia del jefe de la Policía Federal de entonces comisario Roberto Giacomino, acusado de favorecer a familiares en negocios millonarios para proveer bienes al hospital policial y a otras dependencias de esa fuerza.
Pero en el último mes, los problemas de gestión en el área de seguridad comenzaron a mostrar su vulnerabilidad, no sólo por ser blanco de las críticas de la oposición sino porque mellaba la credibilidad del propio gobierno en general.
Un hecho clave fue el asesinato a fines de junio de Martín Cisneros, un militante del movimiento piqueteero afín al gobierno de extensa trayectoria social en el barrio céntrico de La Boca
El crimen de Cisneros, considerado un asesinato político por los líderes de los desempleados, desató la inmediata reacción de vecinos y piqueteros que ocuparon una comisaría cercana por casi una noche hasta que el gobierno negoció directamente para desactivar la crisis sin apelar a la acción policial directa.
A ello le siguió una acción violenta contra la sede de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (parlamento comunal), perpetrado el 16 de este mes por vendedores ambulantes, travestis, desempleados y militantes de izquierda, aunque también se sospecha de la presencia de personas ajenas a los manifestantes que exacerbaron la protesta.
Los manifestantes protestaban por la inminente sanción de un nuevo Código Contravencional, que aumenta el número total de figuras delictivas penadas con arresto y rebaja la edad de imputabilidad a los 16 años, entre otros puntos. La iniciativa apuntaba también a un mayor control de la protesta callejera.
El violento ataque contra la Legilslatura, que obligó a suspender la sesión y a mantener a empleados y legisladores dentro del edificio para preservar su seguridad, duró más de cuatro horas sin que interviniera la policía, pese a que hubo varios heridos. Finalmente fueron detenidas 17 personas.
Como consecuencia de estos episodios, Kirchner pidió el jueves pasado la renuncia del jefe de policía por desoír su directiva de prevenir los desmanes sin utilizar armas de fuego. Prados había rechazado esa orden. Ese cambio en la cúpula policial marcó el inicio de la cuenta regresiva para el ministro Béliz.
Dos días después, el mandatario separó del cargo a Béliz, quien lanzó entones duras críticas a la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), a la que señaló como responsable de no advertir sobre infiltrados en la protesta de la Legislatura, y cuestionó el estilo de Kirchner al que calificó de autoritario.
Los cuestionamientos de Béliz, quien dijo que la SIDE es como "una gestapo y acusó al presidente de "humillar a colaboradores, dieron pie a sus opositores políticos que intentaron este lunes capitalizar las críticas aún cuando los cambios en la política de seguridad eran reclamados por todos.
La líder de la centroizquierdista Afirmación para una República de Iguales, Elisa Carrió, suscribió a las acusaciones de Béliz sobre "el estilo humillante" de Kirchner en el trato con sus ministros, y dijo que los nuevos funcionarios de Justicia y Seguridad "son secuaces del presidente.
Carrió, al igual que el senador Rodolfo Terragno, de la centrista Unión Cívica Radical, y el jefe del centroderechista partido Recrear, Ricardo López Murphy, coincidieron con las acusaciones de Béliz sobre el manejo "absolutamente irregular de fondos de la SIDE que, según el funcionario saliente, es "un ministerio paralelo que no rinde cuentas sobre sus millonarios gastos.
No obstante, Berensztein consideró que las críticas podrían no mellar la confianza en el gobierno si la nueva política de seguridad entrega resultados. "Béliz y su equipo eran expertos en temas de justicia pero no de seguridad, y ahora el gobierno decidió confiar en gente con experiencia, señaló.
El designado a la jefatura de la Policía Federal es Néstor Valleca, comprometido a no reprimir la protesta sino a prevenirla mediante armas no letales, como palos, carros hidrantes, vallas y escudos. Esa fue la estrategia ordenada este mismo lunes para controlar las manifestaciones callejeras en caso de disturbios.
En tanto, para el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Kirchner designó a Horacio Rosatti, y para la secretaría de Seguridad a Alberto Iribarne, un funcionario con experiencia en negociación para controlar las protestas durante la gestión de Duhalde.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, defendió las nuevas designaciones y consideró como "personalísimas las acusaciones de Béliz. En cuanto a la posibilidad de que haya habido infiltrados en la protesta de la Legislatura pertenecientes a grupos de choque de clubes de fútbol, el ministro no lo negó.
"La política de prevención es la única que nos va a garantizar que seamos nosotros y no los otros, los que tomemos las decisiones, remarcó.
En este sentido, el funcionario aseguró que el cambio de ministro "no implica una crisis del gobierno. "No hay crisis, el presidente sigue su rutina y la política no cambia, reafirmó el ministro, intentando poner fin al episodio que se llevó al primer ministro del gabinete de Kirchner.
