Grupos defensores de los derechos de los musulmanes en Estados Unidos observan con nerviosismo que el presidente George W. Bush, en campaña para ser reelecto en noviembre, aboga por prolongar la vigencia de la Ley Patriótica, piedra angular de su guerra contra el terrorismo, que cesará parcialmente el año próximo.
Esa norma, de 342 páginas, fue aprobada en octubre de 2001, 45 días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de ese año en Nueva York y Washington. Poco después, organizaciones musulmanas de todo el país comenzaron a denunciar la aplicación en su contra de la ley, y en especial del estricto procedimiento especial de registro de inmigrantes.
Tal procedimiento dejó de aplicarse por falta de fondos en diciembre del año pasado.
Al amparo de esa disposición, por ejemplo, se le pidió a Muhammad Bachir, de origen palestino y residente desde hace 23 años en Estados Unidos, que se presentara al registro en febrero de 2002, y cuando lo hizo, fue encarcelado en el centro federal de detención San Pedro, al sur del sudoccidental estado de California.
Bachir fue privado de su libertad durante 18 meses, en 17 centros de detención distintos, por no haberse presentado a una entrevista para la que fue citado en julio de 2001, pese a que había informado oportunamente a las autoridades que no podría hacerlo porque estaba internado en un hospital.
Según asegura, un funcionario de inmigración le dijo que las autoridades sabían que esa hospitalización le impidió asistir a la fallida entrevista.
Cuando lo liberaron en Nueva York, en agosto de 2003, aún no había sido acusado formalmente de ningún delito.
Estaban obsesionados conmigo porque no tuve pelos en la lengua. Me dirigí a medios de comunicación y a organizaciones humanitarias para acusar al gobierno de ficharme con base en prejuicios, y realicé una huelga de hambre, dijo Bachir según un informe de la oficina de investigación del Senado de California sobre el impacto de la Ley Patriótica en la comunidad musulmana.
La 'guerra contra el terrorismo' es, en realidad, contra una comunidad a la que se considera vinculada con los secuestradores de los aviones empleados para los atentados de septiembre de 2001, dijo a IPS Sireen Sawaf, coordinadora de prevención de crímenes por odio del Consejo Musulmán de Asuntos Públicos de la sudoccidental ciudad de Los Angeles.
El programa de registro especial creó obligaciones para inmigrantes procedentes de 25 países, pero la comunidad musulmana sostiene que fue usado específicamente contra ella. El único país no musulmán de esos 25 es Corea del Norte.
Hubo una aplicación selectiva de la ley, según el director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas del sur de California, Hussan Ayloush.
Al comienzo, el Consejo instó a los musulmanes a presentarse al registro, pero pronto dejó de hacerlo, cuando comenzó a recibir informes sobre prolongadas detenciones de quienes comparecían ante las autoridades, explicó en una entrevista.
Según la investigación del Senado de California, en los puertos de entrada al país fueron registrados 93.741 extranjeros musulmanes y 85.519 en otros lugares del país, mientras el programa se mantuvo vigente.
De acuerdo con el mismo informe, se iniciaron procedimientos de deportación contra 13.799 de las personas registradas, se encarceló a 2.870 y 143 fueron acusadas de delitos, pero la cantidad de acusados de terrorismo fue cero, pese a que funcionarios alegan que unas pocas de las personas investigadas tenían conexiones con terroristas.
Los autores del informe concluyeron que muchos de los procedimientos de deportación iniciados a partir del registro no se habrían producido antes de los ataques terroristas de septiembre de 2001.
Según el Comité Estadounidense-Arabe Contra la Discriminación, miles de personas que se sometieron al programa de registro aún afrontan una posible deportación.
Sawaf asegura que existe una lista reservada de musulmanes o personas que parecen serlo por sus nombres, empleada por funcionarios para detener a personas que se disponían a embarcar en aviones o interrogarlas en controles aduaneros.
Aún no se sabe con qué criterio se confeccionó esa lista de no vuelo, afirmó.
¿Son estas medidas las que van a mejorar la seguridad nacional?, preguntó Sawaf.
Sea como fuere, Ayloush apuntó que la situación ha mejorado desde 2001, y que el número de detenciones disminuyó.
Pero Bush no sólo sostiene que la Ley Patriótica debe mantener total vigencia, sino que también propone añadirle más disposiciones.
Estoy comenzando una campaña para dejar claro a los integrantes del Congreso que (la Ley Patriótica) no debe expirar, por la seguridad de nuestra nación. Debe ser renovada y debe ser aumentada. De eso estamos hablando, dijo el presidente el mes pasado ante una multitud en la ciudad de Buffalo, del nororiental estado de Nueva York.
Entre las disposiciones que Bush quiere añadir a esa ley están una autorización a la policía para realizar citaciones por vía administrativa, sin supervisión judicial, la negación de libertades bajo fianza en detenciones al amparo de la norma, y la ampliación de la lista de casos en los que puede aplicarse la pena de muerte.
El 5 de este mes, funcionarios del Departamento (Ministerio) de Justicia sostuvieron ante un comité del Senado que una norma que fue modificada por la Ley Patriótica debería ser ampliada para que la definición del delito de brindar apoyo material o recursos a terroristas abarque cualquier aporte "tangible o intangible, salvo medicamentos o materiales religiosos.
Grupos e individuos que intentaron brindar apoyo legal a los insurgentes Tigres por la Liberación de la Patria Tamil, separatistas de Sri Lanka, y al turco Partido de los Trabajadores del Kurdistán, lograron en enero que la jueza de distrito californiana Audrey Collins dictaminara que no correspondía aplicarles la Ley Patriótica.
Collins sostuvo que la prohibición de brindar asesoramiento o asistencia a organizaciones terroristas extranjeras es de una vaguedad que no debe permitirse, y la declaró inconstitucional.
Funcionarios de seguridad han empleado la Ley Patriótica para aumentar las operaciones de vigilancia electrónica secreta autorizadas por el Poder Judicial, que según el último informe anual al Congreso del Departamento de Justicia, que se dio a conocer esta semana, fueron 1.700 en 2003, 85 por ciento más que en 2001.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles anunció a fines de abril la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra una de las disposiciones de la Ley Patriótica, que permite al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) solicitar sin supervisión judicial registros privados de compras individuales.
Antes de octubre de 2001, el FBI sólo podía solicitar ese tipo de información de personas sospechosas de espionaje o terrorismo.
