La Corte Suprema de Justicia advirtió al gobierno de George W. Bush que los detenidos por la guerra contra el terror en Estados Unidos y en la base naval en Guantánamo, Cuba, tienen derecho a pedir su libertad ante un tribunal.
El tribunal reconoció, por ocho votos contra uno, plenos derechos procesales a los estadounidenses detenidos como combatientes enemigos, incluido el derecho a la asistencia de un abogado.
Y en un fallo separado, por seis votos a tres, la Corte Suprema admitió que los extranjeros tienen derecho a reclamar por su situación ante un tribunal federal estadounidense.
Ambas sentencias rechazan la facultad que se atribuyó el presidente Bush, en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas, a detener por tiempo indefinido a combatientes enemigos sin acusación, y a negarles acceso a abogado y hasta la posibilidad de reclamar ante la justicia.
Los históricos fallos de hoy son un fuerte repudio al argumento del gobierno de que sus acciones en la guerra contra el terror trascienden el estado de derecho y no pueden ser revisadas por tribunales estadounidenses, dijo el director legal de la Unión para las Libertades Civiles (ACLU), Steve Shapiro.
El gobierno diseñó su guerra contra el terrorismo como esfuerzo para impedir la revisión judicial de sus acciones, pero la Corte Suprema rechazó clara y abrumadoramente esa estrategia, agregó Shapiro.
El Departamento de Justicia, que representa al gobierno ante el Poder Judicial, dijo que sólo comentaría los fallos luego de una completa revisión de la opinión emitida por los nueve miembros de la Corte Suprema.
Las sentencias fueron conocidas en momentos en que Bush se encuentra a la defensiva ante las denuncias de abusos y torturas contra los detenidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib.
Memorandos internos del gobierno publicados como consecuencia del escándalo muestran que, según funcionarios políticos de los departamentos (ministerios) de Justicia y Defensa (Pentágono) y de la Casa Blanca, el presidente disfrutaba de poderes virtualmente ilimitados para mantener a los detenidos indefinidamente.
Según esos documentos internos del gobierno, el presidente no tenía por qué garantizar a los detenidos la protección de las Convenciones de Ginebra, base del derecho internacional humanitario que protege a los prisioneros de guerra y a la población civil afectada por conflictos armados.
Los memorandos indicaban que los detenidos también podrían ser interrogados con técnicas prohibidas por leyes estadounidenses y de convenciones internacionales, como las de Ginebra y la de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Estos documentos causaron malestar en organizaciones de derechos humanos y en la comunidad de abogados de Estados Unidos, que calificaron su contenido de improcedente e inconstitucional, en especial en tiempos de guerra.
La controversia se cobró las primeras víctimas la semana pasada, cuando el representante general del Departamento de Justicia, Ted Olson, anunció su renuncia, al parecer luego de quejarse de que no había sido informado sobre los memorándos.
Al mismo tiempo, renunció Jack Goldsmith, jefe de la prestigiosa Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia, que preparó uno de los documentos.
El rechazo de la Corte Suprema a la potestad de detener indefinidamente a combatientes enemigos estadounidenses y extranjeros sin una revisión de tribunales independientes debilitará los argumentos del gobierno, más ideológicos que legales.
Ninguno de los casos involucrados en las sentencias de este lunes tuvo relación con los detenidos en Abu Ghraib, pero varios analistas consideraron que el escándalo pudo haber marcado el tono del pronunciamiento judicial.
Uno de los casos atendidos por la Corte es el de Yaser Esam Hamdi, un saudita nacido en Estados Unidos que se habría entregado en Afganistán y es considerado de pertenecer al movimiento islámico Talibán, que gobernó ese país hasta la invasión estadounidense de 2001.
El debido proceso exige que un ciudadano mantenido en Estados Unidos como combatiente enemigo debe gozar de una oportunidad significativa de disputar la base de detención ante un tomador de decisiones neutral, indica la sentencia, redactada por la jueza Sandra Day O'Connor.
El estado de guerra no es un cheque en blanco para el presidente, agrega la sentencia. Una segunda decisión se refiere a José Padilla, estadounidense detenido en el aeropuerto de Chicago hace dos años, sospechoso de participar en una conspiración con la red terrorista Al Qaeda para detonar una bomba nuclear sucia.
Ese caso fue derivado a un tribunal inferior por un tecnicismo, pues, según cinco jueces, debió haberse iniciado en Carolina del Sur, donde el hombre está arrestado, y no en Nueva York.
Pero expertos confían en que el caso seguirá el rumbo que marca la sentencia en beneficio de Hamdi.
En el caso sobre detenidos kuwaitíes, australianos y británicos en Guantánamo, la Corte Suprema falló por seis votos contra tres que los extranjeros capturados como potenciales terroristas en Afganistán y en Pakistán deben tener acceso a tribunales federales.
Extranjeros en la base, al igual que los ciudadanos estadounidenses, pueden invocar la autoridad de los tribunales federales, indicó el juez John Paul Stevens, redactor del fallo de la mayoría.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional aplaudió la decisión y llamó al gobierno a reconocer a todos los detenidos este derecho fundamental.
Tras revisar 100 años de historia del control estadounidense sobre la base de Guantánamo, el tribunal rechazó el argumento del gobierno según el cual el enclave estaba fuera de la jurisdicción judicial estadounidense. (
