El primer día de su mandato, en octubre del año pasado, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, prometió gobernar con los mejores bolivianos sin militancia política, y aislado de los partidos, lo que le valió un respaldo popular de 74 por ciento, según encuestas.
Pero hoy, a 153 días de ese anuncio, su futuro como gobernante pasa por una concertación con los partidos políticos, los sindicatos más radicales y un sector empresarial cerrilmente contrario a sacrificarse mediante nuevos impuestos para financiar el presupuesto del Estado, cuyo déficit es de ocho por ciento del producto interno bruto.
Mesa pronunció el domingo un discurso aferrado a aquella simpatía popular, que apuesta por un gobierno alejado de las cuotas de poder y prebendas de la política tradicional, y exhortó a legisladores y sindicalistas a cambiar sus posiciones a favor de la concertación.
Sin embargo, el miércoles recurrió a esos partidos tradicionales para conseguir la aprobación en el Senado del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), vital para aumentar la recaudación impositiva en 200 millones de dólares, equivalentes a casi la mitad de los 450 millones de dólares del déficit estatal.
El proyecto fue rechazado por la mayoritaria bancada del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), del líder cocalero Evo Morales, que insiste en no aprobar ningún nuevo impuesto que afecte a empresarios y trabajadores.
Nuestra posición fue incrementar los impuestos a las transnacionales y reducir los gastos superfluos del Estado, manifestó el jefe de la bancada del MAS, Filemón Escóbar.
Pero el ITF contó con los votos del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Acción Democrática Nacionalista, Nueva Fuerza Republicana, Movimiento Bolivia Libre y el Frente Revolucionario de la Izquierda.
El cobro del impuesto, que aún debe ser aprobado por la cámara baja, se efectuará en dos años consecutivos, con una alícuota de tres por mil en 2004 y de 2,5 por mil en 2005. El gobierno espera recaudar así 126 millones de dólares anuales.
Los senadores rechazaron en cambio la creación del Impuesto Complementario a los Bienes Inmuebles y Vehículos, resistido por empresarios y sectores medios y altos.
El presupuesto boliviano destina anualmente unos 500 millones de dólares a infraestructura, salud y educación, pero gran parte de esos recursos es cubierta con donaciones y crédito externo.
La deuda externa boliviana con agencias multilaterales y acreedores externos alcanza a 5.000 millones de dólares.
La semana pasada, el Congreso había rechazado proyectos para grabar bienes inmuebles con valores superiores a los 50.000 dólares y una primera versión del ITF.
Al Mesa le sobra imagen pero le falta partido, dijo a IPS el senador del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), Hugo Carvajal, uno de los últimos ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002- 2003).
Sánchez de Lozada renunció en octubre forzado por la guerra del gas, una movilización de organizaciones sociales contrarias que reaccionó al proyecto del mandatario de exportar el hidrocarburo a Estados Unidos, pero que enarboló una plataforma más amplia, contraria a sus políticas energética y económica.
Según Carvajal, falta un operador gubernamental con capacidad de relacionarse con los partidos con representación parlamentaria. La falta de una resolución política abre una incertidumbre que incide en la economía, según el legislador.
La ausencia de recursos puede paralizar al Estado y provocar una corriente inflacionaria si se emite moneda, advirtió el gobierno.
A principios de los años 80, Bolivia soportó una hiperinflación con promedios de 25.000 por ciento anuales. Sometido el Estado a una drástica política de reducción del déficit, mediante el ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), la moneda se estabilizó en 1985.
Pero la pobreza no retrocedió. Según el censo nacional de 2001, 58,6 por ciento de los bolivianos viven en la pobreza y 21,7 por ciento en la indigencia. Cuando se efectuó el estudio, la población boliviana era de 8,2 millones. Hoy está estimada en 8,7 millones.
De acuerdo al estudio, en algunos departamentos, como el sudoccidental Potosí, casi 80 por ciento de los habitantes eran pobres.
Mientras el presidente se empantana ante la imposibilidad de atender demandas sociales de décadas, el dirigente vecinal de Rosas Pampa, en la occidental ciudad de El Alto, Oscar Chirinos, asegura a IPS que el gobierno representa la continuidad del de Sánchez de Lozada.
Rosas Pampa fue uno de los primeros barrios muy pobres que en octubre se levantaron contra la represión policial y militar que cobró más de 70 muertos, según organizaciones humanitarias.
Chirinos reivindica la pérdida de vidas humanas por la defensa del gas natural, rechaza la exportación del energético y exige la aplicación de mayores impuestos a las compañías transnacionales que lo explotan, entre las que destacan petroleras estadounidenses, británicas y españolas.
El MAS interpreta esas demandas. Hasta fines de febrero, fue el único partido que respaldó a Mesa. A inicios de marzo, en un cambio político, forzó la renuncia del ministro de Energía Alvaro Ríos, al convocarlo a una interpelación parlamentaria por su actuación contemplativa ante las presiones de las compañías petroleras.
Los intereses petroleros amenazan a La Paz con iniciar litigios si se modifican los porcentajes que deben aportar al Estado en una nueva ley de hidrocarburos, que el gobierno no termina de definir.
Ahora, el MAS, creado por los plantadores de la hoja de coca, condiciona su respaldo a una drástica reducción del gasto en las instituciones gubernamentales.
Una forma de ayudar a gobernar podría ser el pacto fiscal y una sucesión de acuerdos sobre la problemática de la tierra, el referéndum sobre la exportación de gas natural y la Asamblea Constituyente, dijo el académico Gonzalo Chávez a IPS, resumiendo las demandas de la movilización de octubre.
Pero las dificultades se presentan a la hora de elegir a las organizaciones sociales indicadas para pactar, dijo Chávez, director del programa de maestrías de Harvard de la Universidad Católica Boliviana. ¿Serán las regiones, los trabajadores informales, los sindicatos o los partidos?, preguntó.
La Central Obrera Boliviana (COB) amenaza con movilizarse en rechazo a nuevos impuestos, mientras los empresarios de la región occidental están dispuestos a pagar tributos pero a condición de una carga razonable para sus debilitadas economías.
En la región oriental, las influyentes cámaras de empresarios de la agroindustria rechazan la política tributaria propuesta por Mesa y exigen medidas de reactivación económica.
Esperemos que los partidos no actúen con mezquindad y permitan gobernabilidad al presidente, expresó Chávez.
Mientras, este jueves se realiza en Washington la segunda reunión del Grupo de Apoyo a Bolivia, con el objetivo de evaluar las políticas aplicadas por Mesa y si éstas han logrado el consenso esperado.
En el encuentro de este grupo de 19 países, organizados por Estados Unidos y México, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno boliviano espera obtener 150 millones de dólares para pagar sueldos de la administración pública.
En la primera reunión, en enero, Bolivia no obtuvo un solo dólar de asistencia, y se comprometió en cambio a instrumentar nuevos impuestos. La aprobación del ITF es el único logro inmediato que puede exhibir en Washington.
