En un par de meses Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, dos indígenas del septentrional estado mexicano de Chihuahua que se oponen a la tala de bosques, podrían ser condenados a alrededor de 10 años de prisión por posesión de armas y drogas, o recobrar su libertad portando la medalla de haber sido presos de conciencia.
Luego de poco más de un año de su detención por acusaciones de policías y fiscales, que grupos ambientalistas y humanitarios consideran falsas y dirigidas a frenar la lucha de ambos nativos, el juicio entró este mes en su última etapa y se espera una sentencia, posiblemente en julio.
El caso está rodeado de irregularidades y hay elementos suficientes para que se ordene la libertad inmediata de los acusados, dijo a Tierramérica Agustín Bravo, director de la organización no gubernamental (ONG) Fuerza Ambiental, grupo que trabaja en Chihuahua y apoya la defensa de los dos campesinos de la etnia rarámuri, también llamada tarahumara.
Fuerza Ambiental y las ONG Greenpeace, Amnistía Internacional y Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, mexicano y vinculado con la orden intervenga a favor de los campesinos, a quienes consideran presos de conciencia.
Pero la respuesta oficial ha sido una y otra vez que no hubo irregularidades en la detención de Baldenegro y Rivas,plenamente avalada por los jueces actuantes, ni en el proceso judicial en curso.
Ambos fueron apresados en marzo de 2003, justo cuando lograban, junto con otros nativos, frenar temporalmente la tala de un bosque de pinos en su comunidad, Coloradas de la Virgen, en una zona de más de 50.000 hectáreas que los rarámuris habitan desde tiempos inmemoriales y en la que residen actualmente unas 360 familias de esa etnia.
En los años 50, el gobierno cedió a colonos casi toda esa zona, y especialmente el bosque y la tierra cultivable.
En acciones legales posteriores, los indígenas, uno de cuyos líderes principales es Baldenegro, lograron recuperar parte de sus tierras tradicionales, pero casi todos quedaron relegados a zonas de barrancas, lo que no impidió que se mantengan como guardianes del bosque nativo.
Según el parte policial, Baldenegro y Rivas estaban en posesión de armas. Al primero se le acusó también de tener en su poder marihuana.
Tras su detención, los acusados fueron fotografiados por la policía con armas y droga, pero ellos sostienen que se los obligó a montar la escena y que todo es parte de un plan, alentado por caciques y mafias que talan los bosques.
Condenamos el uso del sistema judicial como instrumento para hostigar y amenazar el trabajo y la vida de los defensores de derechos humanos, afirmó sobre el caso Carlos Gómez, director de Amnistía Internacional en México.
Diversos estudios indican que en la sierra Tarahumara, que incluye la zona de Coloradas de la Virgen, la delincuencia organizada está vinculada con policías, empresarios madereros y narcotraficantes.
Baldenegro manifestó a Tierramérica, poco después de ser detenido, que se sentía impotente al ver cómo nos acusan (las mafias) y (los jueces y policías) les creen.
Según los abogados defensores de los indígenas, varios de los agentes que detuvieron a sus clientes, posiblemente por órdenes superiores, se han negado repetidas veces a dar testimonio sobre el caso y además son objeto de investigaciones de la propia policía por estar involucrados en diversos actos irregulares.
En Coloradas de la Virgen hay gente amenazada por diversos personajes que se dedican a talar el bosque, pero no podemos revelar nombres por ahora, dijo Bravo.
Por testimonios de varias fuentes se sabe que uno de los aludidos es Artemio Fontes, cuya familia ejerce desde hace varios años el liderazgo de la comunidad, y mediante asambleas presuntamente legales logra autorizar la extracción de madera.
Baldenegro ha mantenido un continuo enfrentamiento legal con la familia Fontes, pero sólo logró hasta ahora prohibiciones temporales de la tala.
El padre del campesino, Julio Baldenegro, fue dirigente comunitario y lo asesinaron francotiradores en 1986.
El crimen nunca se aclaró, pero el activista preso asegura que los responsables fueron caciques que cortan la madera y tienen relación con el narcotráfico.
¿Cómo es posible que nuevamente quienes luchan por defender el medio ambiente estén en la cárcel mientras los depredadores pueden obrar con toda impunidad?, expresó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace en México.
La autoridad no sólo no cumple, sino que se pone al servicio de los caciques y los talamontes, denunció.
La ONG estadounidense Forest Guardians (Guardianes de los Bosques), sostiene que en la sierra Tarahumara la familia Fontes representa uno de los cacicazgos más violentos, y que en su zona de influencia el bosque es arrasado de manera alarmante por grupos relacionados con narcotraficantes.
Un reporte de la Procuraduría (fiscalía) General indica que en las regiones más apartadas de las sierra de Chihuahua más de la mitad de los indígenas (…) son arrastrados a la siembra o el tráfico de drogas.
Chihuahua, que cuenta con alrededor de siete millones de hectáreas de bosques de climas templado y frío, es vecino de Estados Unidos, el principal consumidor de drogas del mundo. (
