Una añeja tubería en desuso hace 10 años volverá a operar, siempre y cuando grupos sociales de Bolivia lo permitan, para llevar de urgencia cuatro millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde ese país a Argentina, acuciada por una severa crisis energética.
El presidentes boliviano Carlos Mesa viajará este miércoles a Buenos Aires para firmar con su par Néstor Kirchner el respectivo contrato de venta de gas por seis meses, aunque la diplomacia argentina pretende que el suministro se extienda hasta 2006.
Argentina afronta un crucial déficit de producción gasífera que provoca dificultades en el consumo interno y obligó a imponer restricciones en sus exportaciones a Chile.
La posibilidad de que Buenos Aires utilice esta nueva importación de gas para cumplir sus compromisos con Santiago, que no deja de reclamar, y cuestionamientos internos hacen que esta operación comercial no haya tenido un trámite fácil en La Paz, en particular por la resistencia de algunos sectores populares como la Central Obrera Boliviana.
Muchos en Bolivia, con el sentimiento nacionalista exacerbado tras las movilizaciones sociales que culminaron en octubre con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, temen que su gas llegue a Chile a través de la conexión entre la meridional zona boliviana de Pocitos a la septentrional planta argentina de Campo Durán.
El flamante delegado presidencial para revisar las privatizaciones, Franceso Zaratti, dijo al respecto que confía en la buena fe del comprador argentino para evitar el desvío del energético hacia Chile.
En sintonía con los líderes populares, el presidente Mesa declaró de manera contundente su decisión de no vender ni una molécula de gas a Chile.
Empero, Mesa sorprendió la semana pasada cuando anunció la venta de gas natural a Argentina sin demasiados requisitos, en un improvisado discurso pronunciado en ocasión de poner en funciones a su nuevo gabinete ministerial, entre ellos a Xavier Nogales, el tercer titular de la cartera de hidrocarburos en seis meses.
A manera de un desmarque del parlamento, que por lo general le es adverso, el mandatario también convocó por decreto a una consulta popular sobre el destino del gas natural, que se realizará el 18 de julio, y lamentó la pasividad de los legisladores que postergaron indefinidamente el análisis de un proyecto de ley al respecto.
Así, el diseño de una estrategia energética en Bolivia está condicionada a la opinión de los ciudadanos sobre el futuro de los recursos hidrocarburíferos, mediante un referéndum, y a factores externos como la crisis argentina, explicó a IPS el analista Carlos Villegas.
La decisión de ayudar a Argentina en su emergencia es una forma también de atender las exigencias de las regiones productoras localizadas en el sur de Bolivia, que presionan por una concreción del negocio externo del gas, a diferencia de las organizaciones sociales de occidente inclinadas a industrializar el producto en el propio país, apuntó el experto.
Hasta la semana pasada, sólo el ex gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) respaldaba la política energética, pero luego se registró un cambio de posición en otros sectores tras la acción gubernamental de operar por decreto en lugar de leyes. En respuesta, resolvieron ahora sí estudiar el proyecto de ley de hidrocarburos difundido oficialmente el jueves.
Los parlamentarios del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) exigen, antes de cerrar el negocio con Buenos Aires, la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos, que recupere para el Estado la propiedad de las cuantiosas reservas, obligue al capital privado a incrementar el pago de regalías e impuestos, y vuelva a facultar a la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a explotar y comercializar carburantes.
Mesa comparte la iniciativa de fortalecer YPFB y propone el incremento de las tasas impositivas gradualmente de 18 por ciento a 50 por ciento sobre los volúmenes producidos por las empresas transnacionales.
Todos estos encuentros y desencuentros explican que la cuestión del gas natural se haya convertido en el punto más sensible de la democracia boliviana desde su restablecimiento hace 21 años.
En septiembre y octubre de 2003, el anuncio de la exportación de gas natural a Estados Unidos a través de puertos chilenos desató una serie de movilizaciones populares en la región occidental del país que terminaron con la renuncia y posterior fuga al exterior del derechista Sánchez de Lozada y un saldo de 70 personas muertas, según organizaciones humanitarias.
El fuerte recelo popular de los bolivianos se arrastra desde la llamada Guerra del Pacífico de 1879, cuando este país pierde sus costas en beneficio de Chile, los dos países involucrados en el conflicto bélico limítrofe junto con Perú. Santiago y La Paz volvieron a interrumpir sus relaciones diplomáticas en 1978, tras el fracaso de una gestión binacional para recuperar esa salida al mar.
La sucesión constitucional, tras el levantamiento social, permitió al entonces vicepresidente Mesa asumir la presidencia con el compromiso de consultar a la ciudadanía sobre la pertinencia de exportar el gas natural, cómo y por dónde, revisar la legislación de los hidrocarburos, al margen de otros anuncios como la convocatoria a una asamblea fundacional (constituyente).
Desde entonces, dos ministros de energía renunciaron y dejaron inconclusa la redacción de la nueva ley de hidrocarburos, en un escenario donde las empresas petroleras no desean un cambio de las reglas y el gobierno intenta recuperar para el Estado la propiedad sobre los yacimientos e incrementar las tasas impositivas.
El primero de esos ministro, el consultor petrolero Alvaro Ríos, renunció a sus funciones por supuestas presiones de las firmas privadas y la amenaza del MAS de interpelarlo, mientras su sucesor, el ex canciller del gobierno derrocado Antonio Araníbar, dejó el puesto tras sufrir una censura pública por su participación en la firma de un contrato al parecer fraudulento entre el estado y la quebrada empresa estadounidense ENRON.
A todo esto, el nuevo ministro del sector e influyente hombre del entorno presidencial, Nogales, anunció que los puertos peruanos representan la opción real para exportar el gas a América del Norte, mientras Chile no hable de restituir un puerto del océano Pacífico a Bolivia.
El gas es el mejor canciller del país, dijo Nogales la semana pasada en la meridional ciudad de Tarija, en ocasión de celebrarse un aniversario cívico de esta región que posee 85 por ciento de los 54 trillones de pies cúbicos de gas natural, que hacen de Bolivia la mayor reserva de América después de Venezuela.
Sin embargo y aunque los periódicos de Lima declararon ganada la guerra del gas tras el anuncio de Nogales, Mesa se apresuró en aclarar luego que aún no existe una decisión en torno a un eventual puerto de exportación.
Villegas recomendó mayor cautela al gobierno en el diseño de su política internacional y evitar el exitismo con anuncios públicos sobre la elección de un puerto de exportación, sin una negociación previa con Lima.
Entre los posibles puertos de salida del energético boliviano están la septentrional región chilena de Patillos, para la construcción de una planta de licuefacción y embarque que demandaría una inversión de 5.000 millones de dólares, mientras que Perú ofrece facilidades en el meridional puerto de Ilo.
Los portavoces del gobierno boliviano, explicaron que esa decisión llegará después de la consulta popular del 18 de julio. Hasta entonces, todo serán globos de sondeo. (
