Una condena por vender armas a las guerrillas izquierdistas de Colombia podría significar 20 años de prisión para Vladimiro Montesinos, quien fue mano derecha del ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).
Colaboradores de Montesinos que se hacían pasar por representantes militares peruanos acordaron suministrar a los guerrilleros 50.000 rifles de asalto Kalashnikov de fabricación soviética desde Jordania, según la acusación en Perú.
En 1999, unas 10.000 de esas armas fueron arrojadas en paracaídas sobre territorio controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Una cuestión fundamental del juicio es si se trató de una venta legal, de gobierno a gobierno, como afirman las autoridades jordanas.
Montesinos, entonces asesor de inteligencia de Fujimori pero de hecho al frente de los servicios, niega estar involucrado en el caso. El dice, por el contrario, que descubrió la conspiración para armar a los insurgentes colombianos y capturó a los delincuentes.
El conflicto intermitente en que intervienen organizaciones guerrilleras izquierdistas, fuerzas del gobierno, paramilitares de derecha y narcotraficantes lleva más de 40 años. Unos 35.000 civiles perdieron la vida a causa de la guerra civil desde 1990.
Como otras conflagraciones, la colombiana ha requerido un creciente suministro de armas para todos los bandos en pugna.
La demanda creció desde las guerras en Afganistán (2001) e Iraq (2003), y la proliferación de pequeñas armas quedó fuera de control, indicaron las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional y Oxfam en su informe Vidas destrozadas.
La guerra contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos debió haber impedido que las armas caigan en las manos equivocadas, según Amnistía.
Pero, por el contrario, algunos proveedores redujeron sus controles para armar a flamantes aliados contra el 'terrorismo', sin tomar en cuenta su falta de observancia de los derechos humanos internacionales y al derecho humanitario, agregó.
A pesar del daño que causan, no hay una ley internacional vinculante y exhaustiva para controlar la exportación de armas convencionales, sostuvo la organización.
Así como el anticomunismo dio otrora a ciertos países acceso a armas occidentales, hoy una declaración de lealtad a la 'guerra contra el terror' es una buena estrategia para los regímenes que compran armas estadounidenses, dijo Joel Wallman, de la Fundación Harry Frank Guggenheim, dedicada al estudio de la violencia.
Las armas se convierten con frecuencia en las herramientas con que se maneja la represión de la actividad política dentro de sus propios países, dijo Wallman a IPS en una entrevista por escrito.
La brecha ideológica entre superpotencias que antes dio una extraña especie de orden a las guerras del mundo fue remplazada por empresarios que venden armas o servicios y apoyo militares, dijo Phillip van Niekerk en el informe El negocio de la guerra, publicado en 2002 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Además, la reducción de las fuerzas armadas registrada a fines de la guerra fría y tras el colapso de la Unión Soviética inundaron el mercado con armas excedentes y soldados entrenados buscando trabajo, indicó Van Niekerk en su estudio.
El informe de Amnistía y Oxfam identificó 1.135 firmas fabricantes de pequeñas armas y municiones en al menos 98 países. El fenómeno crece: entre 1960 y 1999, los países productores se duplicaron, las empresas fabricantes se sextuplicaron y las ventas autorizadas se elevaron a 21.000 millones de dólares anuales.
Las armas pequeñas son destinadas al uso personal, e incluyen revólveres y pistolas, rifles y carabinas, subametralladoras, rifles de asalto y ametralladoras ligeras. Al menos 550 millones circulan en todo el mundo y son las armas preferidas en 90 por ciento de los conflictos, según el informe de Amnistía y Oxfam.
La duración e intensidad de muchas guerras locales han sido mayores debido a la disponibilidad de estas armas, dijo la experta Karen Colvard, de la Fundación Guggenheim.
Colvar destacó que la comunidad Karamajong, en el nordeste de Uganda, solía arrear ganado con lanzas, pero ahora lo hacen con pistolas obtenidas de combatientes sudaneses y de todas partes.
No todos los conflictos armados se alimentan directamente de la fabricación de armas pequeñas. Una cantidad importante de armas disponibles son excedentes reciclados de otras guerras adquiridas legalmente, pero que desaparecen ilegalmente.
NUEVOS CONFLICTOS
Varios conflictos prolongados terminaron el año pasado, pero otros tantos comenzaron.
En 2002, Project Ploughshares, un centro para la paz creado por el Consejo Canadiense de Iglesias, enumeró 37 conflictos armados en 29 países, y se prevé que en el próximo informe al respecto, que se publicará en junio, las cifras serán similares, anotó el director del centro, Ernie Regehr, entrevistado por correo electrónico.
Gran cantidad de los conflictos reseñados por Project Ploughshares se registran en Africa. El último informe destaca la lucha entre el gobierno de Argelia y el Grupo Islámico Armado (GIA) desde 1991, y la lucha que enfrenta desde 1983 al régimen árabe e islámico de Sudán con autonomistas del sur del país, de mayoría negra y animista o cristiana.
Las luchas entre facciones rivales en Somalia no ha cesado desde el colapso del gobierno en 1991.
También desde 1991, fuerzas gubernamentales de República Democrática del Congo se han enfrentado en su territorio con fuerzas ruandesas y ugandesas y con insurgentes locales.
Mientras, el gobierno de Liberia se enfrenta desde hace unos 15 años a los rebeldes Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD), y el de Uganda lucha desde 1986 contra el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), un grupo fundamentalista cristiano.
Los conflictos de Ruanda, Guinea, Irán e Indonesia permanecieron latentes el año pasado, y serán eliminados de la nueva lista. Pero surgieron nuevos en Costa de Marfil y Tailandia.
Mientras, los choques fronterizos entre Etiopía y Eritrea terminaron, igual que la guerra en Sierra Leona. El gobierno y los rebeldes de República Democrática de Congo y Sudán firmaron acuerdos de paz, y el ex presidente y jefe rebelde Charles Taylor fue forzado al exilio. Algunos de estos conflictos pueden estar sólo latentes, no terminados.
En Sierra Leona, al revisar la historia se presenta al RUF (Frente Revolucionario Unido) como un grupo de completos depravados y terroristas, mientras se minimizan los aspectos más políticos de la guerra, señaló Colvard.
Numerosos jóvenes con experiencia militar no tienen qué hacer, y muchas personas llevan una vida muy ardua como refugiados, en particular mujeres y niños, agregó.
El tribunal especial encabezado por el fiscal David Crane tiene por objetivo castigar a toda costa, no reconstruir la sociedad, y la Comisión para la Verdad y la Reconciliación se considera relativamente ineficaz, observó Colvard. La guerra podría resurgir, advirtió.
La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona fue creada por el acuerdo de paz de Lomé, de 1999. El mandato del organismo consiste en realizar un registro histórico de violaciones a los derechos humanos. El tribunal especial fue establecido en 2002.
El RUF, apoyado desde Liberia por Charles Taylor, procuraba derrocar al gobierno de Sierra Leona y retener el control de las lucrativas zonas productoras de diamantes del país. El conflicto cobró unas 75.000 vidas.
En la República Democrática de Congo, los líderes rebeldes se unieron a un gobierno provisional luego de un conflicto que dejó tres millones de muertos entre 1998 y 2003. Los invasores han sido expulsados en su mayoría, y pronto se celebrarán elecciones, pero en el este del país, continúan decenas de microguerras.
Las conversaciones de paz están avanzando en Somalia, pero siempre está presente la amenaza de que la situación se revierta, advirtió Regehr.
El informe de Project Ploughshares seguirá incluyendo a Angola en su lista, porque el conflicto latente en Cabinda, una provincia enclavada en el vecino Congo, volvió a estallar.
El Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC) quiere que el territorio sea reconocido como un estado independiente. Cabinda, que produce cerca de la mitad del petróleo angoleño, fue agregada a Angola por los portugueses, y está separada del resto del país por una franja de territorio de República Democrática de Congo.
Es posible que la violencia en Angola haya alcanzado un nivel que permita calificarla como conflicto armado, señaló Regehr.
Mientras, surgieron nuevos conflictos internos en la región de Darfur, en Sudán, así como en Etiopía. Lo mismo puede decirse de Costa de Marfil, dijo el director de Project Ploughshares.
Muchas veces, los combates resurgen y luego se extinguen. El resurgimiento de los combates a veces está vinculado con nuevos embarques de armas y municiones, y otras veces es simplemente una cuestión de táctica, comentó.
Los conflictos esporádicos desequilibran la autoridad y debilitan gradualmente la confianza de la población en el gobierno y sus instituciones, añadió Regehr.
El informe de Ploughshares concluye que igual que en años pasados, casi todas las guerras de la actualidad son conflictos civiles internos. La guerra de Etiopía y Eritrea y la guerra de Iraq son excepciones.
En algunos casos… hay países extranjeros implicados, pero se trata de tropas extranjeras que se involucran en una guerra civil, observó Regehr.
El conflicto de Cachemira (que enfrenta a separatistas musulmanes con el gobierno de India) es considerado a veces como una guerra entre India y Pakistán, pero nosotros lo hemos caracterizado como una guerra civil india, en la que una de las partes recibe apoyo de Pakistán, explicó.
GUERRA Y SUBDESARROLLO
¿Es la proliferación de armas la única razón de este estancamiento?
De las 40 guerras registradas en 1999, la mayoría ocurrían en países incluidos en la mitad inferior de la lista del Indice de Desarrollo Humano publicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según Project Ploughshares, los países pobres tienen tres veces más probabilidades de caer en guerra que los ricos.
Es claro que los conflictos armados son más probables en sociedades donde amplios sectores de la población padecen injusticias crónicas y el acceso a las armas pequeñas es fácil, pero por supuesto, esas circunstancias no conducen inevitablemente a la guerra, señaló Regehr.
Una forma de romper el círculo de violencia consiste en crear las condiciones menos propicias para las injusticias crónicas y la violencia, y esto incluiría restricciones a la disponibilidad de armas, sugirió.
El debate ya está en curso, dijo. Ciertos grupos y regiones de proveedores tratan de desarrollar normas comunes, mientras el programa de acción de la ONU sobre armas pequeñas acordó en principio que la transferencia de armas sea restringida por las obligaciones vigentes en el derecho internacional.
La Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas (IANSA) resaltó la urgente necesidad de un tratado internacional sobre el comercio de armas, que fije principios comunes para regular y controlar las transferencias internacionales de armas.
Sus propuestas incluyen la cooperación internacional para controlar el tráfico ilícito (control de intermediarios, eliminación de certificados falsos de usuario final), el marcado de las armas en fábrica y su destrucción en situaciones de posguerra.
IANSA, Amnistía Internacional y Oxfam realizan una campaña por la firma de ese tratado. Pero a menos que las leyes puedan aplicarse, serán inútiles, previno Colvard.
*Miren Gutiérrez es editora jefa de IPS.
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