Sudán está más cerca de un acuerdo final de paz entre el gobierno y los insurgentes del sur tras la firma de tres acuerdos cruciales en Kenia, pero la violencia no cesa en la occidental región de Darfur.
El jefe de la delegación gubernamental a las negociaciones en la ciudad keniata de Naivasha, Idris Mohammed Abdel Gadir, y el subcomandante del rebelde Ejército para la Liberación del Sur de Sudán (SPLA), Pagan Amum.
El líder del SPLA, John Garang, y el vicepresidente sudanés, Alí Osman Taha, fueron aplaudidos por las dos delegaciones.
Las negociaciones para poner fin a 21 años de guerra civil se llevan a cabo desde 2002 en Kenia, entre el gobierno árabe y musulmán de Jartum y SPLA, de las regiones meridionales con mayoría de población negra, en que predominan el cristianismo y el animismo.
Ese conflicto ha causado la muerte de más de dos millones de personas, el desplazamiento interno de otros cuatro millones y la huida a otros países de medio millón.
El diálogo comenzó a dar frutos en septiembre, cuando se acordó integrar a los combatientes de ambos bandos en un ejército nacional. Este año se alcanzó consenso para compartir la riqueza petrolera de Sudán y otras fuentes de ingresos gubernamentales.
De acuerdo con el acuerdo alcanzado el miércoles de noche, las partes formarán un gobierno de unidad nacional por un periodo de seis años durante los cuales se fortalecerá el federalismo.
El sur de Sudán, donde las fuerzas del gobierno luchan contra los insurgentes desde que se impuso el régimen islámico en 1983, será autónomo durante ese periodo. Al cabo de los seis años, se celebrará un referéndum sobre la eventual independencia de la región.
Garang será el presidente del área y también el vicepresidente del gobierno de unidad nacional.
Mientras se firmaban los acuerdos en Kenia, persistía la violencia en la occidental región sudanesa de Darfur, donde la crisis alimentaria amenaza a más de un millón de desplazados por el conflicto.
Milicias árabes apoyadas por el gobierno sudanés, llamadas Janjaweed ("hombres a caballo"), son acusadas junto con el ejército de desarrollar una campaña contra los grupos étnicos negros fur, masaalit y zaghawa, la mayoría de cuyos integrantes son musulmanes.
Desde abril de 2003, tiene lugar un éxodo masivo desde áreas de Darfur bajo ataque. Más de 700.000 personas huyeron de sus hogares, en su mayoría a otras localidades de la región, además de las 100.000 que cruzaron la frontera hacia Chad.
Los refugiados dentro de Darfur también necesitan ayuda de emergencia.
Las dos principales organizaciones rebeldes de Darfur —el Movimiento y Ejército para la Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia y Equidad— son apoyados por la población no árabe que constituye la mayoría de la región.
Estos dos grupos lanzaron ataques, a veces conjuntos, contra instalaciones militares en rechazo de las redadas de Janjaweed contra sus comunidades y la postergación a la que las somete Jartum.
El conflicto en Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzó en los años 70 como una disputa étnica de baja intensidad entre nómades árabes y agricultores indígenas negros —ambos musulmanes— sobre las tierras de pastoreo en esta región proclive a las sequías.
Pero la tensión evolucionó hacia una guerra civil el año pasado, cuando las dos organizaciones rebeldes, como reacción al continuo hostigamiento de las milicias progubernamentales Janjaweed y a la falta de inversiones en el desarrollo de la zona.
La respuesta del gobierno fue un aumento del apoyo a los 20.000 janjaweed y una escalada de las ofensivas contra la población civil.
En Kenia, Jartum y el SPLA acordaron un régimen de gobierno para las montañas de Nuba y para la región de Nilo Azul Meridional.
En cuanto a la conflictiva región de Abyei, será administrada por el gobierno de unidad nacional y al cabo de los seis años se celebrará un referéndum para resolver su situación final.
Jartum advierte que Abyei corresponde geográficamente a la región árabe que debe controlar el gobierno islámico, pero el SPLA consideró que la mayoría de la población pertenece a la comunidad negra dinka, por lo que debe reconocérsela como parte del sur.
Un cese del fuego permanente aún debe acordarse, pero Garang se mostró optimista en que la paz es inevitable.
"Al firmar los protocolos, alcanzamos la cúspide de la última colina en nuestro ascenso a las alturas de la paz. Creo que lo que resta es terreno llano", dijo en la ceremonia.
Por su parte, Taha observó que "con los protocolos, se alcanzó una revolución por la salvación de todo el país".
El canciller de Kenia, Kalonzo Musyoka, consideró que el acuerdo alcanzado el miércoles sería beneficioso para toda Africa oriental, en particular para Uganda, atacada por el insurgente Ejército de Resistencia del Señor (LRA) desde el sur de Sudán.
El LRA lucha en los septentrionales distritos ugandeses de Gulu y Kitgum, conocidos como Acholiland, con el objetivo de derrocar al gobierno e instaurar un Estado fundamentalista cristiano.
Se cree que el LRA utiliza armas suministradas por el gobierno sudanés, cuyo apoyo se debería al hecho de que Uganda, a su vez, respaldaría al SPLA.
"La paz en Sudán significa paz para la región de IGAD", dijo Musyoka en la ceremonia, en referencia a la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo que reúne a Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Uganda.
El enviado especial de IGAD a las conversaciones, Lazaro Sumbeiwyo, indicó que se espera un acuerdo final de cese del fuego para los próximos dos meses.
El protocolo de Machakos, firmado en 2002, estipuló que la ley islámica sólo se aplicaría en el norte de Sudán predominantemente árabe y musulmán, no en el sur cristiano, animista y de mayoría negra.
En el ejército integrado participarán igual cantidad de soldados del gobierno y del SPLA, y, además, ambas partes compartirán las riquezas petroleras y las derivadas de otros recursos naturales.
Pero la opositora Fuerza de Defensa del Sur de Sudán (SSDF) afirmó haber sido marginado en las negociaciones. "El acuerdo es es apenas entre Garang y el gobierno", dijo el dirigente Peter Kueth a IPS en Nairobi. "No adheriremos al acuerdo propuesto y rechazaremos todos los intentos de disolver o de desarmar nuestro partido", agregó.
