El gobierno de Argentina apenas alcanzó a celebrar el aumento de 8,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2003 cuando una crisis energética pone en duda el grado de crecimiento de este año, el suministro a los hogares y hasta el respaldo político al presidente Néstor Kirchner.
El gobierno aseguró este viernes que no habrá cortes de electricidad. Sin embargo, para garantizar el abastecimiento interno hizo falta suspender las exportaciones de excedentes gasíferos a Chile, Brasil y Uruguay.
Las ventas de excedentes no se cortan, pero se supeditan al suministro interno previo.
La medida desató una polémica entre el gobierno y las empresas que exportan y tienen la concesión de los servicios de provisión del hidrocarburo destinado a usuarios residenciales, vehículos a gas natural comprimido (GNC) y a centrales térmicas de electricidad.
Todos coinciden en que el crecimiento de la economía, que se estima será similar al de 2003, constituye una fuerte presión de mayor demanda sobre un sistema energético sobrecargado.
El año pasado, la demanda interna aumentó ocho por ciento en el sector residencial, 11 por ciento en el industrial y 70 por ciento en el de GNC.
Pero en cuanto a los problemas de la oferta, las versiones difieren. Las proveedoras aseguran que el demorado aumento de las tarifas -que el gobierno no autoriza para evitar aumentos de precios internos- aplazó las inversiones, y así el sistema colapsó debido a la imposibilidad de dotar de gas a las centrales térmicas.
Según el gobierno, el problema radica en la falta de inversiones cruciales, incumplidas desde 1996, seis años antes de la devaluación que desató el reclamo empresarial de aumento de tarifas. Además, las autoridades estiman que las inversiones deben financiarse con capital de riesgo y no con el aporte de los usuarios de la red.
Se suma a ello un factor coyuntural: la sequía que obliga a mermar la generación de las centrales hidroeléctricas.
El experto en energía Gustavo Callejas, ex director de la oficina de Combustibles, explicó a IPS que la pelea de fondo es por el precio del gas.
Los grandes productores quieren llevar el precio interno del gas al valor internacional, y eso implica subirlo de 0,40 a 1,50 dólares por unidad de medida inglesa (BTU), dijo Callejas.
Por esa razón, los proveedores están enviando menos fluido a la red interna, y mantienen las exportaciones -incluso con excedentes- a través de los gasoductos que conectan la red con Chile, país al que se destina 70 por ciento de las ventas gasíferas.
El gobierno resolvió suspender esos envíos extraordinarios a precio internacional.
Callejas integra el grupo Moreno (Movimiento por la Recuperación de la Energía Orientadora), fundado en 2001 por un grupo de ex trabajadores de la ex petrolera estatal YPF, expertos en energía y otros ciudadanos, como el cineasta Fernando Pino Solanas.
Este grupo reclama que las compañías energéticas vuelvan a ser controladas por el Estado.
Los países con un nivel de desarrollo como el que tiene Argentina no sólo no se desprendieron de sus empresas de energía sino que mantienen un precio distinto para las exportaciones y para el consumo interno, pero aquí eso no sucede por ejemplo con la nafta (gasolina), y ahora (las empresas) quieren hacer lo mismo con el gas, aseguró Callejas.
La merma de energía comenzó hace algunas semanas. El gobierno impuso aumentos de precios a los grandes consumidores y les ofreció la opción de tarifas más bajas si aceptaban interrupciones del fluido para compensar la caída en la provisión, en evidencia por el aumento de la actividad económica.
Pero eso no funcionó, pues la mayoría de las grandes industrias prefirieron seguir pagando la tarifa normal y recibiendo un servicio no interrumpible, según fuentes empresarias citadas por el diario Página 12.
Esta semana, las empresas proveedoras advirtieron que deberían practicar cortes en los próximos días, debido a la falta de gas para mantener en funcionamiento las centrales térmicas.
El gobierno rechazó la propuesta y en cambio resolvió hacer cumplir cláusulas de los contratos de exportación que dan prioridad a la demanda interna.
El ministro del Interior Aníbal Fernández aseguró este viernes que la medida se tomó para que evitar cortes en el suministro eléctrico e insistió en achacar las dificultades a la falta de inversiones comprometidas en los contratos de concesión a privados de los servicios de producción, transporte y distribución.
El director de Coordinación de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía, José Maia, reconoció que la crisis energética plantea un cuello de botella al crecimiento del PIB, que este año podría ser cercano a nueve por ciento.
Del mismo modo opinaron economistas de diversas tendencias como Carlos Melconián, quien asesora al ex presidente Carlos Menem (1989-1999) o el centrista Miguel Bein. Todos coinciden en que la industria y el empleo se verían afectados por la crisis energética, si ésta no se resuelve a corto plazo.
También el ministro de Economía Roberto Lavagna admitió que sería lamentable un freno al crecimiento económico por causa escasez de energía. Y añadió que en ese sector hay que hacer un ajuste de tarifas, recomendación que el resto del gabinete y el propio presidente rechazan.
El gobierno sabe que cualquier freno al crecimiento, sumado a un plan de ahorros con cortes de suministro a los domicilios particulares tendrán impactos negativos para millones de personas, pero también en la imagen de su gestión, que goza de 60 por ciento de aprobación, según las encuestas.
Por el momento, la apuesta oficial es evitar los cortes.
Para eso, Buenos Aires piensa posponer el cese de funcionamiento de una central nuclear que requiere mantenimiento, y exigir a las compañías prestadoras de energía el cumplimiento de la ley que las obliga a abastecer primero al país y sólo destinar excedentes a la exportación.
