Los inmigrantes argentinos en España están más cerca de obtener permisos de residencia y trabajo que sus pares de Ecuador y de Africa, que continúan sujetos a laborar sin contratos y bajo el constante peligro de la deportación.
Los cancilleres Rafael Bielsa, de Argentina, y Miguel Angel Moratinos, de España, acordaron este martes en la capital española la creación de un grupo de trabajo que estudiará la situación de los argentinos que residan sin permiso en territorio español, "para prestarles oído", según dijo el primero en la rueda de prensa que ofrecieron juntos.
El grupo estará integrado por diplomáticos y representantes de las siete organizaciones de inmigrantes argentinos en España, las que también se reunieron con Bielsa.
El ministro argentino informó de que la cartera del Interior de su país continuará elaborando a través de Internet un censo de inmigrantes, en el que ya se anotaron unos 15.000 de los 100.000 que residen en España, según cifras de organizaciones no gubernamentales.
El acuerdo fue recibido con reticencias. Miguel González, secretario general de la asociación Ecuador Llactacaru" (Ecuador Tierra Distante, en la lengua indígena quichua) dijo a IPS que no cabe hacer diferencias según la nacionalidad de los trabajadores inmigrantes, y que los derechos deben reconocerse a todos.
González subrayó que en este país hay más de un millón de inmigrantes sin papeles. Son "ciudadanos irregulares, sin derechos, desprotegidos, que viven en un apartheid jurídico", sostuvo en referencia al régimen segregacionista blanco que rigió en Sudáfrica hasta 1994.
Aunque es positivo que se avance con los argentinos, "que no se olvide ni se margine a los demás", reclamó.
A su juicio, no es cierto que si el Estado español resolviera legalizar la situación de todos los trabajadores inmigrantes incitaría una ola inmigratoria más intensa. "Venimos aquí porque hay trabajo, porque necesitan mano de obra y porque nosotros queremos trabajar", finalizó.
Fuentes de la cancillería española dijeron a IPS que sería importante llegar a un pacto de Estado, apoyado por todos los partidos políticos, para atender en forma prioritaria la situación de todos los inmigrantes y no sólo de los argentinos. La fuente no aclaró cuál sería el contenido de ese pacto.
El abogado argentino defensor de derechos humanos Carlos Slepoy, quien se exilió en esta nación europea durante la última dictadura militar de su país (1976-1983), dijo a IPS que Argentina y España deben aplicar tratados internacionales vigentes que garantizan, recíprocamente, el derecho al trabajo de los inmigrantes procedentes de ambas naciones.
Además, subrayó, el censo es innecesario porque deja fuera a quienes no se inscriban por prevención, temores o falta de información, mientras "todos tienen derecho a que se regularice su situación".
Un cierto grado de ambigüedad respecto del acuerdo se reflejó en las declaraciones de Moratinos de este martes.
"Sensibles a la situación de los argentinos, hemos creado un grupo de trabajo para acelerar el estudio de los problemas eventuales que puedan surgir en esta cuestión", dijo Moratinos.
Un objetivo prioritario del gobierno español instalado hace dos meses es "ordenar la inmigración y plantear un pacto de Estado", agregó.
La cautela del gobierno español se debe en gran medida a que está obligado a respetar los acuerdos migratorios de la Unión Europea, sin dejar de lado los tratados firmados con Argentina, contradictorios en algunos aspectos.
Bielsa tampoco fue muy explícito. "Nadie conoce mejor su desgracia que quien la padece. Hay muchos inmigrantes en situación irregular que no la pasan bien, y creo que prestarles oído a su vida cotidiana sería razonable e inteligente", sostuvo.
Bielsa dejó en claro la posición del gobierno argentino favorable a que el grupo de trabajo tenga funciones ejecutivas, en especial para atender los casos de detenciones o posibles amenazas de expulsión contra quienes carezcan de permiso de residencia.
El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, decidió dejar de lado la rígida reglamentación de la anterior administración derechista de José María Aznar, que sólo permitía pactar contratos de trabajo antes de que los trabajadores viajaran a España.
Moratinos aseguró que Madrid "está dispuesta a ayudar a todas estas personas (los inmigrantes) que trabajan y contribuyen al esfuerzo del desarrollo social y económico en España".
La inmigración se cuadruplicó en España en los últimos cuatro años. Los extranjeros pasaron de 637.085 en 1998 a 2.664.168 en 2003, considerando a residentes legales e indocumentados.
Según cifras del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los inmigrantes representan 6,2 por ciento de la población española, de 40 millones de habitantes.
Los ecuatorianos constituyen 14,6 por ciento del total de inmigrantes, seguidos de los marroquíes con 14,2 por ciento. Ecuatorianos, marroquíes y colombianos juntos suman 40 por ciento del total.
De acuerdo con el INE, aumentó el flujo de argentinos, rumanos y búlgaros, pero sin influir significativamente en el total de inmigrantes.
Otro estudio, de la Fundación de las Cajas de Ahorros, prevé que en 10 años más los extranjeros residentes en España sumarán 11 millones de personas, con lo cual una cuarta parte de la población no será española en 2015.
Por otra parte, añade el estudio, 75 por ciento de los nacimientos registrados en 2003 fueron de familias inmigrantes. *****
+ Ecuador Llactacaru (http://www.llacta.org) + Casal Argentino (http://www.casalargentino.org). + Cancillería española (http://www.mae.es) (FIN/IPS/td/dcl/pr hd/04)
