La discusión parlamentaria sobre la fijación del salario mínimo en Brasil terminará probablemente con una derrota del gobierno, pero aun cuando esto no ocurra, el embate legislativo llevará a un nuevo desgaste del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Para un mandatario que inició su vida pública como dirigente sindical y que llegó a la política como fundador del Partido de los Trabajadores (PT), fijar el nuevo salario mínimo en 260 reales (algo más de 80 dólares) fue un trago amargo. Algunos allegados han dicho que Lula llegó a derramar lágrimas ante las implacables cifras presentadas por sus ministros.
Aunque el sueldo mínimo se aplica a la actividad privada, constituye un factor de indexación en la intrincada legislación laboral brasileña y, sobre todo, en el reajuste de las prestaciones pagadas por el deficitario sistema previsional.
Veinte por ciento de los más de 20 millones de jubilados y pensionistas perciben como remuneración un salario mínimo.
Según las cuentas del gobierno, cada real de aumento al sueldo mínimo representa un costo de unos 1.716 millones de reales por año (más de 500 millones de dólares) para las arcas de la previsión social y, por tanto, para la profundización del déficit del sistema.
Los ministros de Lula trabajaron infructuosamente durante abril en busca de alternativas legales para el magro aumento anual que se resuelve cada mes de mayo, y que este año fue fijado en 8,3 por ciento.
La propuesta mejor a la que arribaron fue incrementar los beneficios sociales por familia constituida.
Este drama es vivido todos los años en Brasil, pero a Lula no sólo le pesa su pasado sindical sino su promesa electoral de duplicar el sueldo mínimo en sus cuatro años de gobierno, compromiso que el gobierno ya admite imposible de sostener.
Este año, el drama del salario mínimo se magnifica en el ámbito de las campañas para las elecciones municipales de octubre, donde es hábilmente blandido no sólo por la oposición socialdemócrata sino por los conservadores del Partido del Frente Liberal (PFL) y los ex comunistas del Partido Progresista Social (PPS).
A lomos de una campaña electoral que apenas está comenzando, el PPS muestra en sus anuncios televisivos personas afirmando que ahora viven peor que antes, aunque sin precisar en qué punto del pasado está ese antes, mientras los conservadores del Frente Liberal critican la insensibilidad de Lula con los más necesitados.
El aumento del salario básico fue aprobado ya por la cámara baja y su votación en el Senado ocurrirá el martes o miércoles de la semana próxima, cuando será cotejado con una propuesta del senador del PFL César Borges, que propone un mínimo de 275 reales (88 dólares), con un costo adicional para la previsión social de algo más de 8.000 millones de dólares.
Si la propuesta del gobierno gana la votación, ciertamente Lula perderá en las próximas encuestas de popularidad, como defensor de un sueldo mínimo miserable. Pero será mejor que tener que vetar el aumento propuesto por el PFL y que tiene probabilidad de ser aprobado en el Senado.
Como dijo el ministro de la Casa Civil (jefe del gabinete) José Dirceu, estar en el gobierno es mejor que estar en la oposición, pero los problemas son mucho mayores.
