Estados Unidos busca reducir la competencia de los agroquímicos genéricos con los productos de transnacionales de origen en ese país. Por eso pretende elevar de cinco a 10 años la protección a datos de prueba que entregan las empresas al ICA (ente regulador estadounidense) para autorizar la comercialización de sus productos. Lo anterior significa que, como en el caso del Invima para los medicamentos de uso humano, el ICA no puede apoyarse en esa información para autorizarles a terceros la producción y venta de agroquímicos. La pretensión de Washington está contenida en el documento confidencial entregado a Colombia, Ecuador y Perú el 18 de mayo, cuando se iniciaron las negociaciones en busca de un tratado de libre comercio. En ese texto están redactados en inglés los 10 artículos que cubren toda la gama de intereses estadounidenses en propiedad intelectual.
