El alcalde izquierdista de la capital mexicana, Andrés López Obrador, acusa al gobierno de complotar en su contra con información entregada por Washington, y aseguró este viernes que afrontará sin temor, y sin bajar el tono de sus imputaciones, un juicio iniciado contra él por la Procuraduría (fiscalía) General.
Se está utilizando el aparato del Estado de manera facciosa para golpear a la alcaldía, pero ”no me dejo ni me rajo” (no me someto ni me acobardo), dijo a periodistas, tras recomendar al gobierno, en tono de burla, tomarse ”un té de flor de tila” (sedante) antes de responder a sus acusaciones.
El jueves llegaron a su punto máximo los roces entre el alcalde, que es el político con más alto nivel de aceptación en México y uno de los potenciales candidatos a la presidencia en 2006, y el gobierno del conservador Vicente Fox, cuya popularidad también se mantiene alta.
Javier Hidalgo, uno de los portavoces del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece López Obrador y que es la tercera fuerza política del país, dijo este viernes a IPS que por el caso del alcalde su agrupación podría romper por completo las relaciones con el gobierno.
López Obrador acusa al gobierno y a ”la derecha” de fraguar un complot en su contra y estar detrás de la difusión de un vídeo donde se observa a su ex jefe de finanzas, Gustavo Ponce, jugando grandes cantidades de dinero en un casino de la sudoccidental ciudad estadounidense Las Vegas.
También atribuye ese origen a la difusión de otro vídeo donde aparece su ex secretario particular, René Bejarano, recibiendo cientos de dólares en efectivo del empresario Carlos Ahumada, acusado de lavado de dinero y detenido en Cuba con fines de extradición a México.
Desde que se destaparon esos casos en marzo, el alcalde ha centrado sus argumentos de defensa en la teoría del complot. Eso le atrajo duras críticas de opositores y analistas que le reclaman reconocer los problemas de corrupción y encararlos públicamente.
En alusión al alcalde de la capital, el presidente Vicente Fox afirmó este viernes que lo importante es combatir la corrupción y no distraer la mirada hacia otro lugar.
López Obrador acusó directamente el jueves a la Procuraduría y a la Secretaría (ministerio) de Hacienda de usar políticamente una investigación que esas dependencias realizan desde febrero sobre su ex jefe de finanzas, con apoyo de la secretaría del Tesoro (Ministerio de Hacienda) estadounidense.
Para sustentar su acusación, exhibió un informe de carácter reservado realizado por esa secretaría extranjera y entregado luego al gobierno mexicano.
Medios de comunicación locales difundieron el 1 de marzo un vídeo donde se observa a Ponce jugando grandes cantidades de dinero en Las Vegas, pieza que según el alcalde fue conseguida por Washington y entregada a México, donde autoridades la habrían filtrado.
Eso sucedió antes de informar a la alcaldía de los supuestos delitos del ex funcionario, hoy prófugo, y de buscar alguna colaboración para su detención, arguye López Obrador.
No obstante, una fuente de la Secretaría de Hacienda mexicana informó a IPS que del 27 al 29 de febrero se habría informado a personeros de la alcaldía de la capital acerca de las sospechas que ya había sobre Ponce.
El alcalde engaña y manipula, fue la respuesta pública del gobierno ante las acusaciones de López Obrador, tras negarse a conceder la audiencia que éste pidió para presentar sus pruebas directamente a Fox.
Por otra parte, la embajada de Estados Unidos en México afirmó que su país no está involucrado en la grabación del vídeo que muestra a Ponce ni en su distribución.
En tono molesto, Fox expresó que las acusaciones del alcalde son graves e infundadas y que el Poder Ejecutivo no se prestará ”a juegos políticos o evasión de responsabilidades”.
Poco después la Procuraduría General, que depende del Ejecutivo, se sumó a las reacciones e informó que ha abierto una investigación en contra del alcalde y el fiscal de la capital, Bernardo Bátiz, por hacer públicos documentos de Washington que son reservados, pues forman parte de una indagación en curso.
Leyes locales sancionan con prisión de cuatro a 10 años la divulgación de ese tipo de informes, que habrían sido entregados a Bátiz por el propio Poder Ejecutivo.
”No me gusta la confrontación, menos con el presidente, a mí me gusta defender mis derechos, me gusta decir la verdad (…), pero no me puedo quedar callado cuando utilizan todo el aparato del Estado” en mi contra, adujo López Obrador al ratificar sus acusaciones.
Las acusaciones del gobierno ”no me intimidan”, insistió.
La secretaría de Hacienda pidió el 18 de febrero a Washington informes de los movimientos financieros de Ponce y su esposa Esperanza Gonzáles en bancos y casas de juego de Estados Unidos, pues detectó que hacían grandes movimientos de dinero.
La respuesta de Washington llegó el día 25 y comenzó a ser analizada el 27, junto con otros informes locales. Tres días después, que coincidieron con un fin de semana, se difundió por televisión el vídeo de Ponce en las Vegas que puso en duda la imagen de honestidad y austeridad que proyecta la alcaldía de López Obrador.
Una fuente de Hacienda aseguró que hasta el día en que se difundió el vídeo no estaba integrada la investigación contra Ponce y no había acusaciones en firme, aunque ya se contaba con datos que indicaban que ese ex funcionario estaba realizando importantes movimientos bancarios y apuestas de miles de dólares.
López Obrador se ha limitado a reconocer que pocos minutos después de difundido el vídeo de su ex jefe de finanzas apostando en Las Vegas, habló por teléfono con él, quien le aseguró que se presentaría frente a los medios de comunicación y que no huiría.
Pero en realidad Ponce acudió a su oficina, borró todos los archivos de su computadora, empacar y desaparecer.
Tras su huida, la Procuraduría General presentó una denuncia formal contra el ex jefe de finanzas de la alcaldía por lavado de dinero, y la Fiscalía de la capital hizo lo propio, por presunto fraude contra los dineros del ayuntamiento.
Ponce viajaba de forma semanal al extranjero y sólo acudía a trabajar dos veces por semana, pero se alega que López Obrador nunca lo supo.
Para el politólogo José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, los enfrentamientos en curso entre la alcaldía y el gobierno de Fox debilitan las instituciones de la democracia y son contraproducentes para el combate a la corrupción.
El investigador Ulises Cruz, de la Universidad de La Salle, cree que esos roces indican que la democracia mexicana es inmadura aún y requiere afinaciones institucionales para avanzar sin tanto escándalo.
A fines de 2000, México realizó las elecciones más limpias y menos objetadas de su historia, que llevaron a la presidencia a Fox y terminaron con siete década de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.
