El Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía de Bolivia forman una cadena que vulnera los derechos humanos, según el Defensor del Pueblo. Un informe presentado por esta institución revela que 43,7 por ciento de los jefes de hogar pagaron "coima" para acceder a la justicia. El defensor Waldo Albarracín Sánchez entregó el jueves el estudio sobre "Derechos humanos en Bolivia" y el "Mapa de progresos en derechos humanos", ambos realizados con apoyo de la cooperación internacional. A pesar del sistema democrático y el Estado de derecho, Albarracín Sánchez considera que "todavía subsisten bolsones de violación a los derechos humanos en el país". Esos bolsones se encuentran en la estructura del Estado, como el sistema de justicia, que genera mecanismos de inaccesibilidad a la misma y al Ministerio Público, que tiene síntomas de "mercantilizar" el resultado de su trabajo.
