El acuerdo de libre comercio negociado entre el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es ”un ejercicio diplomático” más que un avance comercial, al menos para el sector agroindustrial brasileño.
Así lo evaluó Gilman Viana Rodrigues, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) y representante del sector en las negociaciones internacionales.
El acuerdo concluido el sábado en Buenos Aires entre el Mercosur y Colombia, Ecuador y Venezuela, que deberá formalizarse en julio, representa la integración comercial de prácticamente toda América del Sur, en un bloque de 350 millones de habitantes.
Los otros dos miembros de la CAN, Bolivia y Perú, ya se habían asociado al Mercosur (Mercado Común del Sur, compuesto de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), y otro tanto había hecho Chile.
De esta forma, solo Guyana, Suriname y Guayana Francesa están fuera del espacio de integración sudamericano en construcción.
Pero el acuerdo CAN-Mercosur ”carece de densidad comercial”, ya que los países andinos tienen ”escasa capacidad de compra y de consumo”, lo que limita las posibilidades de aumento de las exportaciones brasileñas, dijo Rodrigues a IPS.
Por otro lado, tampoco se podrán incrementar mucho las exportaciones andinas, por ”la baja competitividad en calidad y costos”, opinó.
Rodrigues manifiesta así la frustración del sector agroindustrial brasileño con las negociaciones para crear el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y para liberalizar la agricultura en Organización Mundial del Comercio, trabadas por la resistencia de países ricos en abrir sus mercados agrícolas.
El ALCA está ”deshidratada”, pues poco queda de las propuestas originales, lamentó.
Más que el comercial, los aspectos políticos y estratégicos de la integración entre el Mercosur y la CAN son destacados por otros observadores.
El acuerdo ”es una forma de entrelazar todas las economías de Sudamérica, que puede así transformarse en un bloque de mucho peso” en las negociaciones, especialmente del ALCA, señaló a IPS Telasco Pulgar, jefe de proyectos del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).
”No es igual la posición de un país solo, como Ecuador o Venezuela, que la de un conjunto de naciones que abarca a 350 millones de consumidores, con una potencialidad de importaciones que hará pensar a Estados Unidos y Canadá”, argumentó Pulgar, quien habló a título personal.
El ”sentido político muy importante”, por ser ”la primera vez que se alcanza un acuerdo en materia de integración suramericana”, fue destacado también por Germán Umaña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y ex representante de su país ante la Unión Europea y en varias negociaciones internacionales.
El papel de las cancillerías ”fue fundamental” en el acuerdo CAN-Mercosur, cuyas ”normas generales fueron dadas en las reuniones de cancilleres y no en las de ministros de comercio exterior”, destacó a IPS.
Las negociaciones, que se prolongaron por más de ocho años, avanzaron rápidamente desde el año pasado. ”Lo que cambió fue la flexibilidad de Brasil y de los países del Mercosur en general”, observó Umaña, señalando que en esto el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva se distingue de sus predecesores.
Colombia pudo adherir al acuerdo después de que muchos de sus intereses ”fueron tenidos en cuenta”, especialmente en temas agrícolas y de normas de origen. Pero el experto no espera un impacto significativo del acuerdo en el crecimiento de la economía colombiana.
Las exportaciones del conjunto de los cinco países andinos al Mercosur se limitaban a 1.429 millones de dólares en 2002, una minúscula participación en el total andino de 50.919 millones de dólares, según datos de la CAN.
Es también muy poco en comparación con los 23.386 millones exportados por la CAN al bloque norteamericano de Canadá, Estados Unidos y México (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
Pero es con el Mercosur que la CAN registra su mayor déficit comercial, de 2.932 millones de dólares en 2002, mientras las importaciones ascendían a 4.361 millones de dólares, cerca de 60 por ciento provenientes de Brasil.
El acuerdo prevé la desgravación inmediata de ciertos productos, principalmente materias primas, y plazos variados hasta un máximo de 15 años, para liberar de aranceles a productos más delicados, considerando las diferencias de desarrollo relativo entre los países involucrados.
También las reglas de origen de los bienes contemplan las asimetrías económicas, pues se exige un contenido subregional de 45 por ciento, en Ecuador y en Paraguay, hasta de 60 por ciento en Argentina y en Brasil, con variaciones después de los primeros siete años.
Los países andinos requerían un tratamiento distinto en algunos sectores por el temor, por ejemplo, a la agricultura de ”importancia mundial ya tradicional” de Argentina y a los recientes avances de Brasil, destacó a IPS el peruano Enrique Amayo, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Estadual de Sao Paulo.
Pero en estos acuerdos de integración, es necesario considerar ”las complementariedades más que la competencia”, en una ”visión de conjunto”, estimó.
Si el Mercosur tiene ventajas económicas, las naciones andinas cuentan con su ubicación estratégica en el océano Pacífico, ”dínamo actual de la economía mundial”, y así la cooperación puede ser mutuamente benéfica, sostuvo Amayo.
Una salida al Pacífico para Brasil, ”más fácil y de menos costos” pasa por Perú, ya que para llegar a puertos chilenos habría que dar la vuelta por Argentina, pues Bolivia no aceptaría una conexión hacia Chile, con el que mantiene un histórico conflicto fronterizo, observó Amayo.
En su opinión, la economía de los dos bloques se beneficiará de las facilidades que ganarán muchas actividades de expansión casi inmediata, como el turismo, y otras más lentas, como la integración física.
Como el acuerdo contemplará progresivamente áreas sociales, Pulgar estima que la movilidad de trabajadores ”tendrá que ser reglamentada”, solucionando el problema de las intensas migraciones ilegales entre los países sudamericanos, que afectan tanto a los inmigrantes privados de derechos, como a los países a los que llegan.
*Con aportes de Constanza Vieira (Colombia) y de Humberto Márquez (Venezuela).
