Estados Unidos presiona en el Consejo de Seguridad de la ONU por la aprobación de un proyecto que autorizaría en forma genérica el uso de la fuerza contra entidades e individuos sospechosos de poseer, transferir o tratar de desarrollar armas de destrucción masiva.
Varios integrantes del Consejo alegan que sus países desean evitar la proliferación de tales armas, pero temen dejar a Washington con las manos libres para atacar en forma unilateral a entidades e individuos vagamente definidos.
La negociación se ha desarrollado hasta ahora entre los cinco países que integran el Consejo en forma permanente y con derecho a veto: China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Eso ha irritado a las 10 naciones que ocupan en la actualidad, por el mecanismo de rotación, el resto de los lugares en ese organismo.
¿Por qué deben ser esos cinco los que fijen la agenda para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva? Ellos son al mismo tiempo los predicadores y los pecadores, dijo a IPS, a condición de permanecer anónimo, un diplomático de un integrante rotativo del Consejo.
Los cinco miembros permanentes poseen miles de armas nucleares, y Washington no oculta que en la actualidad produce una nueva generación de esos instrumentos de destrucción masiva.
Según el proyecto estadounidense, los países podrían pedir asistencia dentro de sus territorios a otras naciones capaces de evitar la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, y de proyectiles y vehículos que puedan transportar tales armas.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) no debe crear un contexto que permita azotar a las naciones. ¿Cómo podemos hablar de actores sin rostro definido, cuando no hemos acordado una definición del terrorismo? La persona a la que llamabas terrorista ayer puede ser hoy un presidente, comentó un diplomático asiático, en condiciones de anonimato.
El proyecto también implica que el Consejo pida a todos los Estados miembros de la ONU que ayuden a prevenir y evitar, si es necesario, la transferencia internacional de armas nucleares, químicas y biológicas, de sus medios de transporte y de los materiales relacionados con ellas, de acuerdo con las normas internacionales y nacionales.
Es un concepto peligroso, que puede ser mal usado, opinó la fuente.
La propuesta estadounidense al Consejo deriva de la Iniciativa de Proliferación de la Seguridad (PSI, por sus siglas en inglés), un plan anunciado en mayo por el presidente George W. Bush con la intención declarada de avanzar hacia nuevos acuerdos internacionales que permitan investigar el cargamento sospechoso de aviones y barcos.
La PSI ha sido apoyada por nueve países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Gran Bretaña, y también por Australia, pero según expertos, el derecho internacional no permite interceptar cargamentos en alta mar.
La negociación del proyecto se ha empantanado porque China y Rusia se niegan a seguir la discusión hasta que Washington explique con precisión qué es lo que propone prohibir, y qué significaría evitar que eso suceda.
La proliferación de armas de destrucción masiva es una cuestión grave, pero debemos desarrollar un lenguaje claro, dijo al Consejo el embajador ruso Sergey Lavrov.
Es una cuestión delicada, que puede resolverse mejor con los criterios de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), el organismo de la ONU para evitar la proliferación de armas nucleares, opinó el embajador chino Wang Guangya, que ejerce este mes la presidencia rotativa del Consejo.
Expertos en derecho internacional comparten el temor de que la aprobación de proyecto permita a Estados Unidos usar en forma indebida la fuerza contra otros países, en nombre de una resolución genérica del Consejo.
Tienen razón quienes piensan que Washington podría usar la fuerza militar como lo hizo contra Iraq, sin autorización expresa de la ONU, dijo a IPS John Burroughs, director ejecutivo del Comité de Abogados sobre Política Nuclear, una organización no gubernamental estadounidense que trabaja hace más de dos décadas por el desarme.
El capítulo 7 de la Carta de la ONU obliga a los Estados miembros a implementar las resoluciones del Consejo, pero Burroughs y sus colegas del Comité piensan que en este caso habría un problema de legitimidad, porque nada en la Carta de la ONU da autoridad al Consejo para aprobar leyes mundiales.
Este proyecto se refiere a situaciones complejas, e involucra a individuos que no actúan como representantes de Estados, por lo cual es preciso que participen en su discusión y eventual implementación tanto el secretario general de la ONU, Kofi Annan, como las agencias del foro mundial relacionadas con el desarme, sostuvo el activista.
También es preciso vincular este proyecto con acuerdos multilaterales como la Convención contra Armas Biológicas, opinó.
Estados Unidos y otras potencias creen que la amenaza del terrorismo puede ser controlada con iniciativas como ésta, pero se equivocan. No será posible alcanzar esa meta sin la voluntad política de eliminar todas las armas de destrucción masiva, concluyó Burroughs.
