Aun los países democráticos están lejos de ser inmunes a la corrupción o al abuso de poder, pues ofrecen poca protección para quienes deciden denunciarlos, según un estudio mundial presentado en Estados Unidos.
Ni uno entre los 25 gobiernos democráticos analizados obtuvo buenas calificaciones en materia de control o combate a la corrupción, según un informe sin precedentes elaborado del Centro para la Integridad Pública, instituto de periodismo de investigación con sede en Washington.
Este estudio demuestra que ningún país, sin importar su riqueza, tamaño o población, es inmune a la corrupción, dijo Charles Lewis, director del Centro.
De Argentina a Zimbabwe, los 25 países analizados resultaron susceptibles a abusos de poder, sea por falta de transparencia, de una agencia independiente que controle los procesos electorales o de límites al dinero que personas y empresas donan al sistema político, agregó Lewis.
Increíblemente, ni un solo país de la muestra logró la máxima calificación —'muy fuerte'— en nuestro índice de integridad pública, agregó el experto, al presentar el estudio el miércoles.
El Informe sobre Integridad Global elaborado por el Centro incluye datos recabados por más de 150 cientistas sociales a lo largo de dos años.
El índice elaborado servirá, según los autores del sondeo, para medir el compromiso de un país con el estado de derecho, la libertad de prensa y la transparencia en el proceso de toma de decisiones gubernamentales.
Las áreas de análisis fueron la sociedad civil, la información pública y los medios de comunicación, los procesos electorales y políticos, las ramas del gobierno, la administración y el servicio civil, los mecanismos reguladores y de control y los mecanismos anticorrupción.
Los puntajes variaban de muy fuerte a muy débil, pasando por fuerte, moderado y débil. Sólo cinco países recibieron una calificación de fuerte: Estados Unidos, Portugal, Australia, Italia, Alemania y Sudáfrica.
Siete naciones —Filipinas, Argentina, México, Brasil, Japón, Venezuela y Ghana— recibieron un puntaje de moderado, mientras Nigeria, Panamá, Nicaragua, Ucrania, India, Indonesia, Namibia, Turquía, Rusia y Kenia resultaron débiles.
Guatemala y Zimbabwe cayeron en la categoría muy débiles.
El informe concluyó que Estados Unidos se ubicaba primero en dos de las seis áreas consideradas, con calificación de muy fuerte en las categorías de sociedad civil y ramas del gobierno.
Pero el puntaje de Washington fue bajo en algunas de las restantes. Se ubicó en 19 lugar en cuanto a mecanismos de regulación y control, en parte porque el país carece de ombudsman (defensor del pueblo) nacional, cuya función es hacer un gobierno más abierto y responsable ante el público.
Según el índice, 18 de los 25 países carecían de leyes o regulaciones adecuadas para proteger a quienes denunciaban actos de corrupción. Portugal fue el único país en que funcionarios del gobierno que informan sobre esos casos son con frecuencia protegidos de recriminación.
Y de los 25 países, 23 recibieron la calificación de muy débil en cuanto a la protección de los denunciantes.
El castigo y la represalia contra los que investigan casos de corrupción es también una actitud generalizada, con frecuencia en perjuicio de periodistas, según el estudio.
En 15 de los países investigados, los periodistas que constataron casos de corrupción terminaron en prisión, heridos o muertos a manos de sicarios. En tres naciones —Guatemala, México y Zimbabwe—, periodistas y jueces sufrieron daños físicos el año pasado, agrega el sondeo.
Más allá de la cobertura de la guerra, investigar la corrupción política es la tarea más peligrosa hoy para los periodistas, dijo Lewis.
En 14 de los países, los jefes de Estado no pueden ser acusados de corrupción, mientras en seis naciones el oficialismo controla dos tercios o más de los escaños parlamentarios, lo que restringe la capacidad de la oposición de controlar la acción gubernamental.
Mientras, las donaciones a los partidos fueron utilizadas en todos los países investigados para obtener favores políticos.
El informe menciona en ese sentido el caso de la compañía energética estadounidense Enron, uno de los principales contribuyentes de la campaña electoral del presidente George W. Bush. La firma colapsó en diciembre de 2001, un año después de los comicios.
Como consecuencia, la empresa recibió miles de millones de dólares en concepto de tratamiento favorable de funcionarios de gobiernos estatales y del federal en no menos de 49 ocasiones, indica el informe.
Las finanzas de los partidos políticos son secretas en 10 de los 25 países, y en 14 de ellos se permiten donaciones de empresas sin limitación alguna. Diecisiete naciones carecen de leyes que restrinjan la cantidad de dinero que un partido puede utilizar en campañas electorales.
Cuatro países —India, Japón, Kenia y Zimbabwe— no tienen una agencia independiente que controle las finanzas de los partidos.
Seamos francos. En demasiadas ocasiones, en virtualmente todos los países analizados, en cierto grado, elpoder no es confiable ni responsable. Y en una democracia del siglo XXI, sin importar la geografía, eso es simplemente inaceptable, sostuvo Lewis.
