El juez español Baltasar Garzón se propone seguir procesando dentro y fuera de España a acusados de terrorismo, genocidio y otros crímenes contra la humanidad, pese al rechazo que vivió en México días atrás y a la crítica que este lunes le realizó la Liga Española Pro-Derechos Humanos.
Garzón y el fiscal que lo acompañó a México, Enrique Molina, señalaron a IPS que su frustrada actividad en ese país estaba claramente amparada por tratados bilaterales hispano-mexicanos y otros internacionales suscritos por ambas naciones.
Los dos fueron a México para estar presentes el 29 de enero en las diligencias sumariales contra seis españoles detenidos en ese país, acusados de integrar el grupo terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) o ser sus cómplices.
Pero ambos finalmente no estuvieron presentes en esas diligencias, realizadas en la cárcel Reclusorio Norte. Según ellos, porque después de pasar varios controles y situaciones humillantes, cuando se iba a perpetrar otra humillación decidieron retirarse.
La versión mexicana es que el gobierno del Distrito Federal de Ciudad de México y la dirección de prisiones dependiente del mismo les negaron la entrada, a pesar de que el ministerio dependiente del gobierno central presionó en sentido contrario.
Entre otras cosas, al intentar ingresar a la prisión los cachearon, quisieron que hicieran fila para entrar por la puerta de ingreso de los familiares de detenidos, y finalmente intentaron sellarles el brazo con un número de identificación. Ante esto último ambos se negaron, se retiraron del penal y esperaron a que se les informara sobre el acceso.
Después de esperar más de una hora, el responsable de la seguridad del penal les dijo que permitirían el acceso de Garzón pero no de Molina. En ese instante salió del reclusorio el fiscal mexicano Mario Arzave, quien les informó de que en el interior ya se encontraban periodistas y cámaras de televisión dispuestos a grabar la actuación judicial.
Garzón afirmó que ante esa situación decidió abstenerse de participar, por ausencia de garantías del secreto que la legislación impone para las diligencias de sumarios.
El jefe del gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, alegó que la entrada de Garzón al Reclusorio Norte habría violado la Constitución de su país.
En sentido contrario se pronunció el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, quien aseguró que la presencia del juez no violaría la soberanía ni las leyes del país, porque estaría regulada por los tratados de asistencia jurídica firmados por México y España.
Según el presidente de la Liga Española Pro-Derechos Humanos, Francisco José Alonso, la presencia de Garzón en dicho acto habría sido ilegal.
Alonso dijo a IPS que nadie pone en duda la labor de Garzón como juez anticorrupción en España y como promotor de los procesos contra los ex dictadores Augusto Pinochet, de Chile y Jorge Rafael Videla y otros, de Argentina, pero que ”no debe realizar actividades fuera de España que no se encuentran dentro del marco de la ley”.
La Liga sostuvo, con base en un informe preparado por el jurista mexicano Pedro Sergio Becerra Toledo, que esa presencia habría sido ilegal pese a que las autoridades de ambos países están obligadas a asistirse mutuamente en el combate a determinados delitos.
Tal asistencia debe ser realizada mediante los cónsules y sin la presencia de funcionarios extranjeros, cuya presencia no está permitida por la legislación mexicana, explicó.
Esa posición es rechazada por el fiscal Molina quien arguyó que la cooperación en materia penal es una obligación legal derivada del tratado bilateral, que sólo sería excusable si la solicitud de ayuda se refiriese a infracciones políticas, o si la parte requerida estimase que el cumplimiento del pedido atentaría contra su orden público.
Si no existiese el derecho a la presencia, ”carecería de sentido” el artículo 31 del convenio bilateral, en el cual se establece que ”si la parte requirente lo solicita expresamente, será informada de la fecha y lugar de cumplimiento de la comisión rogatoria”, destacó.
Ante las opiniones desfavorables a su actuación y la información publicada por el diario mexicano La Jornada, Garzón envió una carta a la directora de ese periódico, manifestándole que no que le preocupan los insultos o las críticas, sino ”que presenten como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista que tantas muertes ha causado y que tanto dolor ha llevado y lleva a muchos hogares españoles y de otras nacionalidades”.
Ante la pregunta de si lo acaecido en México le hará cambiar de actitud y métodos, o lo hará renunciar a impulsar acciones judiciales fuera de su país, Garzón contestó que él respeta, ha respetado y respetará las leyes, tanto nacionales como internacionales.
Ese mismo respeto lo obliga, como a todo el sistema judicial, a cumplir las leyes, y por lo tanto a investigar los delitos y realizar diligencias para tomar declaraciones y testimonios donde sea necesario y la ley lo dictamine.
”Siempre siendo respetuoso de las normas legales de los países involucrados y cumpliendo todas y cada una de las garantías exigidas por sus leyes y la española, así como los tratados bilaterales e internacionales vigentes”, concluyó.
Fuentes próximas al juzgado que dirige Garzón aclararon que él y Molina viajaron para recabar datos sobre las ramificaciones financieras y logísticas de ETA en territorio mexicano, así como sobre la posibilidad de que algunos temporizadores utilizados en coches-bomba incautados al grupo terrorista procedieran de México.
