Acorralado por citaciones judiciales y un pedido de captura internacional, el ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) se refugia desde Chile en el papel de perseguido político sin garantías de juicio justo en su país. Nada nuevo, dicen expertos.
Más allá del desprestigio real de la justicia argentina, el ex mandatario no hace más que apelar a clásicas maniobras para eludir la ley, según observadores.
Sus abogados son cautos ante cada trámite, muy lejos del tono airado de las declaraciones públicas de su cliente contra el gobierno y el Poder Judicial. Prefieren apelar a todos los espacios técnicos posibles para retardar la comparecencia de Menem ante los tribunales, en espera quizás de un mejor ambiente político para desplegar su defensa.
”Por supuesto que la justicia argentina dista de ser perfecta, pero de ninguna manera es tan insegura que no da garantías”, dijo a IPS el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
”Es típico de un perseguido penal decir que no tiene garantías” para justificar su resistencia a presentarse ante la justicia, añadió en referencia a Menem.
El juez Jorge Urso pidió este martes la captura internacional de Menem, residente en Chile junto a su esposa de esa nacionalidad, Cecilia Bolocco.
Urso reclama la comparecencia del ex mandatario en una causa sobre fraude en la construcción de dos cárceles. El trámite de extradición podría demorar seis meses, mientras la Corte Suprema de Justicia de Chile se pronuncia sobre el caso y ordena a Interpol (policía internacional) proceder al arresto.
La denuncia fue presentada en 2001 por la entonces secretaria de Asuntos Penitenciarios del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), Patricia Bullrich. En diálogo con IPS, Bullrich aclaró que la denuncia ”no fue contra Menem u otro dirigente, sino por la presunción de sobreprecios y sobornos en la construcción de las dos cárceles”.
Desde entonces Urso procesó a 20 funcionarios y ahora Menem, quien firmó un decreto convocando la licitación y otro adjudicando las obras, está en su mira.
Bullrich había investigado y comparado los gastos de construcción de cárceles en otros países, y detectó precios hasta 30 por ciento superiores a los del mercado, tasas de interés exorbitantes y un seguro contra eventual devaluación que encarecía enormemente el precio final.
”Calculamos que con cada cárcel que hizo Menem, se podían construir tres”, remarcó.
No obstante, Bullrich también es consciente de las debilidades del sistema judicial local, en las que procura medrar el discurso defensivo del ex mandatario.
”Menem está sufriendo las consecuencias de una justicia dependiente del poder de turno, que él mismo contribuyó a crear”, opinó Bullrich -quien preside el partido centroderechista Unión por Todos-, en referencia a las reformas y nombramientos en el sistema judicial efectuados en los años 90 por el entonces mandatario.
Desde que finalizó su segundo mandato, en 1999, Menem está en la mira de varios tribunales por fraudes, omisión maliciosa de bienes y contrabando de armas. Inclusive la justicia de Suiza sigue el rastro de sus bienes en bancos de ese país por sospechas de lavado de dinero.
El ex jefe de Estado suele asegurar que ”no tiene” más cuentas bancarias en Suiza, excepto la que reconoció tener, pero la justicia suiza indaga los bienes de unos 50 ex colaboradores y familiares en busca de posibles testaferros de un patrimonio construido sobre la base de corrupción.
En 2001, cuando todavía se jactaba de su disposición a ser investigado, Menem se presentó ante el juez Urso, que indagaba la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, ordenada por su gobierno a mediados de 1995.
Los decretos con su firma y las de varios ministros indicaban que el armamento se dirigía a Perú y a Panamá, pero luego se comprobaron desvíos.
Entonces Urso procesó a Menem como ”jefe de una asociación ilícita” que involucraba a funcionarios, empresarios y militares, y ordenó su arresto.
Tras seis meses en prisión domiciliaria -un beneficio al que pueden acogerse los mayores de 70 años-, Menem obtuvo mediante apelación un fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la figura delictiva usada por el juez, y se benefició con la inmediata excarcelación.
En 2003 el ex mandatario compitió incluso por la presidencia con quien ahora gobierna, su correligionario en el Partido Justicialista Néstor Kirchner.
Aunque ganó la primera vuelta por escaso margen, Menem se negó a participar de la segunda ronda alegando la existencia de maniobras para facilitar el triunfo de su contendor.
Desde entonces, se aceleraron algunos procesos. El ministro de Justicia Gustavo Béliz dijo que Menem ”debe devolver lo que robó”, y admitió que el gobierno de Kirchner accionará ”en forma decidida” para promover investigaciones en Suiza sobre presuntas cuentas bancarias del ex mandatario.
Según el legislador suizo Philippo Lombardi, de visita en Argentina en febrero, la justicia de su país avanzaba en la pesquisa sobre cuentas vinculadas a Menem ”porque ve buena voluntad de Kirchner” para encauzar la investigación.
El magistrado Norberto Oyarbide investiga a Menem por omisión maliciosa en su declaración de bienes como funcionario público de una cuenta en Suiza con 650.000 dólares.
En 2002, el ex presidente admitió ante la cadena estadounidense de noticias CNN que sólo poseía ese depósito fuera del país, fruto del cobro de una indemnización del Estado por los años que pasó en prisión durante la última dictadura militar (1976-1983).
Lo hizo como descargo cuando un ex agente de la inteligencia iraní declaró que un enviado del gobierno de Menem había cobrado en su nombre 10 millones de dólares que depositó en un banco suizo, a cambio de que el entonces presidente evitara que los tribunales vincularan a Irán con el atentado explosivo de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.
Es cierto que Menem obtuvo un resarcimiento económico por haber sido preso político de la dictadura. Pero el ex presidente argumenta que el monto original de 180.000 dólares creció hasta 650.000 dólares por la simple acumulación de intereses, un rendimiento financiero que los investigadores consideran improbable.
El ex presidente asegura también que no declaró ese dinero pues el depósito estaba destinado a su familia, argumento que no lo exime del delito de omisión de bienes.
A la sazón, su ex esposa, Zulema Yoma, y su hija, Zulema Menem, dijeron a Oyarbide desconocer la existencia de esa cuenta.
Menem comenzó a pedir tiempo. Primero a la Administración Federal de Ingresos Públicos para responder sobre el origen de esa cuenta con argumentos pueriles como el pedido de aclaración acerca de a qué ”manifestaciones públicas” se refería la oficina de impuestos, luego de la entrevista con CNN.
Este año, cuando la investigación de Oyarbide se extendió a todo su patrimonio a pedido de la fiscalía, Menem eludió tres citaciones judiciales alegando motivos de salud o la necesidad de más tiempo para leer el expediente.
Mientras su defensa apelaba a estos recursos, el ex presidente decía a la prensa que su país no le garantizaba un juicio justo.
Igual camino siguió ante los pedidos del magistrado Urso, quien le concedió tres prórrogas hasta que este martes Menem se ausentó por cuarta vez. Entonces se libró el pedido de captura.
A Menem lo esperan otros tribunales. Uno que investiga su cesión por decreto de un terreno público al sindicato de trabajadores mercantiles, y otro que lleva adelante el proceso por el contrabando de armas reactivado este año tras un amplio informe con nuevos datos de la oficina de Aduanas.
Esa repartición asumió un papel activo como querellante en ese proceso por orden de Kirchner. En marzo, la oficina presentó un informe ante la Cámara en lo Penal Económico apelando el sobreseimiento de Menem y pidiendo que la causa se reactivara ante las nuevas evidencias.
Los jueces cuya imparcialidad pone hoy Menem en tela de juicio, fueron designados por él, recordó Sabsay. De hecho, la mayoría de los jueces federales en funciones llegaron a sus puestos bajo su mandato. Y sus fallos sesgados a favor del gobierno dieron lugar a una lluvia de críticas.
Sabsay sospecha que aún subsiste algo de aquel vínculo.
”Si hubiera sido cualquiera otra persona, se habría pedido su captura ante la primera ausencia, sin embargo se tuvieron muchas consideraciones”, dijo el abogado. ”Temo que haya un juego a dos puntas en la orden de detención de Urso”, aventuró.
En cualquier caso, el cerco se cierra sobre el ex mandatario que asegura vivir en Chile gracias a la generosidad de su esposa, dueña de la residencia que cohabitan, y con 10.000 dólares mensuales que le giran desde un estudio jurídico que posee en Argentina.
*/ATENCION EDITORES: Esta nota corrige el párrafo 16 de la transmitida a las 21.59 GMT/
