El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta un dilema especial para un político izquierdista y es el de asistir o no a un acto por el Día Internacional de los Trabajadores, ya sea en la populosa Sao Paulo o en la ciudad donde surgió como líder sindical metalúrgico en los años 70, Sao Bernardo do Campo.
El temor a recibir abucheos alejó en los últimos meses a Lula, jefe del Partido de los Trabajadores (PT), de las multitudes que solía abrazar en las calles o manifestaciones en 2003, durante su primer año de gobierno.
Pero respeto del próximo 1 de Mayo lo que preocupa al presidente no es el rechazo popular a su persona en particular, pues aún mantiene un buen nivel de aceptación entre los ciudadanos, al contrario de su administración, según las encuestas.
Es que en este abril rojo, como denominó el Movimiento de los Sin Tierra (MST) a su campaña de movilizaciones este mes tomando en cuenta el color de sus emblemas, intensificó las demandas económicas y sociales de distintos sectores de la población y desnudó insuficiencias gubernamentales con el estallido de violencias en varias partes del país.
La conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores sirve tradicionalmente a los gobiernos como tribuna para responder a algunas de esas demandas sociales, especialmente si está en el poder el izquierdista PT.
El 1 de mayo es cuando empieza, por ejemplo, la vigencia del nuevo salario mínimo nacional, cuyo anuncio Lula viene postergando hace varios días, ante la dificultad de conciliar la necesidad política de un aumento importante y las restricciones impuestas por la austeridad fiscal.
Actualmente este sueldo, que ganan cerca de 13 millones de jubilados y pensionistas, se limita a 240 reales (82,50 dólares), uno de los más bajos de América Latina. El mandatario brasileño prometió duplicar su valor real durante su gobierno que finalizar en 2006.
También la amplia reforma agraria anunciada por Lula tarda en despegar. Hasta ahora fueron entregadas tierras a pocas de las 400.000 familias que se fijara como meta para el periodo de 2003 a 2006.
El MST, el movimiento de campesinos pobres que le concedió el año pasado una tregua al gobierno considerado su aliado, protagonizó más de 100 ocupaciones de propiedades rurales desde fines de marzo, en nuevo intento por acelerar el proceso de redistribución de la tierra.
La radicalización del mayor movimiento rural del país lo llevó a violar una de sus propias reglas, al invadir algunas haciendas consideradas productivas e, incluso, un área cultivada de eucaliptos, perteneciente a una empresa transnacional productora de papel y celulosa.
Esa ola de invasiones despertaron reacciones de hacendados, condenando la omisión del gobierno en reprimir acciones ilegales de los sin tierra y exigiéndole contener la tensión en el campo, para evitar la merma de inversiones en la agricultura, motor de la economía y de las exportaciones brasileñas desde el año pasado.
El llamado abril rojo, en la visión del líder del MST, Joao Pedro Stédile, es una amplia movilización que no se limita a los campesinos y prepara un 1 de Mayo para reclamar cambios especialmente en la política económica adoptada por el gobierno de Lula.
Cerca de 7.000 personas movilizadas por organizaciones de los sin techo ocuparon varios edificios en Sao Paulo, incluido un cuartel de la Policía Militar abandonado, el 19 de abril, para reclamar viviendas propias para sus familias.
Las presiones se multiplicaron también en forma de huelgas de funcionarios públicos, en la demanda de un importante aumento del salario mínimo y en la manifestación de líderes indígenas en Brasilia por la homologación de la reserva Raposa Sierra del Sol, donde viven cinco tribus, en el extremo norte de Brasil.
La cuestión indígena, otra omisión del gobierno según observadores, estalló también de forma cruda al conocerse, hace dos semanas, que miembros del grupo cintas-largas (cinturones anchos) asesinaron a 29 garimpeiros (mineros informales) que buscaban ilegalmente diamantes en su territorio.
Era una masacre anunciada, denunciaron antropólogos y expertos que habían informado a las autoridades sobre la tensión en las tierras reservadas a los cintas-largas, quienes tuvieron sus primeros contactos con personas de otro origen racial hace sólo cerca de 30 años y cuya población disminuyó a causa de los frecuentes conflictos con los mineros invasores.
También la violencia urbana incrementó las demandas al gobierno. Río de Janeiro volvió a vivir bajo el miedo en la segunda y tercera semana de abril, cuando un grupo de narcotraficantes intentó ocupar la mayor favela (barrio hacinado) de esa ciudad, llamada Rocinha, controlada por otra banda.
Los tiroteos entre las dos bandas y entre éstas y la policía duraron varios días y costaron la vida de por lo menos una docena de personas, intensificando los reclamos de intervención de las fuerzas armadas y de mayores inversiones en seguridad pública.
Estos hechos de gran repercusión alentaron otras demandas y las críticas contra la supuesta parálisis del gobierno.
En consecuencia, la celebración del Día Internacional de los Trabajadores de este sábado no será de fiesta para el ex obrero metalúrgico que ascendió a presidente hace 16 meses, sino de una acumulación de reclamos que el estancamiento económico hace mas difícil atender.
