Los universitarios de Bolivia volvieron este viernes a las calles tras la represión policial de que fueron víctimas en la víspera, aumentando con ello tanto la adhesión social al reclamo de mayor presupuesto como la tensión institucional en medio de rumores de golpe de estado que no logran despejarse totalmente.
La ciudad de La Paz, sede del gobierno, fue otra vez escenario de marchas de estudiantes de las universidades estatales, esta vez acompañados por profesores y funcionarios administrativos, que se suman así a otras protestas y versiones sobre eventuales cambios institucionales, mientras comienza actuar una comisión mediadora.
A pesar de la declarada política de cautela del ministro de Gobierno (interior), Alfonso Ferrufino, el jueves por la noche la policía irrumpió en los predios universitarios para reprimir a los manifestantes, dejando un saldo de al menos cinco heridos.
Los enfrentamientos culminaron una jornada pautada por marchas de miles de comerciantes minoristas y de trabajadores del transporte urbano de pasajeros por las calles de la propia La Paz y de las centrales ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.
Ferrufino volvió a indicar que prefiere la prevención en materia de orden público e instruyó a los efectivos policiales a mantenerse a prudente distancia de las manifestaciones. Haremos todo lo que está a nuestro alcance para disuadir a los manifestantes y evitar que incurran en actos de violencia, señaló.
Mientras las calles de las principales ciudades del país vuelven a cobijar crecientes protestas, una comisión especial trata de mediar entre el gobierno y las organizaciones sociales y políticas en rebeldía para preservar la ya frágil democracia, acosada además por rumores de golpe de estado y versiones cruzadas al respecto de funcionarios estadounidenses.
En la misma tarde del jueves la embajada de Washington en La Paz debió salir a desmentir supuestas sugerencias del subsecretario del Tesoro de ese país, John Taylor, al presidente boliviano Carlos Mesa, para que acorte su mandato en dos años y anticipe la convocatoria a elecciones antes de fin de año.
La comisión conformada por el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Sacha Llorenty, y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, monseñor Edmundo Abastoflor, comenzaron los contactos primero con las organizaciones sociales en conflicto.
El acercamiento tiene por finalidad conocer en detalle las demandas de los grupos sociales movilizados y elaborar una agenda nacional de temas que requieren una solución gubernamental, dijo Llorenty a IPS.
Los comerciantes y transportistas unieron sus protestas en defensa de la continuidad del régimen impositivo, que excluye del pago a los capitales pequeños. Los propietarios de vehículos del transporte público además se quejan de la política para la gasolina cuyo precio sigue la evolución al alza del precio internacional del petróleo..
Por su parte, los universitarios reclaman un incremento presupuestario de 18 millones de dólares, mientras el gobierno ofrece apenas 1,7 millones. Pero esta demanda parece ser la que menos respaldo popular recoge en un país como Bolivia, con déficit fiscal de 450 millones de dólares el año pasado y el un salario mínimo nacional equivalente a 50 dólares.
A todo esto, el presidente Mesa declaró a la cadena de televisión estadounidense CNN en Buenos Aires, donde firmó el miércoles varios acuerdos bilaterales, que los rumores de un golpe de estado son sólo la expresión de una paranoia imposible e inviable en el marco de la racionalidad interna y externa.
Una lectura mínimamente consciente de la realidad latinoamericana y del escenario en que está el continente da una idea clara de que pueden producirse situaciones de crisis, incluso de finales de gobierno, pero que la solución tiene que ser siempre democrática, sostuvo.
Mesa asumió la presidencia de Bolivia con la anuencia del parlamento el 17 de octubre de 2003 tras la renuncia y posterior fuga del país del derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, de quien era su vicepresidente. Según lo establece la Constitución, su mandato finaliza cuando finalice el periodo de siete años que debió cumplir su antecesor, es decir el 6 de agosto de 2007.
Sánchez de Lozada abandonó el cargo en medio de multitudinarias movilizaciones sociales, cuyo reclamo central era detener los planes de exportación de gas natural en manos privadas y a través de puertos chilenos.
La represión ordenada por el gobierno de entonces dejó en menos de una semana 70 personas muertas y centenares de heridos, según organizaciones humanitarias, virulencia que había motivado precisamente la renuncia de Mesa a la vicepresidencia apenas comenzaron las primeras acciones policiales y militares.
La demanda contra la elección de puertos del norte de Chile para enviar futuras exportaciones gasíferas a América del Norte siempre tiene buen eco en Bolivia, pues esa costa sobre el océano Pacífico es la que perdió precisamente a manos del país vecino en la llamada Guerra del Pacífico de 1879, que involucró también a Perú.
Bolivia y Chile son los únicos países de América del Sur que mantiene sus relaciones diplomáticas interrumpidas, situación que data de 1978.
En ese marco institucional es que se habría basado Taylor para recomendar a Mesa que acortase su mandato y adelantara la convocatoria a elecciones presidenciales para antes de fin de año.
Esa versión fue difundida el jueves por el diario peruano La República, que recoge un supuesto diálogo entre Mesa y Taylor, quienes coincidieron el miércoles en Buenos Aires. El mandatario boliviano fue a suscribir un acuerdo de venta de gas natural a Argentina y otros convenios con su par, Néstor Kirchner, mientras que el funcionario estadounidense estuvo revisando el programa monetario argentino.
Empero, el agregado de prensa de la representación estadounidense en Bolivia, Gary Fuller, declaró a una radio local, en nombre oficial de su país, que apoya el proceso constitucional y democrático, y al gobierno de Carlos Mesa hasta la finalización de su mandato.
Un día antes, Mesa había destituido al almirante Jorge Badini de su cargo de viceministro de Defensa. El militar acusó al izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de ejercer profunda influencia en las decisiones del gobierno y lo responsabilizó de haber caído en desgracia.
A su vez, el MAS, liderado por el diputado Evo Morales y transformado en una de las principales fuerzas del país ante la atomización del resto del espectro político, atribuyó a Badini y al ministro de defensa, Gonzalo Arredondo, de promover la desestabilización del gobierno. Ambos negaron un posible vínculo con ese ruido de sables.
En opinión de Llorenty, los temas fundamentales surgieron de las jornadas de octubre que terminaron con la renuncia de Sánchez de Lozada y tienen relación con la reforma de la ley de hidrocarburos, el llamado a una consulta popular sobre la exportación de gas natural y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Sin embargo, el activista humanitario explicó a IPS que la agenda estará abierta a las inquietudes de otros sectores, como las organizaciones comunitarias de los habitantes indígenas de occidente y los campesinos sin tierra.
En tanto, monseñor Abastoflor pidió a los manifestantes una reflexión y análisis de sus demandas, mientras que Albarracín advirtió del peligro que entrañan las acciones que arrinconan al Poder Ejecutivo y afectan a la paz.
Estamos ingresando en una ruta de suicidio colectivo, dijo Albarracín y descartó la solución de las demandas sociales por la vía de la convulsión social.
Uno de los líderes de las movilizaciones de octubre y dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, declaró traidor al presidente del país por la decisión de vender gas a Argentina y pidió, a título personal, el anticipo de las elecciones presidenciales. No pretendemos derrocar a Mesa, pero tampoco tiene nuestro respaldo, aclaró ante IPS.
El Alto, contigua a La Paz, fue escenario en octubre de los más dramáticos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y organizaciones civiles contrarias a la venta de gas a Estados Unidos y México en los términos pactados hasta entonces, que según los opositores eran perjudiciales para el estado en beneficio de las empresas transnacionales.
Ahora, con ánimo conciliador, el ministro Ferrufino invitó a las fuerzas sociales a generar un clima de diálogo y entendimiento efectivo. Todos debemos estar dispuestos a contribuir y compartir el sacrificio, apuntó.
El presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, tras advertir sobre el riesgo que atraviesa el sistema democrático, llamó también a deponer las actitudes de presión ejercidas por los sindicatos de gremiales, transportistas y universitarios.
