– En las comunidades aymaras de Bolivia es común la aplicación de castigos como latigazos, o pasear en burros a autoridades locales consideradas incapaces o venales. Pero el secuestro y linchamiento de un alcalde el martes desvirtúan la filosofía de la justicia comunitaria, dijeron a IPS varias fuentes.
El 21 de abril, el ahora muerto Benjamín Altamirano clamó por ayuda en los medios de información y denunció que el gobierno eludía la responsabilidad de protegerlo como alcalde de la población altiplánica de Ayo Ayo, a 81 kilómetros de la ciudad de La Paz.
Después de 53 días de vano peregrinaje entre instancias judiciales, policiales y congresales, fue secuestrado en una calle céntrica de La Paz y su cuerpo con señales de tortura y quemado, apareció en la plaza principal del municipio que había gobernado en ambiente hostil desde enero de 2001.
Altamirano había sido denunciado por corrupción, pero sobreseído por la justicia.
Algunos pobladores de Ayo Ayo que el martes observaron desafiantes mientras policías y fiscales levantaban el cadáver, aseguraron que el ajusticiamiento respondía a la justicia comunitaria, pero la atrocidad generó repudio en círculos políticos y gubernamentales.
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Ayo Ayo tiene una población indígena de 7.000 habitantes dispersos en 11 comunidades y estancias (caseríos rurales).
Algunas personas &# 8220;quieren disfrazar el hecho con justicia comunitaria&# 8221;, dijo a IPS la investigadora del no gubernamental Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Susana Mejillones.
Pero el objetivo de un castigo es modificar la conducta de la persona y reinsertarla en la comunidad, explicó.
Cipca participó en tareas de fortalecimiento municipal en Ayo Ayo durante 12 años. Para Mejillones, el crimen obedeció a la ambición de poder y la pugna de los partidos políticos por las próximas elecciones de gobiernos locales, en diciembre de 2004.
El mallku (líder originario) de Ayo Ayo, Roberto Chino, lamentó la muerte de Altamirano y declaró que matar a una persona no está entre los castigos de la justicia indígena. También desmintió haber convocado a un cabildo para enjuiciar al alcalde.
El 26 de abril, una multitud de habitantes aymaras de la población peruana de Ilave, fronteriza con Bolivia y a unos 250 kilómetros de Ayo Ayo, ajusticiaron al alcalde Cirilo Robles, acusado de supuesta malversación de fondos.
En declaraciones a IPS, el líder y diputado del Movimiento Indigenista Pachakuti de Bolivia (MIP), Felipe Quispe, (conocido como el Mallku) advirtió en esa oportunidad que habría linchamientos en &# 8220;todas partes&# 8221; y aseguró que &# 8220;las leyes de nuestros países no sirven, no se usan&# 8221;.
La población aymara, una de las etnias originales más importantes de los Andes sudamericanos, habita en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, en el centro-occidente del país, y su cultura se expande a gran parte de los territorios de Perú y al norte de Chile.
La muerte de Altamirano desnuda también problemas de administración de los gobiernos locales.
Desde 1994, los gobiernos municipales reciben del Estado dinero en efectivo para la administración local. La falta de experiencia en la administración fiscal condujo a un mal manejo de los fondos y generó tensiones y pugnas por la ostentación de los cargos municipales ejecutivos y el uso discrecional de recursos financieros.
A la fecha, 40 municipios sufren el congelamiento de sus cuentas porque sus responsables no justificaron el uso del dinero asignado por el Estado, y sus actividades están casi paralizadas con el lógico descontento de sus habitantes.
Altamirano fue acusado por la malversación de unos 631.000 dólares, pero la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional de la Nación restaron validez a las denuncias y ordenaron que fuera restituido en funciones, de las que permaneció suspendido mientras proseguía la causa.
Al pie del poste donde fue amarrado y quemado el cuerpo del alcalde, un letrero justificaba el asesinato. &# 8220;Esta muerte es por la negligencia del Ministerio Público y Ministerio de Hacienda&# 8221;.
La Ley de Municipalidades establece que la apertura de una causa judicial contra un funcionario municipal determina su suspensión inmediata hasta el esclarecimiento del caso.
Pero ese recurso ha sido empleado con fines e intereses personales hasta provocar una ingobernabilidad con desenlaces impredecibles como el presente, explicó Mejillones.
A ello se agrega la lentitud de los procesos de fiscalización de la Contraloría General de la República que, en el caso de Ayo Ayo, anunció que demoraría dos años para programar una auditoría especial a la gestión municipal, según la investigadora.
Las acusaciones que no se esclarecen por la falta de atención oportuna de la justicia y de la Contraloría crean un ambiente de inestabilidad en las alcaldías, sostuvo.
Por eso deberían crearse entes municipales para la realización de auditorías especiales a plazo corto.
El abogado penalista Eduardo Olivares Frankel considera que el hecho sangriento es un desafío para la aplicación de una justicia apropiada a cada una de las nacionalidades que existen en este país de 8,8 millones de habitantes.
La gente siente impotencia porque el culpable de actos de corrupción no va a la cárcel y por ello se aplica la justicia rural, dijo a IPS.
Olivares Frankel recordó las experiencias de la Unión Soviética (disuelta en 1991) que adaptó su legislación a 23 nacionalidades, y mencionó que en Estados Unidos se permite la aplicación de una norma jurídica diferente en cada estado.
Sólo la seguridad nacional y de las personas permanece en el ámbito de los delitos penales federales y el resto es derivado a tribunales ordinarios, explicó.
El territorio boliviano está habitado por diferentes etnias, con sus propias culturas, en sus principales zonas ecológicas del altiplano, los valles, el trópico y el Chaco.
Tras el asesinato de Altamirano, los cuatro policías que cuidaban el orden en Ayo Ayo abandonaron el lugar por temor a la furia de los campesinos. Lo mismo hicieron funcionarios estatales de salud. Ayo Ayo permanece así más aislado.
El gobierno anunció acciones legales contra los responsables del crimen, pero hasta ahora sólo el concejal Saturnino Aspaza Aro ha sido recluido preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro acusado de participar en el secuestro.
El jueves, en un cabildo realizado en el centro del conflicto, habitantes exigieron el cese de la persecución policial a sus líderes y la libertad de Aspaza Aro.
El reclamo incluye la destitución y enjuiciamiento de las autoridades judiciales por haber fallado a favor del alcalde linchado, bajo amenaza de secuestrar a funcionarios y a periodistas y de volar torres eléctricas. El gobierno acudió a la Iglesia Católica y a organizaciones de derechos humanos para mediar con la población, que se resiste a la reposición del orden en la zona.
Al pie del ataúd, en La Paz, los hijos del alcalde clamaron por la condena de los responsables del asesinato y expresaron, a su vez, su deseo de cobrar venganza si la justicia no responde a su pedido.
