Tener hijos es ahora una meta cuesta arriba para las parejas estériles en Italia, tras la aprobación el mes pasado de la Ley de Procreación Asistida, que definió a los embriones como personas con derechos, alegan diversos sectores sociales.
Apoyada por el Vaticano y algunos partidos de izquierda, junto con el oficialismo derechista, la nueva norma intenta proteger la vida de los embriones, y prohibió congelarlos, experimentar con ellos, destruirlos o clonarlos.
En 323 institutos de fecundación asistida de Italia hay actualmente 24.000 embriones congelados pertenecientes a unas cinco mil parejas, según datos del Instituto Superior de Salud.
Cerca de 70 por ciento de esas parejas se proponía usarlos para intentar nuevas concepciones.
La nueva ley, de 18 artículos y que comenzó a discutirse en 2001, sólo consiente la inseminación artificial para parejas heterosexuales y casadas.
No se permite el uso de semen u óvulos de terceras personas, y la técnica quedó vedada para personas solteras y parejas de personas del mismo sexo.
Además, la nueva norma sólo permite a cada pareja producir para su reproducción asistida un máximo de tres embriones, ya que sería problemático conservar una cantidad mayor ahora que la congelación está prohibida.
Pero sólo 60 por ciento de los óvulos fecundados se convierten en embriones, y la ley no es aplicable, dijo a Tierramérica la vicejefa del bloque parlamentario del opositor partido Democráticos de Izquierda, Elena Montecchi, coordinadora del grupo de trabajo sobre la ley.
La norma impide a la mujer acceder a la procreación asistida, impone al médico usar sólo tres embriones, si uno tiene una malformación no se puede hacer nada, y por último atenta contra la libertad científica y el desarrollo tecnológico en el campo de la reproducción, alegó.
Mónica Soldano, directora de la no gubernamental Madre Probeta, también rechaza la ley. No reconoce nuestras libertades y derechos, y es inútil y dañina para las mujeres y hombres infértiles. Con tres embriones ni siquiera se puede efectuar el análisis genético previo a la implantación, para evitar enfermedades graves y hereditarias, señaló a Tierramérica..
Se apelará a la Corte Suprema para que declare inconstitucional la nueva norma, anunció.
Ahora los centros de procreación asistida están obligados a informar al Ministerio de Salud sobre el número de embriones que conservan y los datos de las parejas propietarias, es decir informaciones que poseen con compromiso de reserva.
En el país hay unas 50.000 parejas estériles, y se calcula que 40 por ciento de ellas ha recurrido a asistencia médica para tener hijos, en clínicas privadas que cobran hasta unos 8.600 dólares, o en las estatales, cuya tarifa es de 185 dólares por consulta. Eso ha determinado el nacimiento de alrededor de 6.000 niñas y niños mediante distintas técnicas de asistencia.
Manuela, de 38 años, sufre una enfermedad neurológica hereditaria y degenerativa. Quería ser madre mediante óvulos de otra mujer, pero ahora deberá intentarlo en otro país.
Paula Napolitano, de la misma edad, tiene un marido estéril y lleva siete intentos sin éxito con distintas técnicas de fertilización in vitro. No podrá insistir en Italia.
La Iglesia no quiere que probemos con los óvulos o espermatozoides de otras personas, porque dice que eso destruye a la familia. Pero no es así, y no nos sentimos culpables por querer traer al mundo nuestros niños, recalcó Napolitano.
Según la nueva ley, el uso de espermatozoides u óvulos ajenos a la pareja asistida determinará multas de 370.000 a 740.000 dólares, y la asistencia a menores de edad, solteros u homosexuales será multada con unos 490.000 dólares.
Se pueden aplicar penas de tres meses a dos años de cárcel por comercializar embriones, y de 10 a 20 años de cárcel por intentos de clonación.
Se terminan los negocios y sobrevivirán sólo los mejores ginecólogos. Era muy fácil abrir un laboratorio, porque no había ningún control, dijo a Tierramérica, en defensa de la ley, la legisladora Dorina Bianchi.
En dos o tres años se podrá aumentar el máximo de embriones permitidos por pareja, o dar más posibilidad a las parejas con patologías hereditarias, afirmó.
La ley era necesaria porque había mucha confusión y hubo excesos. Pero esperábamos algo mejor, porque este reglamento impide ciertos tipos de fecundación, limita la técnica e impide probar nuevas tecnologías, reconoció el director del departamento de fecundación in vitro del Instituto de Bellis, Giussepe de Amato.
Entretanto, el Ministerio de Salud designó a una comisión especial para estudiar qué destino tendrán los embriones actualmente almacenados en clínicas.
La propuesta de esa comisión tardará por lo menos tres meses, y las posibilidades son devolverlos a sus propietarios o mantenerlos congelados, en una enorme cripta de hielo en Milán, para eventualmente botarlos cuando haya pasado el tiempo en que pueden conservarse. (
