Bolivia investiga a empresas pertenecientes a la estadounidense Enron y la británico-holandesa Shell por la compra, reventa y transporte de gas natural en el país y su posterior envío a la ciudad brasileña de Cuiabá, una operación prohibida bajo pena de caducidad de la concesión para explotar ese recurso.
Las compañías Transredes, Gas TransBoliviano (GTB) y Gas Oriente Boliviano (GOB) propiedad de esas transnacionales petroleras, llevaron gas natural desde la planta de bombeo de Río Grande, en el departamento oriental de Santa Cruz, hasta la población de San Matías, en la frontera con Brasil, por encargo de las firmas Southern Cone Gas y Transborder Gas Service, también pertenecientes a Enron y Shell.
Al otro lado de la frontera, en Cuiabá, Enron opera una planta eléctrica alimentada por gas natural, cuya concesión se adjudicó en 1997.
La Superintendencia de Hidrocarburos examina el caso para determinar si hubo una contravención de la Ley de Hidrocarburos, que impide a los transportadores la operación simultánea como distribuidor, comprador o vendedor, y generador de electricidad.
GTB presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y alega que posee una personería jurídica distinta a las de sus accionistas Enron y Shell. El presidente de Transredes, Brett Wiggs, negó en cambio la participación de esa firma en la compra y venta de gas natural, y atribuyó la acusación a intereses políticos.
Una investigación del periódico La Prensa dejó al descubierto la operación al revelar que Southern Cone, una empresa no registrada para operar en Bolivia, pagó voluntariamente al Servicio de Impuestos Nacionales 6,3 millones de dólares por la exportación de gas a Cuiabá.
Esa actividad irregular fue detectada cuando la petrolera Andina reclamó el derecho de transportar su gas natural sin limitaciones mediante el ducto administrado por GTB.
A partir de esa queja, la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial halló malas prácticas y descubrió a otros actores en la comercialización de carburantes sin registro empresarial.
Una fuente gubernamental informó a IPS que la fiscalía de la ciudad central de Santa Cruz tomó conocimiento de la comercialización ilícita de gas natural a Cuiabá y pidió a la Aduana un informe sobre una posible defraudación de impuestos por parte de Andina.
Ahora la Aduana prepara una acusación contra Andina, que declaró haber vendido 13,3 millones de Unidades Térmicas Británicas (BTU) a Southern Cone por un precio de 14 millones de dólares.
Los delitos tipificados en la legislación aduanera que se habrían cometido son operación clandestina y tráfico, y las normas vigentes permiten aplicar una multa equivalente al valor del producto contrabandeado.
Un portavoz de la Superintendencia de Hidrocarburos consultado sobre las investigaciones informó a IPS que no habrá información oficial hasta que concluya la investigación instruida por la Superintendencia General.
En el marco de convenios bilaterales, Bolivia exporta legalmente 2,2 millones de metros cúbicos de gas natural por día a Cuiabá, y la exportación total a Brasil es 13 millones de metros cúbicos diarios.
Según una declaración de Andina, la exportación irregular de gas natural a Cuiabá se realizó de noviembre de 2001 a noviembre de 2002, eludiendo el pago del 18 por ciento de regalías calculado en boca de pozo.
El escándalo sacudió al sensible sector petrolero, que se halla en el ojo de la tormenta por la demanda de nacionalizarlo que impulsan varios sectores sociales, encabezados por la Central Obrera Boliviana.
Además, las masivas protestas que forzaron en octubre del año pasado la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que había comenzado en 2002 su segundo mandato, se organizaron en torno al cuestionamiento de las normas que regulan la explotación y exportación de gas natural por parte de transnacionales. En algunos casos, el rechazo se extendía a cualquier exportación de gas.
El gobierno del presidente Carlos Mesa, sucesor de Sánchez de Lozada, rechazó la nacionalización con el argumento de que debería pagar unos 8.000 millones de dólares de indemnización a las transnacionales petroleras, que han invertido en el país unos 3.500 millones de dólares desde 1997, cuando se privatizó el sector.
Ahora la Central Obrera acusa de traición a Mesa, por firmar un acuerdo de venta de cuatro millones de metros cúbicos de gas natural a Argentina.
La presunta vinculación de Enron con una operación ilegal coincide con una investigación impulsada por el diputado Wilson Magne, de Nueva Fuerza Republicana, sobre la llegada de esa firma petrolera al país y su acceso a un paquete accionario de 150 millones de dólares sin aportar dinero.
Enron comenzó a operar en Bolivia en julio de 1994, mientras se negociaban ventas de gas natural a Brasil, cuando el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada alegó que el país necesitaba contar con un aliado estratégico para definir precios y volúmenes de exportación.
La transnacional asegura que realizó un aporte económico a la construcción del ducto para esa exportación.
El gas natural para Brasil tenía como único medio de transporte un gasoducto que llega al meridional estado brasileño de Rio Grande do Sul, hasta que en noviembre de 2001 comenzó a usarse un ramal en territorio boliviano en dirección a Cuiabá.
La construcción de ese ramal sobre el bosque Chiquitano, habitado por grupos indígenas, causó protestas de organizaciones no gubernamentales como el Fondo Mundial para la Naturaleza, que pidió a Washington la cancelación de un crédito de 200 millones de dólares para esa obra.
Enron había informado que el bosque no era virgen, para obtener el préstamo de la estadounidense Corporación de Inversión Privada en Ultramar, pese a que ésta tiene prohibido concederlos a proyectos de infraestructura en bosques primarios.
Redlisted, un servicio de información sobre proyectos en América Latina que reúne informes de ONG ambientalistas, sostuvo que la tubería y la central eléctrica en el Mato Grosso brasileño, perteneciente a Enron, dañan el único bosque tropical primario seco del mundo.
