La masacre de 34 campesinos el noreste colombiano, atribuida a las insurgentes FARC, activó esta semana en Venezuela la alarma de las fuerzas armadas y de organizaciones de ayuda a los desplazados que huyen en busca de refugio.
?Ya ordené a nuestros destacamentos estar alerta para prestar ayuda humanitaria en caso de ser requerida?, dijo el general Cástor Pérez, quien comanda la Guardia Nacional en la frontera.
Mientras, fuentes de organizaciones asistenciales dijeron a IPS que reactivaron sus equipos en previsión de que se repitan los episodios de junio de 1999 y agosto de 2000
En el primer caso, miles de personas cruzaron la frontera a Venezuela desde la nororiental localidad colombiana de La Gabarra, y en el segundo fueron centenares que huían del combate entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los paramilitares de derecha.
El martes, en La Gabarra, una unidad de las FARC fusiló a 34 personas a las que calificó de ?narco-paramilitares?, según la versión gubernamental. De acuerdo con la prensa, se trataba de campesinos contratados un par de semanas atrás para preparar un campo de cultivo de coca.
El pasado mayo llegaron a Venezuela 305 indígenas de la etnia wayúu, que habita la península de la Guajira (compartida entre los dos países en el extremo septentrional de la frontera), huyendo de la masacre perpetrada por las AUC en el poblado pesquero Bahía de Portete.
?Ellos dieron cuenta de 14 muertos y decenas de desaparecidos?, dijo a IPS María Virginia Trimarco, representante en Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales, así como la Comisión Nacional de Refugiados de Venezuela y otros entes estatales, activaron una ?fuerza de tarea? para prestar ayuda a los wayúu desplazados, la mayoría mujeres y niños.
Las instituciones entregaron bolsas de alimentos a las familias que les alojaron, y les facilitaron atención básica de salud y la inscripción de los niños en escuelas venezolanas.
La asistencia fue prestada aunque los indígenas no solicitaron reconocimiento oficial de su condición de refugiados, pues esperan regresar a su lugar de origen apenas sus parientes recuperen el control de la situación, dijo el presidente de la Comisión Nacional, Ricardo Rincón.
Los wayúu son una comunidad étnica binacional —150.000 personas en Colombia y más de 200.000 en Venezuela—, radicada en la Guajira y barrios enteros de ciudades como Maracaibo, la capital petrolera del occidente venezolano. Está organizada en clanes o grupos de familia profusamente entrelazados a uno y otro lado de la frontera.
Precisamente las características de ese pueblo despierta el temor a un incremento de la violencia y su secuela de desplazados, dijeron a IPS informantes de la comunidad wayúu que solicitaron reserva de su identidad.
Las fuentes evocaron su ancestral costumbre de ajuste de cuentas, una tradición que varias familias están dispuestas a sostener frente a las AUC.
Algunos reportes dan cuenta de que los choques entre wayúus y paramilitares que llegan desde otras zonas de Colombia se sostienen en varios emplazamientos de la Guajira utilizados por grupos de la AUC para exportar drogas hacia el Caribe.
En el corregimiento de Nazareth, al norte de la Guajira, wayúus de dos familias antes enfrentadas se unieron para dar muerte a ocho paramilitares que ocupaban dos vehículos rústicos, según uno de los informes.
Pero los paramilitares ?son muchos, siguen llegando y nuestra gente ha tenido que esconderse, porque el ejército colombiano se mantiene a distancia y no interviene?, dijo Justino, uno de los informantes.
Los wayúu quedaron impactados por la violencia de la incursión paramilitar en abril. ?Mientras huíamos escuchábamos los gritos de algunos niños quemados vivos dentro de un camioncito?, incendiado por los paramilitares, recordó.
Otro sobreviviente aseguró que a su madre y a dos sobrinas ?las cortaron vivas en pedacitos con una motosierra?. Los que se salvaron en la violenta jornada del 18 de abril ?lo hicimos porque corrimos como nunca en la vida y sin llevar ninguna pertenencia?.
Las entidades que socorrieron a los desplazados censaron 140 niños y 31 adolescentes entre los 305. En uno de los grupos, en una hamaca a hombros de sus parientes, llegó Rosario Uriana, una anciana de edad imprecisa a quien sus parientes le calculan ?unos 120 años?.
Entre el jueves y el viernes último se registraron choques armados entre unidades militares venezolanas y una columna de irregulares en un paraje de la Sierra de Perijá, que marca un trozo de la frontera a unos 200 kilómetros al sur de la Guajira, y en el lado venezolano es un Parque Nacional con presencia de otra etnia indígena, los yucpa.
Fuentes de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona indicaron a IPS que ?el problema es que, como ocurre con muchas otras comunidades en Colombia, grupos de yucpas venden sus frutos o prestan servicios en campamentos de algunos de los contendores en el conflicto armado colombiano?.
?Cuando se ven amenazados, cruzan la frontera hacia donde viven sus parientes en Venezuela?, agregaron.
Sin contar los desplazados indígenas, en Venezuela hay legalmente registrados como refugiados unas 1.500 personas que llegaron huyendo de la violencia política en Colombia. Pero las organizaciones no gubernamentales especializadas calculan que se trata de más de 150.000.
?No han llegado en oleadas, sino gota a gota, hoy un pariente, mañana otro, y no buscan el estatuto de refugiados a veces por ignorancia sobre los trámites, pero muchas veces (también) por temor a ser descubiertos y perseguidos dentro de Venezuela por los actores de la violencia en Colombia?, indicó una fuente.
Según Acnur, Venezuela fue el año pasado el quinto receptor de solicitudes de asilo por parte de colombianos, después de Ecuador, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica.
Desde 1999, unos 85.000 colombianos han solicitado asilo en el exterior, y han debido desplazarse dentro de Colombia como consecuencia del conflicto unos tres milones de personas, según organizaciones no gubernamentales. Según el gobierno, son dos millones.
