Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo carecen de atención médica básica, advirtió el Population Reference Bureau (PRB), organización no gubernamental especializada con sede en Washington.
El PRB instó a los países donantes a trabajar para reducir la brecha entre ricos y pobres en materia de salud.
La organización reveló en su informe de 32 páginas titulado Mejorando la salud de los más pobres que el gasto en salud por habitante en los países menos desarrollados, la mayoría de ellos en Africa subsahariana y Asia meridional, es de apenas 11 dólares por año.
Esto contrasta con los 1.900 dólares anuales por persona que destinan en promedio los países industrializados, y en algunos casos hasta 150 veces esa cifra.
La necesidad de mejorar la salud de los pobres es urgente. La brecha entre ricos y pobres en materia de información, tecnología y atención médica básica y especializada amenaza con marginar aun más a los desposeídos, dijo la autora del informe, Dara Carr.
Esta brecha, que afecta a cada vez más familias, comunidades y sociedades, aumenta en forma sostenida, pero puede solucionarse incluso a un pequeño costo, aseguró el PRB, en ocasión del Día Mundial de la Salud, que se celebra este miércoles.
Las escasas inversiones en investigación, la carencia de infraestructura adecuada, el limitado acceso a la tecnología y a la información son algunas de las causas por las que los países más pobres no se benefician de los avances de la medicina.
Además, las enfermedades que más afectan a la población pobre del planeta no son objeto en general de investigaciones ni de campañas de prevención de parte de los países ricos.
Apenas 13 de los 1.233 medicamentos introducidos en el mercado entre 1995 y 1997 combatían enfermedades tropicales que padecen millones de personas en los países más pobres.
Las fuerzas del mercado que guían este tipo de gasto no son favorables para los medicamentos que tratan las enfermedades que afligen a las personas con recursos económicos limitados, según el PRB.
Las desigualdades también son generalizadas dentro de los países, incluso en América del Norte y Europa. En la población pobre de esas naciones, la mortalidad infantil es mucho mayor y la esperanza de vida menor que entre los ricos.
Problemas como deficiencias nutricionales, complicaciones al nacer e infecciones parasitarias afectan en especial a los países más pobres, así llamados porque su ingreso anual por habitante es de 760 dólares o menos.
Las personas que viven en zonas rurales tienen menos posibilidad de acceder al agua potable, a vivienda segura y a transporte eficiente, mientras los gobiernos vuelcan la inversión en la construcción de hospitales en las ciudades.
Además, los pobres en general contraen matrimonio a una edad temprana y tienen familias numerosas, lo que en su caso dificulta el acceso a una atención médica adecuada para todos.
También tienen menos oportunidades educativas, en especial las mujeres, lo que también puede tener un efecto en su salud, pues cuentan con menos herramientas para protegerse, señala el informe.
Las iniciativas para mejorar el sistema de salud y el acceso a la atención médica deben ir acompañadas de políticas para reducir la pobreza extrema, señaló PRB.
El estudio propone mejorar el acceso a la educación y a la capacitación y las condiciones de vida de la mujer, promover campañas públicas para concienciar a la población sobre los problemas de salud, fortalecer las redes sociales y estimular la participación de los pobres en la creación de las políticas.
En el largo plazo, una política completa deberá influir en las múltiples causas, sociales y económicas, de las disparidades en la atención médica, mejorando el acceso a los servicios vitales y las oportunidades, y reduciendo la discriminación y el asilamiento, señaló Carr.
Pero el informe también reconoce importantes esfuerzos en algunos países pobres, donde médicos voluntarios trabajaron en comunidades pobres instruyendo a la población sobre temas de salud.
El PRB también cuestionó la práctica de cobrar las visitas y otros actos médicos en los países más pobres, una práctica recomendada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
