El control y recuento de firmas en Venezuela para determinar si se habilita el referéndum revocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez debe sortear aún una prueba de caligrafía, que alcanzará a los observadores de la OEA y del Centro Carter para la Paz.
La oposición y los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá aguardan, más que el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), la opinión de las decenas de representantes de la OEA (Organización de Estados Americanos) y del estadounidense Centro Carter que siguen las fases de revisión de las rúbricas que solicitan poner en marcha esta consulta constitucional vinculante.
El CNE, independiente del resto de los poderes del Estado, está integrado por dos miembros afines al gobierno, dos simpatizantes de la oposición y un presidente, el ex juez agrario Francisco Carrasquero, considerado el fiel de la balanza pese que en varias oportunidades claves ha decidido en igual sentido que los oficialistas.
Hasta el momento las autoridades electorales colocaron en observación más de un millón y medio de las 3,4 millones de firmas que la oposición asegura haber presentado para pedir el referéndum, que equivaldrían a 30 por ciento más de los requerido para poner en marcha ese mecanismo constitucional. Si finalmente fueran rechazadas, no se efectuará la consulta.
La decisión del CNE es esperada para antes de que finalice este mes. La OEA y el Centro Carter han avalado el trabajo de este cuerpo, pero pidieron que obvie excesivos tecnicismos al evaluar la validez de las rúbricas.
Ese pronunciamiento se hizo eco de lo expresado por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981), titular del centro que lleva su nombre y ganador en 2002 del premio Nobel de la Paz, quien pidió en visita a Caracas que, en caso de duda sobre las firmas, se privilegiara la voluntad del elector.
Estados Unidos hizo suya esa tesis. La OEA dijo que la voluntad soberana del ciudadano debería ser privilegiada por encima de excesivos tecnicismos y nosotros respaldamos esa opinión, dijo el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos, Peter DeShazo.
Esa declaración provocó encendidas críticas de Chávez, quien respondió que poner a firmar a muertos y menores de edad, y copiar nombres y firmas como quien hace una plana (deber escolar repetitivo), no son tecnicismos. Recordó de paso la condición de Venezuela como país independiente y soberano.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Boucher, aseguró que sobre el tema del referéndum contra Chávez el secretario Colin Powell está en estrecho contacto con sus colegas del llamado Grupo de Países Amigos de Venezuela, integrado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.
Nuestro propósito es ver que los derechos constitucionales de los firmantes sean respetados. Hay decisiones que deben ser tomadas por el Consejo Nacional Electoral, y esperamos que sean justas y honestas, dijo el miércoles Boucher.
Ottawa se sumó este jueves. Canadá apoya enérgicamente los esfuerzos de la OEA y el Centro Carter por asegurar un proceso de referéndum transparente, legítimo y pacífico, declaró en un comunicad el canciller de ese país, Bill Graham.
Los derechos de los ciudadanos son primordiales, y alentamos al Consejo Nacional Electoral a adoptar medidas para facilitar la máxima participación de los venezolanos en el proceso democrático de su país, agregó el texto canadiense.
El centro de la polémica está en las planillas (cada una con 10 casillas para firmas) llenadas en forma de plana: una sola persona asentó el nombre y otros datos del elector en uno o varios formularios, y la previsión del reglamento electoral es que esa manifestación de voluntad es un acto personalísimo para cada ciudadano.
Así del campo de la caligrafía se salta al jurídico y político. ¿Cuál es el acto personalísimo? ¿Escribir todos los datos o sólo colocar la rúbrica y la huella dactilar?, se preguntan los observadores.
Nadie podía llenar las planillas por otra persona, ni aún presentando un poder, declaró Carrasquero a la emisora de televisión estatal, lo que presagia que al menos con una votación 3-2 el Consejo no validará las planillas con los datos de distintas personas y caligrafía similar.
La oposición defiende otro criterio, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús Casal, sostuvo que lo esencial es que exista una manifestación voluntaria del elector y ésta se manifiesta a través de la firma y la huella dactilar.
Pero los actores políticos concuerdan en que las bases de datos del Estado venezolano para comprobar la autenticidad de firmas y huellas son muy deficientes.
De acuerdo con las normas, ante la duda por un hecho sobrevenido no previsto, las planillas planas, el Consejo debe resolver, asentó Carrasquero.
La decisión que se tomará, según fuentes del CNE, será declarar las firmas bajo sospecha en observación. Además de planillas con planas, hay decenas de miles de formularios cuestionados por no estar registrados en las actas elaboradas en los 2.700 centros de recolección que funcionaron en noviembre.
De ser así, un millón y medio de firmantes serían llamados a un nuevo proceso, de confirmación de sus rúbricas, durante cinco días.
La coalición opositora Coordinadora Democrática, conformada por 27 partidos y 40 asociaciones civiles, que condujo la recolección de rúbricas para pedir el referéndum para tratar de alejar a Chávez del gobierno, rechaza someterse a ese nuevo escrutinio.
Los jefes de los principales partidos opositores anunciaron que, si el Consejo decide no convocar el referéndum, con base en el rechazo de las planas, entonces seguramente ellos se abstendrán de participar en las elecciones regionales previstas para agosto.
Con un Consejo Nacional Electoral así no podemos ir ni a la elección de una reina de carnaval, dijo como portavoz de la coalición el socialdemócrata Antonio Ledezma.
El responsable de relaciones internacionales de la Coordinadora, el socialcristiano Humberto Calderón, pidió a los países del Grupo de Amigos que envíen representantes, para que puedan tener mayor participación en la crisis venezolana, y solicitó la presencia en Caracas del secretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria.
Henry Ramos, secretario general del socialdemócrata Acción Democrática, principal partido opositor, afirmó que la OEA y el Centro Carter son los fiadores en los que la oposición confía. A esa mediación, y sólo a ésa, nos atenemos.
La analista de asuntos internacionales Vilma Petrásh dijo a IPS que la OEA y el Centro Carter tienen mucha experiencia en observación electoral y saben si un proceso es transparente o no.
Ambos organismos, aún si su informe fuera desfavorable a lo hecho por el Consejo Electoral, sostendrían sus gestiones, no se retirarían de Venezuela y seguirían trabajando, como hicieron hace pocos años en Perú, para evitar que la situación se agrave o se active la violencia.
El vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, rechazó las declaraciones de DeShazo y demás portavoces de gobiernos extranjeros, pues harían de la OEA y el Centro Carter algo como un consejo electoral paralelo, y eso es inaceptable.
No lo aceptamos bajo ningún respecto. Que lo tenga muy claro Estados Unidos y la comunidad internacional. Es un problema de soberanía, añadió Rangel.
La OEA, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo actuaron como facilitadores de un acuerdo que gobierno y oposición firmaron en mayo de 2003 para zanjar la crisis del país por la vía de referendos revocatorios de mandatos elegidos en las urnas.
Además de la consulta sobre Chávez, la oposición recogió firmas para pedir el referéndum revocatorio del mandato de 27 parlamentarios oficialistas, mientras que partidos que apoyan al gobierno recogieron rúbricas para poner a consulta el cargo de 34 diputados opositores en la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral de 165 miembros y precaria mayoría oficialista.
En todas las solicitudes hay decenas de miles de planillas objetables por planas, confirmó Carrasquero.
