Siete muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos han dejado los inusitados desórdenes protagonizados a las puertas de las urbanizaciones de clase media en Venezuela y que se redujeron este miércoles a un puñado de focos.
Otra característica nueva de las protestas fue que en varias zonas la represión estuvo a cargo de la Guardia Nacional, una fuerza militar, mientras las policías municipales se cruzaban de brazos e incluso animaron los motines, según denuncias.
Las demostraciones presionaron primero al Consejo Nacional Electoral para que convocase a un referendo revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez, y luego protestaron por la decisión del organismo comicial, el cual halló que los opositores no han reunido firmas suficientes para activar la consulta.
Los accesos a una docena de barrios de clase media y alta de Caracas fueron bloqueados con barricadas en las que ardieron neumáticos, escombros, troncos, bolsas con basura, algunos vehículos y hasta la marquesina de un cine.
En varios corredores viales del residencial este caraqueño y la emblemática plaza Altamira -donde 100 militares sin armas se declararon en rebeldía en octubre de 2002-, centenares de revoltosos enfrentaron por horas, cada jornada, a las fuerzas del orden.
Durante el día las refriegas fueron con piedras, palos, botellas, cócteles molotov y cohetes contra gases lacrimógenos y perdigones (balines plásticos), pero en las noches varios sectores de la ciudad se poblaron de disparos de armas cortas y largas.
En ciudades-dormitorio de Caracas y las principales urbes del interior se reprodujeron las escenas. Pero en la tarde de este miércoles la intensidad de la confrontación disminuyó, ante el evidente cansancio de los vecinos por días de tránsito dificultado.
El politólogo Luis Salamanca observó a IPS que los venezolanos no tienen la contundencia de los piqueteros argentinos o los cocaleros bolivianos, pero la dinámica de los acontecimientos los irá acostumbrando a las lógicas de la confrontación.
Salamanca se refería a los desempleados argentinos y a los cultivadores de coca de Bolivia, que aplican como forma de protesta sistemática el bloqueo de carreteras y autopistas que alteran el funcionamiento urbano y la actividad productiva.
El balance hasta ahora en Venezuela es de siete muertos de bala, por cuatro de los cuales la oposición culpa a la Guardia Nacional. Al menos una de las víctimas era un obrero seguidor del oficialismo, presuntamente baleado por policías bajo mando opositor (que pertenecen a cuerpos policíacos de alcaldías contrarias al gobierno).
Hay además medio centenar de heridos y entre 200 y 400 detenidos, según distintas fuentes. La policía política informó que detuvo a un dirigente opositor, Carlos Melo, cuando transportaba dos fusiles en su vehículo.
Según Rafael Narváez, portavoz de la coalición opositora Coordinadora Democrática, la Guardia Nacional tortura a los detenidos con baños de agua fría, les rocía gases tóxicos y los despoja de pertenencias y documentos.
Narváez mencionó el caso de un joven de 14 años, al que sólo identificó como Italo, y que fue brutalmente golpeado.
Entre los lesionados hubo 15 trabajadores de la prensa, varios de ellos golpeados por agentes uniformados o vestidos de civil, y cuatro baleados. Un reportero gráfico constató que un joven opositor le disparó al pecho, pero lo salvó la protección de su chaleco antibalas.
Condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y la policía política en el contexto del control de las recientes manifestaciones, afirmaron en una declaración conjunta siete de las principales organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que funcionan en Venezuela.
Pero condenamos a la Policía Metropolitana (de la gran Caracas), a la del estado de Miranda (al este de la capital) y a las de Chacao y Baruta (epicentro de las protestas) por su participación directa en la colocación de barricadas y otros eventos de alteración del orden público, expuso el comunicado de las ONG humanitarias.
También por la omisión de su deber de garantizar la seguridad ciudadana. Los cuerpos de seguridad no pueden constituirse en brazos armados subordinados a parcialidades políticas, agregó el texto de la ONG.
El gobierno nacional y los partidos oficialistas culpan a las policías en manos de alcaldes opositores de enviar agentes vestidos de civil a organizar los desórdenes, así como de disparar contra la Guardia Nacional y contra algunos transeúntes que resultaron heridos.
Venezuela no tiene una policía nacional, sino policías estaduales y municipales, además la Guardia Nacional (componente de la Fuerza Armada), la policía política y la de investigaciones criminales.
La Policía Metropolitana, con 8.000 efectivos en Caracas, está en manos del alcalde opositor independiente Alfredo Peña, y las de Baruta y Chacao en las de alcaldes del partido de jóvenes de centroderecha Primero Justicia.
No he visto a los policías de Chacao actuando en los desórdenes, pero sí que están ahí sin hacer nada, cruzados de brazos, dijo a IPS, junto a la plaza Altamira, Marla Estévez, residente de ese municipio.
El alcalde de Baruta, Henrique Capriles, justificó esas acciones porque nuestras policías son para minimizar la violencia, pero no vamos a disparar contra ciudadanos que manifiestan con toda razón porque les están robando la democracia.
El defensor del Pueblo Germán Mundaraín presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una acción de amparo por omisión contra varios alcaldes y gobernadores que, a su juicio, omitieron actuar en defensa del orden público.
Las demostraciones callejeras mermaron mientras la Coordinadora Democrática negociaba este miércoles con el Consejo Electoral una fórmula de arreglo para que en las próximas semanas sus seguidores puedan ratificar firmas hasta alcanzar los 2,4 millones necesarios para convocar a un referendo sobre el mandato de Chávez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó este miércoles su preocupación por los graves hechos de violencia registrados en Venezuela. Y atribuyó el saldo de víctimas al uso indebido de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, la policía política y las fuerzas policiales locales, como a la acción de manifestantes. (
